Transparencia en luto y el lamentable estado de la seguridad en Morelos
En opinión de Tania Jasso Blancas
Tania Jasso
La tragedia golpea una vez más a Morelos, un estado marcado por una creciente ola de violencia que parece no encontrar freno. El asesinato de Marco Antonio Alvear, presidente del IMIPE, no solo representa la pérdida de un valioso miembro de la sociedad, sino que también agita las aguas ya turbulentas de la seguridad en la región.
Marco Antonio Alvear, una figura destacada en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, se convirtió en víctima de la brutalidad que azota a este estado. Su homicidio, perpetrado en plena luz del día y en una ubicación tan emblemática como el circuito Adolfo López Mateos, es un triste recordatorio de la vulnerabilidad en la que vivimos.
El hecho de que Alvear fuera Comisionado Presidente del Instituto de Información Pública no debería ser pasado por alto. Su trabajo en pro de la transparencia y la justicia revela la importancia que estas instituciones tienen en el tejido social, pero también señala la valentía que implica enfrentarse a los poderes opacos y corruptos que buscan mantenerse en las sombras.
La ubicación del crimen, a escasos metros del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado, debería ser un llamado de atención para las autoridades. ¿Cómo es posible que la violencia alcance niveles tan preocupantes en un lugar donde se supone debería reinar el orden y la seguridad? Es un síntoma claro de un sistema quebrado, donde la impunidad campea y la justicia es esquiva.
Este no es un caso aislado. Morelos ha sido testigo de una escalada de violencia que parece no dar tregua. Las últimas semanas han sido particularmente sangrientas, con un foco preocupante en la zona oriente del estado. Cada nueva víctima, cada nueva tragedia, es un recordatorio de que la seguridad en Morelos está lejos de ser garantizada.
Es necesario un cambio radical en la estrategia de seguridad. No podemos seguir permitiendo que la violencia y el crimen dicten el curso de nuestras vidas. Las autoridades tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y de garantizar un ambiente seguro para el desarrollo y el progreso. Pero esto no puede lograrse únicamente a través de la represión y la militarización. Se requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia, que promueva la justicia y la inclusión social, y que fortalezca las instituciones encargadas de velar por el bienestar de todos.
Es hora de unirnos como sociedad, de exigir un cambio real y de trabajar incansablemente por un futuro donde la violencia sea solo un triste recuerdo.
