Observador político - Comparecencias a puerta cerrada

En los últimos días se ha visto la pasarela en el Congreso del estado de los titulares de las diferentes dependencias del poder Ejecutivo así como de funcionarios públicos, quienes se han entrevistado con diputados en alguna de comisiones para informar sobre el estado que guardan las áreas bajo su responsabilidad. En muchos casos, se han evidenciado malos manejos y redistribución de recursos en perjuicio de sectores de la población, sin embargo, las reuniones han sido a puerta cerrada.

NULA TRANSPARENCIA.- Es importante mencionar que la Constitución dispone la comparecencia de los secretarios de despacho, del Fiscal General del estado, de los directores y administradores de los organismos descentralizados y de los titulares de los órganos autónomos, tras la entrega anual del informe de gobierno o a petición expresa de la Cámara de Diputados. Más aún, cuando están en el análisis del presupuesto que se habrá de aprobar antes del 15 de diciembre próximo y del cual, todos sin excepción requieren de ampliar el presupuesto para el 2022 ante las carencias que dicen tener en sus dependencias.

Sobre todo, porque las comparecencias de los funcionarios es una facultad que tienen los parlamentarios para conocer el estado que guardan las dependencias y los destinos y motivos en los que utilizarán los dineros, máxime que el Legislativo debe aprobar de forma oportuna el presupuesto de egresos y por consecuencia, la certeza de que a partir del primero de enero de cada año, el estado cuente con la capacidad para solventar las distintas necesidades económicas y financieras.

Lo triste y preocupante, es que las comparecencias en la que insisto, todos demandan aumentos económicos se han hecho a puerta cerrada y sólo con los diputados, es decir, no hay acceso a la prensa para dar testimonio de su situación financiera que guardan ni de lo que informan.

Tan solo en la comparecencia del titular de Educación, hubo 10 millones para las escuelas y evitar las cuotas escolares que jamás se entregaron y por lo tanto, los apoyos económicos se siguen solicitando en las instituciones educativas.  El caso de los maestros jubilados del Colegio de Bachilleres a los que se les aprobaron 30 millones de pesos y que jamás llegaron para ese fin, entre otros muchas irregularidades que se registran pero que no se denuncian porque no hay acceso a los medios en las dichosas comparecencias que puede servir como acuerdos y bolsa de colocación de familiares, tal y como sucedió con la legislatura 54.

Los parlamentarios han asegurado que lo que hace es inédito, que jamás se había realizado un trabajo como el que están haciendo, falso, es lo mismo de cada año y de todas las legislaturas. En efecto, han sido más activos, más incluyentes y participativos pero han empezado a tropezarse ellos mismos con estas acciones que nada bueno les traerán el tener reuniones a puerta cerrada, sin participantes de la ciudadanía o de la sociedad civil.

GANA PODER JUDICIAL DE MORELOS, CONTROVESIA FINANCIERA.- Los 549 millones de pesos que recibió el Tribunal Superior de Justicia este año fueron insuficientes, por ello, Rubén Jasso Díaz, el magistrado presidente hizo la solicitud de ampliación de mil millones de pesos más para hacer un total de mil 500 mdp. Sin embargo, el Ejecutivo no le había autorizado aumento financiero alguno por lo que el fallo que emitieron ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la controversia constitucional es inédito porque se le obligará a entregar el dinero que tanto han anhelado.

Cómo se recordará, en los primeros días de octubre del año 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos presentó la controversia constitucional sobre el Paquete Económico de ese año, tras considerar que poder Legislativo no respetó la asignación del 4.7% del Presupuesto de Egresos anual, a favor del máximo órgano de justicia estatal. Decisión que se basó en el hecho de que desde el 2012 el Congreso local aprobó la reforma Constitucional que permitía dotar de la autonomía financiera al Poder Judicial e incluso la fijó en el 4.7% del presupuesto de egresos anual a favor del Tribunal. El punto, es que los diputados de la peor legislatura de Morelos, la 54, en lo oscurito, de madrugada cómo fue su costumbre, aprobaron el paquete económico y solo se les dotó de los legisladores consideraron necesarios sin tomar en cuenta las reformas ni el 4.7% que les corresponde al TSJ.

Por lo tanto, la decisión ayer de la SCJN en el sentido de fallar a favor del Poder Judicial de Morelos de forma unánime, es decir, por los cinco ministros, la controversia que presentaron respecto de la asignación de nuestro presupuesto les fue favorable.

Por lo tanto, declararon que es procedente y fundada la controversia constitucional. Por lo que se declaró la invalidez del oficio GOG/087/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se asigna el presupuesto total al Poder Judicial del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de dos mil veintiuno. Y quizá no sea retroactiva y para este año no se podrá ya hacer válida sin embargo, si procede jurídicamente a partir del 2022 y por tanto, una vez que se publique la resolución en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, entrará en vigor y tanto el Ejecutivo como el Legislativo tendrán que atender dicha resolución para evitar caer en desacato. Al final, ganó el Poder Judicial de Morelos en su controversia constitucional y tendrá autonomía financiera a partir del próximo año.

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