Observador político - El cierre de Nissan en CIVAC y el costo que pagará el pueblo

El cierre de la planta CIVAC de Nissan en Morelos no es simplemente una “decisión difícil” ni una cuestión de “eficiencia y sostenibilidad”, como intenta maquillar la compañía japonesa, por lo que es, en términos claros, un nuevo episodio de despojo que trasciende las fronteras no solo en Morelos ni México sino en América Latina a manos del capital transnacional.

¿VENDRÁ UNA CRISIS EN MORELOS?.- El anuncio de los nipones que adelantó un año el proceso del cierre de la planta ubicada en Nissan, es otro ejemplo más de cómo las grandes corporaciones, sin control estatal ni responsabilidad social real, imponen sus intereses sobre los derechos laborales, la historia productiva y la vida de las comunidades.

Sobre todo porque más de 60 años de historia industrial están a punto de ser clausurados bajo una lógica fría: reducir la capacidad global de producción de 3.5 a 2.5 millones de unidades para mantener “una tasa de utilización del 100%”. En otras palabras, menos plantas, menos trabajadores, mayor rentabilidad por unidad producida. ¿Y los empleados, sus familias, la economía regional de Morelos, el tejido social construido durante décadas? Eso no aparece en los informes financieros.

Lo cierto es que los impactos negativos en Morelos no se harán esperar, sobre todo porque la crisis laboral y económica regional se verán severamente afectados, sobre todo por la pérdida de miles de empleos directos e indirectos lo que provocará un efecto dominó: menores ingresos, menor consumo local y una posible caída del dinamismo económico regional. CIVAC ha sido históricamente el motor industrial más importante del estado.

Además de que sectores como el transporte, comercio local y servicios podrán ver una caída significativa en ingresos y ya no hablemos de una fragmentación del tejido social porque el desempleo masivo afecta directamente a familias, por ejemplo, en la pérdida de ingresos, aumento de estrés financiero, precarización laboral y posible migración interna.

Hay que recordar que CIVAC, fue sede de alrededor de 150 empresas y por tanto, perderá a su principal ancla industrial, lo que podría llevar a una oleada de incertidumbre entre proveedores, disminución de inversiones y cierre de negocios vinculados al complejo industrial.

¿Y QUÉ OFRECE EL GOBIERNO? La planta de Nissan en CIVAC no era solo un complejo industrial, no, era historia, comunidad, identidad, basta recordar que fue inaugurada en el año de 1966 como el primer paso de la multinacional japonesa fuera de su país.

Y en Morelos, se convirtió en un emblema del México que apostó por la industrialización, el empleo estable y el desarrollo regional. Es decir, más de medio siglo después, esa historia termina como tantas otras en este país: con una carta de agradecimiento hipócrita y una promesa vacía de “transición”.

El cierre de la planta es mucho más que una decisión empresarial: es un golpe estructural. CIVAC no solo ensamblaba automóviles; ensamblaba también tejido social por lo que su clausura representa una desindustrialización silenciosa que arrasa con miles de empleos directos e indirectos, profundiza la dependencia económica externa y desmantela lo que queda de soberanía productiva en el país.

El gobierno estatal ha reaccionado como suele hacerlo el aparato público en tiempos difíciles, ofreciendo asesoría, subsidios temporales y promesas de reubicación, empero, ninguna de estas medidas compensa realmente el volumen ni la calidad del empleo perdido. ¿Cómo se sustituye una escuela de oficios que formó generaciones? ¿Cómo se reemplaza una fuente de empleo que sostenía familias enteras durante décadas? La respuesta es que no se puede, por lo tanto, el panorama que se tiene y lo que sigue es precariedad, informalidad y olvido.

Bajo el disfraz del plan “Re:Nissan”, lo que se esconde es la lógica perversa del ajuste estructural: centralización de operaciones, recorte de personal y maximización de la rentabilidad en nombre de la “eficiencia”. Y ahí, la planta de Aguascalientes será ahora el nuevo polo de producción. CIVAC, por su parte, se convierte en una “línea descontinuada”, no por obsoleta, sino por inconveniente para los planes globales de la corporación.

Lo más cínico del comunicado de Nissan es su retórica: hablan de “agradecimiento profundo” a los trabajadores mientras les cierran la puerta; llaman “transición” al despido masivo; presumen su “liderazgo en ventas” como si eso justificara el abandono de una planta que representa más del 10% de su producción nacional. ¿Qué clase de responsabilidad empresarial es esta?

Y el Estado, como siempre, llega tarde y mal. No hay una política pública clara que defienda el empleo industrial ni una estrategia para obligar a estas trasnacionales a rendir cuentas, no hay incentivos a la producción con rostro humano ni castigos por decisiones que impactan regiones enteras.

PIDEN LA CABEZA DE VÍCTOR SÁNCHEZ.- Mientras miles de trabajadores morelenses enfrentan la angustia del desempleo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Víctor Sánchez Trujillo, se aferrabas hasta hace algunos días a una narrativa ficticia al negar el cierre de Nissan Mexicana como si sus declaraciones pudieran revertir decisiones empresariales tomadas desde una sala de juntas a miles de kilómetros. Juró que todo era un “simple rumor”. Hoy, su falta de sensibilidad, información y liderazgo no solo es ofensiva: es peligrosa.

Víctor Sánchez Trujillo falló en lo esencial: proteger el empleo y dar certidumbre, ya que su desconexión con la planta automotriz más importante del estado —y una de las pocas industrias que aún sostiene la economía local— revela más que ineptitud: muestra desprecio por los trabajadores. Su improvisada defensa institucional solo agravó el desconcierto. En lugar de generar confianza, sembró dudas. En vez de gestionar soluciones, sembró confusión.

Por ello, el diputado Gerardo Abarca exigió la renuncia de Sánchez Trujillo. Tiene razón. Gobernar no es negar, es responder. No basta con discursos de “reactivación económica” cuando se permiten cierres sin garantías, sin planes de contingencia y sin diálogo serio con los actores productivos. Pero desde la izquierda, la exigencia debe ir más allá de un cambio de nombre en el escritorio.

Sánchez Trujillo debería irse, sí. Pero más urgente es romper con la política económica que representa. Esa que es sumisa ante el capital, ignorante frente al trabajo y ciega frente a la realidad.

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