Serpientes y escaleras - Acto de autoridad

Finalmente alguien se atrevió a actuar conforme a derecho en la toma de casetas

Acto de autoridad

Durante mucho tiempo hemos visto a diversos grupos sociales tomar casetas de cobro en todo el país; en algún momento de la historia estas acciones representaron un genuino acto de protesta: los inconformes levantaban las plumas y dejaban el paso libre a los conductores sin solicitar nada a cambio; eventualmente entregaban algún manifiesto y algunas veces acompañaban sus protestas con mantas exponiendo los motivos de su queja. De unos años a la fecha todo cambió: ahora la toma de casetas es un negocio.

Cualquiera que haya circulado por alguna carretera de cuota en las últimas semanas o meses puede confirmar lo que digo; una y otra vez aparecen grupos de encapuchados que con impunidad asumen el control de los puestos de peaje y solicitan de manera “voluntaria” una cooperación de 50 pesos por vehículo. Los manifestantes ya no se preocupan por dar a conocer las razones de su protesta, solo llegan y comienzan a cobrar.

El modus operandi es el mismo en todos lados, en el olvido quedaron los manifiestos y las mantas, ahora simplemente aparecen y en complicidad con algunas autoridades federales (Capufe y Guardia Nacional) cobran por el uso de las vías de comunicación nacionales. Quienes se niegan a cooperar “voluntariamente” son agredidos por los encapuchados, reciben insultos, sus autos son vandalizados y en algunos pueden llegar a ser privados de su libertad, como sucedió hace unos días con tres choferes en Alpuyeca.

Es un negocio redondo, un robo en despoblado que se ampara en el falso discurso de la tolerancia gubernamental, que funciona en complicidad con autoridades de caminos y puentes federales y algunos elementos de la Guardia Nacional. En el México moderno tomar una caseta de peaje y cobrar a los automovilistas es un acto respetable que no amerita una acción de la autoridad, aunque represente pérdidas anuales por más de 3 mil 500 millones de pesos. Es el pueblo sabio ejerciendo su derecho de libre manifestación, dice el presidente López Obrador.

Según datos proporcionados por instituciones ciudadanas con base en datos estadísticos gubernamentales, en un fin de semana normal la caseta de Tlalpan puede generar más de 30 millones de pesos por concepto de peaje. Según información publicada por Unotv.com, el viernes 16 de octubre en la caseta que comunica a la Ciudad de México con Cuernavaca, tan solo en un carril, los manifestantes obtuvieron 120 mil pesos en dos horas que cobraron 50 pesos a cada automovilista.

La toma de casetas de cobro de Capufe es un negocio muy lucrativo que al parecer ha llamado la atención de algunos grupos de la delincuencia organizada; datos extraoficiales de instancias federales de policía refieren que en algunos puntos del país los cárteles criminales han incursionado en este tipo de movimientos por lo fácil y lucrativo que resulta hacerlo y ayer el gobierno de Morelos informó que detrás de los detenidos en Alpuyeca hay grupos criminales.

Distintos informes señalan que algunas autoridades de Capufe en alianza con elementos policiacos cierran el círculo en la toma de casetas; “Se ponen de acuerdo con el encargado de la caseta para que les permitan intervenirla y al final de la jornada una parte de los recursos obtenidos se entregan a los funcionarios y a los policías”.

La hipótesis no es descabellada a la vista de los hechos: las manifestaciones de este tipo se multiplican todos los días sin que haya reacción de parte de las autoridades; la excusa para no actuar es la tolerancia con los inconformes, aunque ninguno expone los motivos de sus quejas. Dicha tolerancia incluye no reaccionar ante las agresiones de los encapuchados contra automovilistas que rehúsan cooperar voluntariamente.

El daño que provoca la toma de carreteras en multimillonaria e incluye otro tipo de delitos; al abrir las plumas de las casetas y dejar pasar a todos, es posible que también pasen sin contratiempo vehículos que transporten cualquier tipo de sustancias, legales o ilegales, incluso personas privadas de su libertad. Sin casetas tampoco hay filtros.

