Serpientes y escaleras - Inseguridad, el problema

Si la percepción sobre inseguridad se mantiene, nada de lo que haga el gobierno lucirá.

Inseguridad, el problema

Aunque estadísticamente las cosas no van tan mal, en la percepción el problema de inseguridad no ha mejorado en Morelos y para algunos, incluso, ha empeorado. La lucha contra la delincuencia se da desde varios frentes, de múltiples formas y siempre a contracorriente. Las autoridades estatales muestran cifras favorables, el problema es que la ciudadanía no las siente, no las ve y consecuentemente no las acepta. El problema de Morelos sigue siendo la sensación de inseguridad.

A lo largo de las últimas administraciones la apuesta de los gobernadores en el tema de seguridad ha sido alta y siempre fallida: los panistas Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame Castillo otorgaron la responsabilidad a un joven policía que provenía de familia de militares y era simpatizante de su partido; alguien nuevo, joven, enjundioso, preparado… pero no pudo con el problema.

Como secretario de seguridad pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de Vaca lució poco porque el gobernador Sergio Estrada Cajigal concedió más fuerza al jefe de la policía ministerial Agustín Montiel López. Marco Adame Castillo ratificó a Cabeza de Vaca como jefe de la policía estatal y le dio más poder, hasta que en el 2009 fue detenido por elementos federales acusado de brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva.

Graco Ramírez designó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado a una mujer, Alicia Vázquez Luna, pero un año más tarde la destituyó y en su lugar nombro a Alberto Capella Ibarra, extitular de la policía de Tijuana, reconocido por sus declaraciones polémicas y momentos llamativos, como cuando en 2007 un comando atacó su residencia y él mismo repelió la agresión con un rifle R-15.

Cuauhtémoc Blanco Bravo tuvo como encargado de la seguridad estatal a un marino: José Antonio Ortiz Guarneros, un vicealmirante designado por el gobierno federal que solo en dos ocasiones había pisado Morelos formaba parte del esquema obradorista de militarizar los sistemas de seguridad. A pesar de que duró todo el sexenio, a Guarneros se le veía poco, solo en eventos públicos y nunca participó en operativos o acudió a escenas de crimen.

El manejo del vicealmirante era sui generis: convivía poco con el gabinete, no interactuaba con la sociedad y únicamente obedecía las indicaciones del gobierno federal. Localmente se disciplinaba a la línea del gobernador, pero constantemente hacía caso omiso a sus órdenes; a cambio pasaba por alto los hechos turbios en los que frecuentemente quedaban envueltos familiares y amigos del gobernador, así como distintos miembros del gabinete.

La presencia de los veracruzanos en la estructura de seguridad en Morelos no dio buenos resultados; a pesar de que se presentaban como enviados del gobierno federal y presumían apoyo de las fuerzas armadas de México, Guarneros y sus marinos no mejoraron las cosas en el estado, de hecho, la situación empeoró y a lo largo del sexenio Morelos se ubicó en los primeros cinco sitios a nivel nacional en la comisión de delitos de alto impacto, con énfasis en feminicidio y homicidio doloso.

En esta nueva etapa la gobernadora Margarita González Saravia apuesta por un civil, alguien experimentado en el tema de seguridad, especialista en investigación y bien relacionado con el gobierno de México. Miguel Ángel Urrutia no es nativo de Morelos, pero conoce el estado y ha estado al tanto de su situación desde hace años, cuando era parte de Plataforma México.

El trabajo del nuevo secretario de seguridad de Morelos ha sido ordenado desde el principio, es un hombre metódico, analítico, que ha descifrado la situación en la que se encuentra la entidad e identifica en dónde están los puntos críticos, incluyendo los vínculos entre grupos delictivos y figuras de la política local. En seis meses ha dado fuertes golpes a grupos criminales y a diferencia del pasado, donde las detenciones eran solo de un bando, ahora la lucha es pareja e incluye a delincuentes de todos los cárteles y grupos delincuenciales.

El problema de Urrutia y de esta administración es que el esfuerzo no se ve ni se siente; dos veces por mes el secretario ofrece una rueda de prensa donde detalla sus acciones, pero cada vez que ocurre un hecho delictivo o de violencia, lo cual es muy seguido, el silencio institucional prevalece, los rumores se multiplican y la sensación de miedo aumenta.

El gobierno de Margarita González Saravia ha puesto a la lucha contra la inseguridad en primer plano, la gobernadora encabeza las reuniones de paz y cada mañana recibe informes que detallan hechos y acciones; el secretario Urrutia ofrece números, datos duros y “hechos”, pero descuida la percepción y al hacerlo pierde la batalla pública y la narrativa.

Miguel Ángel Urrutia está convencido que Morelos es un lugar donde a la gente le gusta exagerar las cosas, se deja llevar por los rumores y hace caso a historias ficticias, pero no hace nada para que eso cambie: deja que sea el rumor lo que marque la narrativa, por ello la gente no valora el trabajo que hace la SSP y los ciudadanos no identifican los logros de este gobierno.

Estadísticamente Morelos va bien, presumió la gobernadora en su última rueda de prensa, tratando de explicar sin mucha claridad cómo los números favorecen al estado. Frente a ello está la opinión pública y esa sensación de miedo que ha vuelto a crecer, que se alimenta de historias que podrían no tener la precisión que exige el secretario, pero que modifican el estado de ánimo de las personas y hace pensar que no vamos bien.

