Serpientes y escaleras - El reino de los intocables

¿Cómo pedirle a los policías que hagan su trabajo cuando saben que un juez liberará a los detenidos?

El reino de los intocables

Otra vez un juez. Otra vez la liberación de delincuentes. Otra vez un argumento técnico para justificar la decisión a pesar de los hechos, las pruebas y los vínculos. Otra vez la voz del presidente del poder judicial defendiendo a los suyos bajo la óptica de que se actúa en estricto apego a derecho. Otra vez quienes pierden son los ciudadanos de Morelos. Por este camino lo único que se consolida es el reino de los intocables.

Cuando la justicia se vuelve predecible en su corrupción, se institucionaliza la impunidad. Eso no es un accidente, ni tampoco una casualidad, es más bien una estrategia que data de hace muchos años, que trasciende gobiernos y se ha convertido en una práctica común, a la vista de todos, pero inamovible.

Hace unas semanas la gobernadora Margarita González Saravia alzó la voz cuando una autoridad judicial dejó en libertad a un presunto delincuente capturado en posesión de un arma, drogas y un vehículo con reporte de robo, alguien a quien el secretario estatal de seguridad describió como uno de los principales distribuidores de droga en los corredores de la UAEM. “Que se investigue el actuar del juez y se revisen todos los casos similares”, demandó la jefa del ejecutivo.

La historia se repitió otra vez y ahora fue el secretario Miguel Ángel Urrutia quien se inconformó con la liberación de otros detenidos; dijo que esto podría tratarse de un revanchismo político. “Hay que recordar que en los últimos seis meses se han registrado diversos asesinatos, numerosos homicidios y robos en Emiliano Zapata. Se realizaron varios actos de investigación que apoyamos con análisis técnicos de videovigilancia. La fiscalía obtuvo dos órdenes de cateo muy relevantes y estos generadores de violencia fueron detenidos. Sin embargo, nuevamente se dio la llamada ‘puerta giratoria’ en estas detenciones”.

En ambos casos existe una visible inconformidad de parte de las autoridades estatales, pero no basta con señalarlo, el gobierno no puede quedarse cruzado de brazos ante decisiones judiciales dudosas que ponen en peligro la seguridad de la sociedad y boicotea los trabajos de pacificación. El ciudadano común no puede hacer más, pero una autoridad estatal sí puede y está obligada a actuar con firmeza, debe convocar a los órganos federales para depurar un sistema de justicia que visiblemente está corrompido y se mueve del otro lado de la ley.

La gobernadora no es juez, pero sí es la cabeza del estado y desde esa posición puede asumir una postura firme que vaya más allá de la declaración mediática; está obligada a hacer algo que realmente provoque un cambio en un sistema podrido, quedarse en la declaración periodística la convierte en parte del paisaje de complicidad que ha hecho de Morelos un lugar donde el crimen cobra vidas y los jueces otorgan libertad a los delincuentes.

Lo que ocurre en el Poder Judicial no es nuevo ni excepcional, se ha convertido en un patrón que revela corrupción y expone las complicidades que hay en los tribunales, además de la debilidad y/o falta de voluntad de los otros dos poderes para ponerle un alto a esta situación.

Hace unos meses cuando se discutía la armonización estatal de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal hubo una oportunidad única para corregir el rumbo del TSJ, ese era el momento para colocar candados, revisar perfiles, depurar estructuras y establecer mecanismos de supervisión para impedir que la toga fuera un escudo de impunidad. Pero no se hizo, en lugar de ello se optó por la comodidad política, por la negociación en el corto plazo y el cálculo que privilegió la forma sobre el fondo. Eso sí: “se votó por unanimidad”, presume el jefe de la gubernatura.

Y hoy todos pagamos las consecuencias: el poder judicial morelense actúa como ente autónomo no solo en lo jurídico, sino en lo ético y lo político; igual que muchas instituciones, el TSJ hace mucho que dejó de responder a los ciudadanos, ahora parece atender otros intereses, porque libera delincuentes bajo argumentos insostenibles, dejar salir a quienes delinquen, generan violencia y cuestan vidas; no es un error técnico, ni tampoco consecuencia de la estricta interpretación de la ley, es una traición al estado de derecho, un mensaje devastador a las víctimas y un golpe constante a la confianza pública.

¿Si ante una situación así de grave la gobernadora no puede hacer nada y tanto el secretario de seguridad como el fiscal se quedan en la inconformidad mediática, qué podemos hacer los ciudadanos? Quejarse sin hacer algo no sirve de nada, en el peor de los casos es una simple mascara para cubrir la complicidad.

Si el gobierno de Margarita González Saravia tiene conocimiento, como ella misma y varios de sus funcionarios lo han dicho reiteradamente, que hay jueces actuando por consigna o por intereses personales, es su obligación hacer algo, presentar las denuncias correspondientes y solicitar la intervención de la federación para que investigue. No hacerlo es abdicar de su responsabilidad, al compromiso que hicieron con la gente y a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley.

La inseguridad que se viven en Morelos no es consecuencia únicamente de la violencia que provoca el crimen organizado, lo es también de la pasividad de las instituciones que ven un patrón de actuación en los jueces y no hacen nada para que las cosas cambien. El efecto de la inacción es un duro mensaje para todos: para los ciudadanos porque confirma que vivimos en un estado de indefensión, pero también para los policías, quienes arriesgan la vida por nada.