Por todo lo anterior y mucho más, el operativo que esta semana llevaron a cabo elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Morelos merece un enorme reconocimiento. La UECS era la última instancia que pudo reaccionar ante este tipo de hechos, pero su intervención respondió a la privación de la libertad de tres personas y la denuncia correspondiente; las autoridades morelenses actuaron de inmediato frente a un delito y capturaron a un puñado de personas en flagrancia.

Lo hecho por los elementos de la UECS mereció el reconocimiento de propios y extraños, porque se atrevió a actuar en un tema que ofende a todos y que ha sido tolerado por gobiernos de todo el país, incluyendo el federal. Lo fácil para el gobierno de Morelos era seguir el ritmo de los demás, hacer oídos sordos a las quejas y dejar que la manifestación transcurriera como siempre. Pero no lo hizo.

Ojalá que esta acción se observe y reconozca en todos lados, que sea replicada por las demás instancias gubernamentales y sirva como escarmiento para quienes han hecho de la toma de casetas un negocio personal. Es válida la tolerancia de las autoridades ante la manifestación de las personas, pero es intolerable que se permita que un grupo de sujetos (hombres, mujeres y menores de edad) se organice para robar, para agredir y para afectar el libre tránsito de los ciudadanos.

La acción tomada por las autoridades de Morelos en Alpuyeca no respondió a la toma de la caseta, sino a la privación de la libertad de tres personas; si le aplican la ley a quienes secuestraron y agredieron por varias horas a tres choferes, las sanciones que podrían recibir los acusados alcanzarían hasta diez años de cárcel.

Insisto: es plausible la decisión del gobierno estatal de actuar ante este delito, hay que reconocer la valentía de un gobierno que aceptó el enorme riesgo de hacerlo, pero entendió la importancia de no permitir más impunidad.

Con esta acción queda un precedente para que se continúe por la misma línea, para que los gobiernos de otros estados hagan lo propio y garanticen la seguridad de los automovilistas, sin trastocar el derecho de las personas de manifestarse. Una cosa es la libre expresión de ideas y otra hacer de la supuesta inconformidad un jugoso negocio al amparo de las instituciones.

Lo que hacen quienes toman las casetas de peaje no es una expresión de descontento social, es anarquía, impunidad y negocio. Afectan al país y nos cuestan a los ciudadanos.

• posdata

Pocas veces un acto de gobierno genera tantas coincidencias; la decisión de las autoridades estatales de actuar en la toma de la caseta de Alpuyeca sorprendió a todos y provocó un aplauso generalizado.

Obvio: los grupos que toman carreteras en el país han fastidiado a la población entera, ya no representan la expresión legítima de un sector inconforme, sino la manera de actuar de vividores que vieron en la pasividad gubernamental la oportunidad de robar a la vista de todos, con la complacencia de la policía.

Recordemos que los puestos de peaje son operados por Capufe y vigilados por la Guardia Nacional, es decir, por el gobierno de México. La complicidad de las autoridades en este tipo de situaciones no es exclusiva de la actual administración, existe desde hace varios años e involucra a diferentes sexenios; todos han dejado de aplicar la ley, sin contar que permiten que los encapuchados agredan impunemente a los automovilistas.

Por ese antecedente de impunidad es loable que el gobierno estatal haya reaccionado en contra de los encapuchados; hay que reconocer que el operativo se llevó a cabo con eficiencia y que los encargados de las instituciones han aguantado la presión de los presuntos familiares, quienes de manera violenta demandan su inmediata puesta en libertad.

La simpatía que generó esta acción gubernamental debe ser utilizada por las autoridades morelenses para continuar hasta las últimas consecuencias y sentar un precedente ante este tipo de situaciones; aplicar la ley y preservar el estado de derecho es algo que la ciudadanía demanda desde hace muchos años en distintas situaciones y hoy podría ser el momento de que finalmente veamos un acto de autoridad.

