Observador político - Repuntan los feminicidios en Morelos
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Mientras el país entero vive bajo el espejismo de la transformación, Morelos sangra y un ejemplo de ello, es que al corte del pasado martes, un registro de 53 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de este 2025, es decir, siete mujeres más que en el mismo periodo del año anterior. Las cifras no son solo números, no, son gritos silenciados, son hijas, madres y compañeras que no regresaron. Y detrás de cada feminicidio hay una historia de omisión, de impunidad y de un Estado que sigue llegando tarde.
EL MORELOS ROJO.- Andrea Acevedo García, vocera de la colectiva Divulvadoras, lo dijo claro: "Las estrategias que se han implementado en años anteriores no han funcionado", porque Morelos encabeza, nuevamente, la tasa más alta de feminicidios a nivel nacional.
¿Hasta cuándo se seguirá apostando por un sistema penal ineficaz, mientras se ignora la raíz estructural de la violencia?
Durante años, el discurso oficial ha repetido la fórmula punitiva: aumentar penas, tipificar nuevos delitos, endurecer las leyes, pero esa lógica vertical y represiva ha fracasado rotundamente, por lo tanto, la violencia no se detiene con códigos penales más largos, sino con políticas públicas profundas, integrales y comunitarias. Las políticas que escuchen a las víctimas, que coloquen a las mujeres y a las infancias en el centro, que construyan desde abajo una nueva forma de convivencia, donde ser mujer no signifique estar en riesgo de muerte.
Es cierto que por primera vez en mucho tiempo, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos les ha abierto las puertas a mesas de trabajo con familiares de víctimas, eso sin lugar a dudas es un paso, sí pero sigue siendo insuficiente.
Y como bien señaló Andrea Acevedo: "El sistema penal no es quien va a resolver toda la violencia que se vive en el estado". Se necesita más que carpetas de investigación. Se necesita verdad, justicia, reparación, y sobre todo, prevención.
URGENTE UN CAMBIO DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.- Aquí es donde el Estado ha fallado sistemáticamente. ¿Dónde están los programas de atención a las infancias huérfanas por feminicidio? ¿Dónde están los recursos del fondo de víctimas? ¿Dónde está la voluntad política para intervenir en municipios como Ayala y Cuautla -identificados entre los más violentos del país- antes de que la tragedia sea noticia?
No basta con pintar instituciones de morado ni con discursos conmemorativos cada 8 de marzo, por lo que urge una transformación real y esa transformación pasa por desmantelar el machismo institucionalizado, por redistribuir el poder, por garantizar la autonomía económica y territorial de las mujeres, y por reconocer que la violencia es un síntoma de un modelo social en crisis.
En Morelos no se mata por accidente, se mata por abandono, por complicidad y por negligencia por lo que el feminicidio no es una fatalidad inevitable, es una consecuencia directa de políticas fallidas.
CUAUTLA: IMPUNIDAD al 100%.- El domingo 29 de junio, tres mujeres -una de ellas menor de edad- fueron asesinadas a plena luz del día en la Plaza 12 de Octubre, en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla. Según testigos reportaron, como siempre, que los agresores huyeron en motocicleta tras disparar varias veces contra sus víctimas. Los cuerpos quedaron ahí, tendidos en la vía pública, ante la mirada de quienes, impotentes, se han acostumbrado al horror que se vive en una de las ciudades más violentas como la tres veces heroica.
Los cuerpos policiales llegaron después, como siempre, cuando ya no había nada que hacer, salvo acordonar el área y recolectar casquillos y tras varios días de las ejecuciones, no hay detenidos hasta el momento, es decir, no hay justicia. Y probablemente, no la habrá.
Este crimen, por su brutalidad y su impunidad, no es un hecho aislado, puesto que esto es apenas un capítulo más del largo expediente de violencia que consume a Cuautla, ya que días antes, el abogado Galileo Galilei Martínez sobrevivió a un atentado que incluyó disparos contra su casa y un mensaje con amenaza implícita, típico del modus operandi de los grupos criminales que hoy dominan la región.
El patrón se repite: violencia impune, mensajes de extorsión y autoridades que, lejos de actuar, callan o colaboran.
URGENTE LA RENUNCIA DE JESÚS CORONA DE LA COMUNA.- No se trata solo de negligencia, debido a que las acusaciones del Foro Morelense de Abogados son claras: Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, mantiene presuntos vínculos con el crimen organizado. Lo mismo se dice del titular de la Policía Municipal. ¿Qué puede esperarse cuando quienes deberían proteger a la ciudadanía están presuntamente coludidos con quienes la destruyen?
Esta crisis de seguridad no puede explicarse como un fenómeno espontáneo o una fatalidad geográfica. Es el resultado de décadas de desmantelamiento institucional, de políticas neoliberales que empobrecieron a la mayoría mientras enriquecieron a una élite política y empresarial, de una militarización disfrazada de “estrategia de seguridad” que solo ha agravado la violencia.
En Cuautla, como en muchos municipios del país, se ha configurado un narcoestado local: una red donde las estructuras del gobierno municipal conviven o cooperan con los intereses del crimen organizado, con la complicidad del Estado ausente, del gobierno estatal tibio y del federal, indiferente.
No es casual que los más afectados por esta violencia sean los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes, trabajadores, abogados que se atreven a denunciar, comunidades empobrecidas; tal parece que hoy en día la violencia tiene clase, tiene género, tiene territorio. Y la respuesta del poder ha sido siempre la misma: abandono, simulación y represión.
Frente a esto, no basta con exigir la renuncia del alcalde o del jefe policial, ya que hace falta una reorganización desde abajo, un nuevo pacto social construido por y para el pueblo, no por quienes se benefician del miedo.