Policías, procesos judiciales e impunidad

Actualmente, en Morelos y en general en México se sufre de índices delictivos muy altos, de mucha violencia y también de mucha impunidad. No bastó con la implementación de los juicios orales -allá en 2008- para abatir los altos índices delictivos y la impunidad. Esa modificación al sistema de justicia penal, sí trajo avances, pero no los suficientes.

Basta con revisar los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021[1], del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para confirmar esto que les digo: durante 2020, el 93.3 % de los delitos cometidos a nivel nacional no fueron denunciados o simple y sencillamente no tienen carpeta de investigación. De ese escaso 6.7 % de delitos denunciados y en los que sí se inició una carpeta de investigación, el 48.4 % tiene carpetas de investigación en donde no ha pasado nada.

Esto es, simple y sencillamente escalofriante: México es un país de impunidad pura.

Pero bueno, hablemos de ese escaso 6.7 % de delitos que sí son denunciados y que sí tienen una carpeta de investigación. Como ya dijimos, en el 48.4 % de esos asuntos, la carpeta de investigación es un costal de papas, un objeto inerte que no genera nada positivo, que no produce justicia. Las razones de esta deficiencia de las investigaciones son muchas y muy variadas, pero en esta ocasión, les quiero hablar de una en particular: las labores de investigación de las policías.

En muchos casos, las detenciones y las investigaciones que realizan las policías (dígase policía de investigación criminal de las fiscalías locales o la federal, policías federales, estatales, municipales o de mandos coordinados), suelen tener muchas deficiencias que impactan en las posibilidades que tienen las Fiscalías de lograr resultados positivos ante los Juzgados y Tribunales.

Por ejemplo, muchas veces los agentes de la policía narran hechos falsos en sus informes policiales homologados relativos a detenciones, influidos o instruidos por las personas abogadas de las corporaciones policiacas que se encargan de redactar esos informes.

Otras veces, los agentes de la policía siembran droga u otros objetos ilícitos a personas que quieren incriminar o personas que saben los agentes que sí cometieron delitos pero que no tienen forma de probarlo, en lugar de investigar en forma y después pedir las órdenes de aprehensión, cateo o las citas correspondientes.

También, en ocasiones exageran los hechos en sus informes, en un intento de dar más contundencia o gravedad a lo que narran y así lograr más prisiones.

Al final, muchos –porque, hay que decirlo no todos lo hacen- de estos vicios en las investigaciones salen a la luz, eso perjudica los procesos judiciales de las personas que supuestamente cometieron esos delitos y muchas veces se obtienen sentencias absolutorias o libertades en los controles de detención y en las resoluciones de vinculación a proceso. Claramente, esto también perjudica a las víctimas de los delitos.

Entonces, lejos de exagerar los hechos que perciben las policías, de inventarlos, de sembrar droga o armas, en un afán de lograr incrementar los índices de eficacia en la investigación y persecución de delitos, es fundamental que se mejore la capacitación de los y las agentes de las policías que deben proteger a la ciudadanía, inhibir e investigar los delitos.

Y es que esas investigaciones que inicialmente hacen las policías, tienen impacto trascendental en los procesos judiciales y siguen teniendo impacto en instancias revisoras como en materia de amparo.

Recordemos el caso Florence Cassez, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apreció lo que denominó una “escenificación ajena a la realidad”. Un montaje. Ese asunto terminó en una libertad con la que podemos estar de acuerdo o no, pero que claramente era necesaria ante el tremendo teatro que se montó en ese asunto.

Recordemos también el caso de Toño Zúñiga, el protagonista de la película Presunto culpable. Él fue detenido de forma arbitraria por elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Ciudad de México y acusado de un delito que se había cometido a kilómetros de distancia de donde él estaba en el momento de los hechos.

Tanto en el caso Cassez, como en el de Toño, el resultado final de esas investigaciones alteradas o inventadas fue la libertad de los detenidos; y, por lo menos en el caso de Toño, sin posibilidad de dar con el auténtico responsable del homicidio investigado.

En resumen, queridos lectores, la respuesta a la inmensa impunidad mexicana, no es fabricar culpables, ni falsear investigaciones, ni escenificar obras de teatro criminales. La respuesta es (o una de las respuestas, porque este problema es multifactorial) mejorar las capacidades de investigación de las policías, mejorar su grado de instrucción, su preparación, su juicio y trabajar en la mejora de sus valores ciudadanos, de su ética y de su entrega para servir y proteger a la sociedad, que al final del día es su función.

Hasta aquí: “Justicia y Libertad”.

Carlos Iván Arenas Ángeles

Magistrado y Director de la Escuela Judicial

TSJ del Estado de Morelos.