Nada tienen a su favor quienes realizaron actos vandálicos y privaron de su libertad a tres personas, no existe ninguna excusa para la toma de la caseta de Alpuyeca, ni mucho menos para agredir a quienes se negaban a darles dinero; habría que analizar a qué intereses responden estos sujetos y con la complicidad de qué funcionarios llevan a cabo estas acciones.

En medio de todo lo malo que hemos visto en los últimos meses, esta acción gubernamental merece reconocimiento. Esperemos que las autoridades estatales no se doblen ante la presión, ni dejen en libertad a quienes cometieron un delito.

Hacerlo sería contraproducentey perderían la buena imagen que han ganado en las últimas horas.

• nota

El alcalde Antonio Villalobos está sujeto a mucha presión desde hace varios días; los reclamos de los empleados despedidos lo han puesto contra la pared y lo obligaron a mantener un perfil muy bajo, casi escondido, para evitar que el conflicto escale.

La decisión de prescindir de medio millar de trabajadores no fue fácil, ni individual; la orden de sacar de la nómina a los trabajadores es resultado de un acuerdo de cabildo ante la situación financiera que agobia al municipio. Era eso, despedir gente, o entrar a una moratoria de pagos en la que estarían incluidos los trabajadores.

En esta historia hay muchas voces que se han sumado al tema con el objetivo de sacar raja política del problema; es el caso de algunos legisladores que hablan de recontratar al personal bajo un argumento de conciencia social, sin tomar en cuenta la realidad financiera del municipio. Ahí está Alejandra Flores, por ejemlo, que critica la medida tomada, pero no menciona que como representante de Morena (el mismo partido que gobierna Cuernavaca) desde su curul ha sido omisa ante las necesidades la capital y no ha ayudado en nada a resolver los problemas que enfrenta. Lo de Alejandra, como lo de otros personajes de la vida política, es oportunismo.

No tengo claro hasta donde escalará el problema de Cuernavaca, porque además de la crisis financiera hay muchas figuras interesadas en que las cosas se salgan de control en la ciudad. El ajuste de personal era necesario porque el presupuesto ya no alcanzaba para pagarle a tanta gente, porque la carga laboral ha impedido que la ciudad avance en otros temas y porque los problemas heredados siguen sin resolverse.

Por supuesto que la idea de recortar plazas de trabajo es terrible, detrás de cada persona despedida hay una familia que pierde el sustento diario y eso desde cualquier ángulo es malo; antes de tomar la decisión de recortar gente, el gobierno municipal debió hacer un análisis concienzudo de cada caso, porque una decisión así no puede tomarse a la ligera o sin el conocimiento absoluto de qué implica cada despido.

Antonio Villalobos ha abierto la puerta a una negociación y debe ser muy cuidadoso de lo que haga; ya no puede dar marcha atrás porque los costos ya los está pagando y tiene que ser muy prudente en la atención de las peticiones, porque las reinstalaciones mostrarán que se cometieron errores en el proceso y darán esperanza a cientos de personas que quieren volver a sus puestos de trabajo.

Administrativamente el recorte de personal es comprensible, socialmente es muy doloroso y operativamente es evidente que el alcalde tomó una decisión sin contar con todos los elementos y sin tomar en cuenta las consecuencias que habría.

A Villalobos le urge un mejor equipo de gobierno: su administrador, su consejero jurídico y otros personajes de su gabinete no están haciendo bien si trabajo, por eso los golpes que recibe son tan fuertes y hay tantos oportunistas tratando de sacar raja de las crisis.

• post it

1er acto- Encapuchados toman la caseta de Alpuyeca, cobran 50 pesos por auto, secuestran a 3 choferes y agreden a quienes no pagan.

2o acto- Gobierno Morelos interviene, libera a los choferes, a la caseta y procesa a 78 personas.

3er acto- Presuntos familiares acuden a las oficinas de la UECS en autobuses presuntamente secuestrados y exigen de manera violenta que dejen libres a los encapuchados. La policía reacciona y detiene a otras 70 personas.

¡Aplausos a la autoridad!

• redes sociales

¿Por qué no actúan con esa firmeza y eficiencia contra los corruptos?

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