Serpientes y escaleras - ¿Cambiar la estrategia?

Comienzan los reclamos políticos por la inseguridad; el PAN da el primer paso

¿Cambiar la estrategia?

Al iniciar la semana, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Morelos se pronunció porque se cambie la estrategia de seguridad en el estado “porque no ha dado resultados”. El panista cuestionó que se prolongue la política de “abrazos y no balazos” implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de exigir que se privilegie a los ciudadanos. “La seguridad no es solo proteger a los políticos” afirmó Daniel Martínez Terrazas.

Ya se había tardado la oposición en poner a debate el tema de seguridad, era de esperarse que, tratándose de la demanda más sensible para la sociedad, los políticos intentaran llevar agua a su molino, sacando provecho con la crisis y tratando de tomar ventaja electoral del problema, disfrazando una declaración política con un halo de buena voluntad. Explico:

El legislador local omite lo que implica el problema de inseguridad y no se ha dado el tiempo para revisar en qué consiste la estrategia estatal; por supuesto estamos lejos de cantar victoria en materia de pacificación y aún no se ve la luz al final de un camino tortuoso, agresivo, violento y sumamente doloroso para la sociedad; pero las cosas no están tan mal como las trata de hace ver.

Hablar de fracaso es un exceso, ni ayuda al objetivo que dice buscar el legislador; por el contrario: politizar el tema incidiría de forma negativa en lo que se ha hecho y traería consecuencias adversas para la gente. En seis meses la nueva administración estatal avanzó más que en los seis años del gobierno anterior, ha dado golpes contundentes a todos los grupos delictivos asentados en el estado y mejorado las cosas en varios rubros; el problema es que eso aún no se nota.

Lo primero que se debe destacar en esta nueva etapa de gobierno es que hay método, investigación, labores de inteligencia y combate a todos los grupos, sin importar los intereses que representen. El secretario Urrutia no es un improvisado: domina el tema, se ha metido de lleno al trabajo de pacificación y hace cosas que hace mucho tiempo no se hacían.

Un punto medular en este debate tiene que ver con la capacidad ciudadana para diferenciar entre violencia e inseguridad: no son lo mismo, aunque para muchos así lo sea. En muchas conversaciones ambos conceptos se utilizan como sinónimo, pero hablamos de cosas totalmente diferentes.

La violencia es el uso intencional de la fuerza, ya sea personal o de un grupo, para causar daño y se manifiesta de diferentes maneras; en Morelos los casos más llamativos de violencia tienen que ver con delitos de alto impacto: ejecuciones, atentados, levantones, enfrentamientos… todos ellos llamativos, alarmantes y provocan miedo.

La inseguridad por otro lado es una sensación o estado de falta de protección, es miedo; hablamos de un concepto más amplio y subjetivo que comienza con la percepción de que puede ocurrir algo, aunque no suceda. La violencia es un acto concreto, un hecho tangible, mientras que la inseguridad es una sensación de vulnerabilidad.

Morelos es un estado que tiene una violencia objetiva muy elevada, con una tasa de homicidios superior al de la mayoría de los estados, aunque muchos de los referentes estadísticos de inseguridad y valores que se miden están por debajo de la media nacional, es decir, somos un estado más violento que inseguro.

El problema es que, aunque en números y estadísticas el plan trazado por el gobierno estatal va avanzando, en el imaginario colectivo el problema sigue siendo grave y la sensación negativa que causan los hechos de sangre supera los logros institucionales y provoca la percepción de que estamos mal, peor incluso que en el pasado.

En Morelos como en todo el país la violencia se ha normalizado: la frecuencia con la que se cometen los crímenes y la manera como se exponen los hechos a través de los diferentes medios de comunicación ha provocado que la gente se acostumbre a ellos y considere que delinquir es sencillo, redituable, porque nunca se detienen a los delincuentes.  

El problema de inseguridad es complejo, difícil de resolver y tardará mucho para que se comiencen a percibir los resultados; el enfoque que la nueva administración estatal ha dado al tema aún no convence a la mayoría, comienza a ser objeto de críticas, pero es distinto a lo que se hacía antes: no tiene nada que ver con la lógica de “abrazos y no balazos”, porque el número de acciones, detenciones y puestas a disposición, supera por mucho lo que hicieron las últimas dos administraciones.

El diputado panista y la oposición están en su derecho de tratar de sacar provecho del tema, es natural que tratándose de un asunto tan espinoso busquen raja política porque saben que la situación no mejorará en el corto plazo y se trata de una bandera muy llamativa en cualquier elección. Así se ha hecho siempre, lo cual no significa que sea correcto.

En esta historia hay dos enfoques y muchas versiones: para la oposición se trata de un nicho de oportunidad, un espacio desde el cual pueden pegarle al estado y fortalecer a sus candidatos de cara a la elección intermedia. Es falso que busquen privilegiar la seguridad de los ciudadanos, sí así fuera los propios políticos renunciarían a sus privilegios, al derecho de picaporte o la protección personal que desde hace mucho tiempo han solicitado para ellos y sus familias.

Del lado oficial el manejo del tema es mucho más complejo porque no importa cuánto se avance, siempre habrá historias de horror y hechos que moverán la opinión pública de forma negativa. El secretario Miguel Ángel Urrutia está haciendo un buen trabajo en la dependencia, comenzó por poner orden en casa, dignificar al personal, tratar de aumentar la fuerza policial e implementar nuevos modelos de trabajo basados en la prevención, la investigación y la inteligencia.

El número de casos resueltos y puestas a disposición logrados por la SSPC y la FGE de Edgar Maldonado hablan por sí mismos, contrastan con el pasado reciente y dejan ver que a pesar de que los titulares de ambas dependencias no tienen el protagonismo de sus antecesores (en el caso de Carmona), son más eficientes.