El cansancio que ha provocado a los morelenses el hecho de que aquí la justicia se compra y la ley se acomoda es enorme; esta situación se arrastra desde hace muchos años, se ha vuelto parte del paisaje y se ha normalizado, porque los casos se repiten todo el tiempo y cada gobernante que llega dice exactamente lo mismo, pero nunca hace nada.

Morelos está cansado de ser un estado donde todo pasa y nunca pasa nada; no pedimos milagros, ni necesitamos discursos de indignación, lo que hace falta es que al menos uno de los tres poderes del estado actúe con dignidad y en favor de los ciudadanos.

Es imposible lograr la pacificación por este camino.

·         posdata

El comentario es cada vez más recurrente: la gobernadora necesita tomar decisiones, ser ella quien gobierne, no su jefe de la gubernatura.

Y la expresión tiene sentido: Margarita González Saravia se autodefine como una gobernadora en territorio, dedica casi todo su tiempo a recorrer municipios, comunidades y colonias, algo que no se hacía desde la época de Lauro Ortega. Precisamente por eso está poco tiempo haciendo trabajo de oficina.

El problema no radica en la disposición que tiene la dama de escuchar de viva voz la situación que viven sus gobernados, sino en el hecho que mientras ella anda afuera, su gobierno carece de rumbo y quienes toman las decisiones son otros.

Digámoslo como es: la supervisión del gabinete y el manejo de la política interna se encomendó a Javier García Chávez y los resultados son terribles: el estado no marcha, el gabinete se mueve disparejo y todo el esfuerzo se enfoca en eventos que cuestan muchísimo dinero al erario. Las obras y las acciones tangibles que se requieren para cambiar el rostro de la entidad y cumplir los compromisos de la gobernadora aún no llegan.

Eso no es todo: la secretaria de Hacienda Mirna Zavala ha hecho de su oficina una aduana de poder que pasó del control para enaltecer el alter ego de la dama a volverse un factor de crisis interna, porque sus acciones, sus decisiones y su actitud han provocado un enorme retraso en la marcha del gobierno. Nunca como hoy la secretaría de hacienda fue tan inoperante y perjudicial con los demás secretarios; el costo de esta actitud es enorme para el gobierno, para los ciudadanos y para el estado en su conjunto.

La esperanza que provocó la llegada de una dama honesta a la jefatura de gobierno de Morelos ya se esfumó, lo que hay ahora es una duda razonable de cómo será el futuro del estado por el camino que seguimos: sin obra pública, con subejercicio presupuestal, retrasos en prácticamente todas las dependencias del ejecutivo y una cada vez más escandalosa llamarada de corrupción.

La gobernadora tiene que sentarse a trabajar en su escritorio porque para eso fue electa; es claro que le encanta andar en las calles, abrazar a la gente y sentirse querida en los eventos, pero eso no sirve para que el estado mejore y por el contrario, tanto tiempo que pasa fuera de su oficina la aleja de una realidad que está carcomiendo a su gabinete y transforma la imagen de honestidad que ella irradiaba en lo personal. Dedicar tanto tiempo a territorio podría funcionar si en la oficina el jefe de la gubernatura hiciera de manera eficiente su trabajo, pero eso no ocurre.

Morelos necesita una jefa del ejecutivo que tome decisiones, que ejerza el poder y resuelva problemas, no una primera dama que se la pase de evento en evento mientras su administración colapsa, en buena medida, por las actitudes de la secretaria de hacienda.

·         nota

Las labores de seguridad son sumamente complejas y la violencia es impredecible. Se puede tener voluntad y decisión para combatir el crimen, para enfrentar a los grupos delictivos y atender las necesidades de la gente; aún así lo que ocurra está fuera de control de cualquier autoridad, porque las agresiones directas, igual que los atentados, no se pueden anticipar.

Dicho lo anterior recordemos el discurso de la jefa del ejecutivo al iniciar la semana, presumiendo con datos duros que el homicidio doloso había disminuido en Morelos en un 36.2 por ciento con respecto al año anterior, colocándonos en mejor situación que el Estado de México, Baja California o Jalisco.

Pero como la vida igual que la política es caprichosa, justo el día que hizo esa declaración, en la entidad se reportaron 8 homicidios.

Lo dicho: el trabajo de pacificación es enorme, permanente y siempre queda sujeto a vaivenes.

¿Es falso lo que presumió la gobernadora? No, pero los hechos del día borraron la sonrisa que generó el trabajo de muchos meses.

·         post it

La presión social por la inseguridad es enorme para el gobierno de Margarita González Saravia. La presión social por la inoperancia política y la falta de resultados, también.

Para que la balanza de gobernabilidad se equilibre, el régimen debe urgentemente bajarle la presión a uno de los dos temas; si ambas circunstancias continúan metiéndole presión al gabinete estatal, muy pronto comenzará la debacle de la primera gobernadora de Morelos.

El único aspecto que más o menos se puede controlar es el político.

·         redes sociales

Cada vez que hay un evento grande, aparecen en la foto todos o casi todos los secretarios del gabinete.

Y cuando es así, algunos aprovechan la ocasión para no regresar a la oficina y tomarse el día se asueto, quitándose el calor con unas frías y espumosas.

Varios secretarios, como Víctor Sánchez, se han ganado muy rápido la fama de bohemios.

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