Observador político - Huitzilac: un narcofeudo bajo el cobijo de la omisión institucional
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

La reciente revelación del narcolaboratorio de alta tecnología en el municipio de Huitzilac, Morelos, y el aseguramiento de una bodega clandestina de combustible presuntamente robado, son más que hechos aislados: son una evidencia contundente de que esta demarcación vive bajo el control de la criminalidad organizada, con la complacencia -o, peor aún, la complicidad- de sus autoridades municipales.
EN CAPILLA AUTORIDADES MUNICIPALES.- El edil César Dávila Díaz, emanado de Movimiento Ciudadano, debe ser investigado a fondo. No basta con declaraciones tibias ni con la típica narrativa de "desconocimiento"; la magnitud de los delitos cometidos en su administración -desde tala clandestina y saqueo de recursos naturales, hasta el hallazgo de un laboratorio que producía hasta una tonelada de metanfetamina al mes, presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa- no puede pasar como una simple coincidencia o un “descubrimiento reciente”.
Más grave aún: en ese mismo municipio fue asesinado el secretario general del ayuntamiento, Alejandro Cueto Mancilla, un crimen que la Fiscalía de Morelos no ha esclarecido ni parece interesada en esclarecer.
Las conexiones del laboratorio con la célula criminal "Los Mayas" o "Los de Siempre", y su operación abierta durante cinco años con supuesta protección institucional, son el tipo de datos que deberían llevar a comparecer no sólo al actual alcalde, sino también a los expresidentes municipales Rafael Vargas (PRI) y Ulises Pardo Bastida (Movimiento Ciudadano). ¿Qué sabían ellos? ¿Qué encubrieron o permitieron? La impunidad también se construye con silencios, no sólo con pactos.
Además del narcolaboratorio, el hallazgo de una bodega con combustible robado en Tres Marías -con pipas de doble remolque, contenedores repletos de gasolina, diésel y hasta turbosina- muestra que el huachicol también encontró tierra fértil en Huitzilac. No se trata de pequeños grupos improvisados, ya que son operaciones complejas, industriales, sistemáticas. Y su presencia en el corazón del municipio no es posible sin que las autoridades municipales, estatales y hasta federales lo hayan permitido o ignorado deliberadamente.
Miguel Ángel Urrutia, titular de la SSPC de Morelos, no pudo responder si hay autoridades municipales infiltradas, y eso es silencio, que solo hace más que abonar a la sospecha. Si el narco opera de manera abierta, como él mismo lo dijo, ¿quién les da vía libre?
IMPUNIDAD AL 100%.- La defensa del territorio, los recursos naturales y la vida digna de los pueblos pasa también por enfrentar la narcopolítica en todos sus niveles y en Morelos, la criminalidad no sólo se expresa en asesinatos y laboratorios: se expresa también en el saqueo ambiental, en el control territorial de comunidades y en la impunidad institucional que sostiene estos negocios millonarios.
Hoy, Huitzilac es un espejo de la descomposición que vive gran parte del país. Y ante ese espejo, sólo hay dos caminos: mirar hacia otro lado… o exigir justicia y verdad.
HUITZILAC: TIERRA DE NADIE.- Pero la exigencia no puede limitarse a un juicio político ni a una investigación administrativa; urge la intervención federal con supervisión ciudadana, independiente, que garantice que no se repita la historia: un operativo mediático, unos cuantos detenidos menores, y luego el olvido.
No se puede permitir que la sierra de Huitzilac —zona estratégica por su cercanía a la Ciudad de México, por su riqueza ambiental y por su papel en el corredor central del país— siga siendo tierra de nadie, o peor, tierra del narco. En los hechos, este municipio se ha convertido en un estado paralelo, donde los grupos criminales marcan el territorio, controlan el transporte, saquean la naturaleza, distribuyen droga y asesinan a funcionarios sin consecuencia alguna.
Los gobiernos anteriores, tanto morenidtas, priistas y panistas, dejaron que esto creciera.
Pero lo que no se puede tolerar es que ahora, bajo un gobierno que se dice de transformación, estas prácticas continúen y se reproduzcan con los mismos mecanismos de simulación y encubrimiento.
Que Movimiento Ciudadano, partido que se vende como "la nueva política", repita los vicios del PRI en el poder local, debería ser un escándalo nacional.
La tala ilegal, el despojo, los asesinatos, el huachicol y la producción de metanfetamina no son problemas "técnicos" ni de seguridad pública. Son expresiones de una violencia estructural y económica, de un modelo que mercantiliza todo, que deja al pueblo sin recursos y a la juventud sin alternativas.
Es también resultado del abandono del campo, de la precariedad institucional y de la permisividad con el crimen organizado cuando éste se disfraza de "emprendimiento" o de "gobierno eficiente".
No hay transformación verdadera sin verdad ni justicia y en Huitzilac no puede seguir siendo un laboratorio de impunidad, una reserva de impunidad con rostro político.
Es hora de exigir responsabilidades penales y políticas para quienes han permitido que esta maquinaria de crimen y destrucción se instale con tal descaro.
No más narcomunicipios, no más autoridades que negocian con la muerte, cierto, no más silencio frente al saqueo.
Porque callar, en estos casos, también es complicidad.
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