A pesar de ello el camino aún es largo, para que la estrategia de seguridad estatal convenza a la mayoría se requiere de un enfoquen integral que trascienda al combate del delito y abarque la prevención estructural, la inteligencia colaborativa, la transparencia y el empoderamiento ciudadano, cosas que hoy no se hacen o no se hacen o no se notan.

Paralelamente al estado le urge cerrar la brecha entre la percepción de inseguridad y la violencia, incorporando un eje específico de comunicación y confianza ciudadana que maneje de manera permanente indicadores concretos de percepción, campañas bidireccionales, eventos de proximidad y mecanismos que permitan la retroalimentación permanente con la sociedad. Si la gente no sabe lo que se hace, difícilmente tendrá confianza y empatía con las instituciones.

Hasta ahora el manejo informativo en materia de seguridad ha sido reactivo, es decir, aparece cuando los hechos de violencia ya ocurrieron y en la mayoría de los casos se hace a través de filtraciones, nunca de manera institucional, dejando fuera la voz oficial y los datos duros cuyo objetivo principal es dar certeza, generar confianza y cerrar paso a rumores.  

En Morelos como en el resto del país los ciudadanos no alcanzan a diferenciar entre lo que implica un hecho de violencia y uno de inseguridad, razón por la cual todos los casos policiacos se convierten en puntos negativos que golpean la imagen de la estrategia oficial de seguridad.

Por años los políticos han lucrado con la inseguridad y la violencia, la han convertido en parte de sus activos electorales para tratar de ganar elecciones, porque se trata de un tema redituable desde el lado opositor.

Lo grave es que cuando las tareas de seguridad se politizan, la inseguridad se agrava y afecta a todos.

·         posdata

Para evaluar la estrategia de seguridad es necesario considerar todos los elementos que la conforman; el acuerdo de mando coordinado de policía cambió radicalmente en este sexenio: ahora los alcaldes retoman la responsabilidad de la seguridad en sus municipios, con apoyo del estado y colaboración de los tres niveles de gobierno, pero ya no quedan fuera del esquema, como sucedía antes.

Con eso se acaba la máxima de culpar al gobernador (a) por todo lo malo que ocurre en materia de seguridad, porque a diferencia del pasado reciente, donde el poder y las decisiones se concentraban en una persona, ahora hay colaboración, libertad de actuación y coordinación bajo lineamientos que obligan a todos a cumplir con los requerimientos que marca la ley.

Luego está la fiscalía, que si bien no hace labores de prevención, sí se enfoca en tareas de investigación, atención a víctimas y persecución de delitos. Aquí sobresale la figura del titular, un hombre cuya mayor virtud es la prudencia; Edgar Maldonado se sacó la rifa del tigre y no se achicó: está dedicado a renovar una dependencia que llevaba años sumida en el caos, comprometida desde su interior y distante de la sociedad.

Urrutia y Maldonado son mancuerna en temas de seguridad, ambos gozan de la confianza de la gobernadora, tienen clara su responsabilidad y no llegan a enriquecerse en el cago, como pasaba antes.

La fiscalía y la SSP luchan contra el tiempo, contra la percepción y próximamente contra los políticos que buscarán hacer del problema un asunto electoral. El trabajo que se realiza en ambas dependencias es bueno, los resultados favorables, pero si no se comunican adecuadamente y la gente no los percibe, la opinión general siempre será negativa.

·         nota

El lunes pasado el director de Conalep hizo una declaración llamativa: existe un fraude por alrededor de 70 millones de pesos cometido hace tres años en la institución. “Hubo un desfalco (hace tres años) al recurso del Conalep, por eso ha estado complicada la situación; las denuncias están presentadas ante las fiscalías y la contraloría del estado, a nosotros nos toca continuarlas para que se haga justicia... es de alrededor de 60 o 70 millones de pesos, por muchas cosas, omisiones de pago de varias cosas, con el personal, pago de impuestos… (las autoridades) que hagan su trabajo, ya tienen todas las carpetas y tienen que continuar”

La historia podría confundirse con otras similares que últimamente se han dado a conocer, actos de corrupción que involucran a servidores públicos, pero que casi siempre se pierden y quedan en la impunidad.

Lo interesante es que antes de Rodrigo Arredondo hubo tres directores: Karla Aline Herrera Alonso (hasta marzo del 2021), Jonathan Vega Pérez (hasta abril del 2022) y Erika Martínez Navarro (hasta octubre del 2024). El fraude al que hace referencia el director de Conalep se ubicaría entre los periodos de Karla Aline y Jonathan Vega.

Actualmente Karla Aline Herrera Alonso es secretaria de educación de Morelos y superior jerárquico de Rodrigo Arredondo. ¿Se le pasó ese detalle al director de Conalep? ¿Olvido precisar que el tema no involucra a su jefa? O como diría El Chavo del Ocho: se le chispoteó y fue sin querer queriendo.

Por lo pronto, el tema ya salpicó a la secretaria y es importante que las autoridades fiscalizadoras aclaren. 70 millones de pesos es mucho dinero para que se pierda y motivo suficiente para que Karla Herrera no sea candidata en el 2027.

·         post it

Morelos participó en el tianguis turístico de Tijuana. Si tuviéramos mejor infraestructura, dijo la gobernadora, este tipo de eventos podrían llegar al estado.

A eso apuesta la construcción de un nuevo centro de convenciones.

·         redes sociales

En el gabinete de Margarita González Saravia existe una aduana de poder que pega a todos por igual, pero a quien más lastima es al proyecto que impulsa la gobernadora, porque atrasa todo, complica las cosas y genera un ambiente de discordia que no se había visto en un gabinete estatal desde… nunca. 

A eso también se le llama traición.

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