Muchas autoridades a lo largo de los últimos veinte años han tratado de convencer a la ciudadanía de que se están haciendo bien las cosas a partir de estadísticas y todos han fracasado; hemos tenido gobiernos y gobernantes que prometen cambiar la percepción modificando la incidencia delictiva, pero ese nunca ha sido el camino.

Los funcionarios han pasado por alto es que en muchas ocasiones las mediciones y las estadísticas juegan en contra de nuestro estado, porque aunque aquí se cometan menos delitos, por porcentaje de población siempre apareceremos peor que entidades con más habitantes.

La lucha contra la inseguridad comienza con la decisión del gobernante de acabar con la impunidad y la colusión política, avanza a través de métodos de investigación, seguimiento, captura y puesta a disposición de los delincuentes y remata con procesos judiciales que permitan que el trabajo hecho en campo por los policías no se trunque por la complicidad de jueces y magistrados con criminales.

Todo este plan debe ir acompañado de una labor de comunicación eficiente que ayude a que la gente conozca el trabajo que se hace, reconozca el esfuerzo de las autoridades y haga contrapeso a las historias falsas y exageraciones que cotidianamente vemos en las redes sociales. Ergo: cambiar la percepción.

La secretaría de seguridad estatal está haciendo la primera parte, pero no la segunda; tenemos un jefe policiaco capaz, al que la gobernadora le permitió poner a todo su equipo, pero la estrategia de seguridad carece de comunicación eficiente. Consecuentemente la gente piensa que las cosas siguen estando mal, quizá peor que en el pasado.

Al secretario solo le interesa lo que diga su jefa y solo ante ella valida su trabajo, pero la presión social puede obligar a la gobernadora a dar un golpe de timón en esa oficina si la percepción no cambia o asumirá personalmente el desgaste que provoca la falta de comunicación de una dependencia clave para la gobernabilidad.

Lo más difícil del trabajo de pacificación en Morelos ya se está haciendo, pero en materia de percepción están perdiendo la batalla.

·         posdata

La declaración del exsecretario de seguridad pública de Temixco acusando al alcalde de estar vinculado a grupos delictivos y “cobrar piso” a comerciantes es muy dura y no puede ni debe quedar en el aire.

Christian Contreras Luna denunció al presidente municipal unas horas después de que fue removido del cargo de secretario de seguridad pública municipal; “me despidieron porque no acepte pactar con el crimen” afirmó el exfuncionario.

Unas horas más tarde el ayuntamiento negó las acusaciones a través de un comunicado, señalando que Contreras Luna había sido depuesto porque no aprobó los exámenes de control y confianza, el ayuntamiento se “reservó” el derecho de actuar legalmente por las acusaciones vertidas.

Después de la declaración ninguna autoridad estatal o federal se ha pronunciado al respecto y hasta ahora la historia sigue en el limbo, con dos partes acusándose; más allá del debate mediático no ha pasado nada.  

Desde hace varios años Temixco se ha convertido en un foco rojo para el estado, en este municipio han ocurrido cosas terribles, empezando por la ejecución de una alcaldesa apenas unas horas después de que tomó protesta del cargo.

A partir de ese hecho las cosas se descompusieron y hasta hoy ninguno de los gobiernos que siguieron han podido borrar la imagen de que ese ayuntamiento responde a los intereses de grupos de la delincuencia organizada; trienio tras trienio los presidentes municipales son acusados de ser piezas que grupos criminales proyectan a un espacio público para aumentar su poder.

Las acusaciones vertidas por el exsecretario de seguridad pública municipal son muy serias; si son falsas, el alcalde Israel Piña debe proceder legalmente. El que calla otorga.

·         nota

La noche del lunes circuló a través del WhatsApp un extenso mensaje dirigido al fiscal Edgar Maldonado donde se denunciaban irregularidades en la Fiscalía General de Morelos.

El documento no tenía remitente, pero proporcionaba datos y detalles que solo alguien que está dentro de la institución puede conocer.

Sin remitente es difícil conceder credibilidad a un documento, pero tratándose de una dependencia tan importante como la FGE, con una historia reciente terrible bajo el mando de Uriel Carmona, lo menos que debe hacer el fiscal Maldonado es revisar si algo de lo que se denuncia es cierto.

Más vale.

·         post it

El alcalde capitalino informa que los delitos cometidos en Cuernavaca han disminuido, pero reconoce que la sociedad aún se siente insegura; “La percepción sigue aún por encima del promedio nacional”.

Y ese es el meollo de la historia, porque aunque la estadística mejore, si el ciudadano no percibe cambio la percepción no se modificará.

El cambio en la secretaría de seguridad capitalina fue buena, las cosas comienzan a mejorar a partir de una línea de trabajo más profesional, sensible y menos arrogante. El reto en paralelo es cambiar la narrativa, para que la percepción mejore. Eso se puede lograr si a quienes toman las decisiones les interesa hacerlo.

·         redes sociales

El primero de junio se llevará a cabo la primera elección judicial en México y se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito.

La elección la llevará a cabo el INE, se imprimirán 600 millones de boletas y se instalarán 84 mil casillas en todo el país. Los candidatos deben cumplir requisitos que incluyen ser ajenos al respaldo de los partidos políticos.

La elección será por voto popular y ganará quien logre llevar más gente a las urnas; en este proceso participarán (extraoficialmente) los gobiernos estatales y el federal, los partidos políticos y la delincuencia organizada.

Veremos cómo quedan las cosas después del primero de junio. Viendo a los aspirantes, las cosas no pintan bien.

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