Observador político - Privilegios y corrupción en el Poder Judicial de Morelos

El estado actual del Poder Judicial de Morelos es motivo de grave preocupación; en lugar de garantizar una verdadera impartición de justicia para el pueblo, los magistrados parecen más interesados en asegurar su propio bienestar y el de sus familias de por vida, gracias a las recientes reformas aprobadas por un grupo de 15 diputados de la Legislatura LV.

DESCONTENTO SOCIAL.- Estas acciones irresponsables de los diputados, quienes se despiden anticipadamente para continuar sus carreras políticas, están causando un daño irreparable a la sociedad, sobre todo, por sus reformas que atentan contra los principios y valores que todo servidor público debería tener, y prostituyen los cargos que ocupan personajes influyentes en el Poder Judicial.

Uno de los aspectos más absurdos de estas reformas es el establecimiento de un retiro vitalicio que otorga a los magistrados sueldos "dorados" para ellos y sus familias; esta medida va en contra de los intereses de la población morelense, quienes observan con indignación cómo se distribuye el presupuesto del estado en beneficio de privilegios económicos cada vez más ofensivos y agresivos para la mayoría.

Este descontento social se ha manifestado especialmente entre los profesionistas del derecho, abogados y diputados, quienes consideran que el retiro vitalicio es un acto irresponsable y vergonzoso. Mientras la ciudadanía en general enfrenta una crisis, unos pocos que supuestamente administran justicia se enriquecen con privilegios económicos no solo para ellos, sino también para sus familias, de por vida.

Lo que los 15 diputados y diputadas han llevado a cabo no tiene como objetivo fortalecer el sistema de justicia, sino más bien hacer un favor a los magistrados, esto les permitirá obtener beneficios al momento de designar a 18 nuevos togados en los próximos días. A pesar de que los propios diputados tendrán la facultad de elegir a los impartidores de justicia, seguramente lo harán según las ofertas más lucrativas; al final, obtendrán grandes dividendos para decidir quiénes serán los encargados de administrar justicia durante un periodo de 14 años, percibiendo salarios que superan los 100 mil pesos mensuales.

Es increíble pero en tiempo de crisis podemos ver a los togados como disfrutan de viáticos, camionetas blindadas, choferes, asesores, secretarias y teléfonos celulares, así como viajes pagados a diversos eventos en Acapulco y otras partes del país, e incluso del mundo. Es evidente que todos estos gastos, incluyendo aquellos en los que llevan a sus parejas, no se cubren con sus abultados salarios, sino que se facturan a nombre del Poder Judicial de Morelos.

La falta de ética de los magistrados es evidente, especialmente en el caso del presidente del Poder Judicial, Jorge Olea Gamboa, quien minimiza los 70 millones de pesos destinados a sus privilegios y no considera que sea un "gasto excesivo", sino algo que debe ser previsto; sería deseable que él mismo asumiera ese gasto de su propio bolsillo en lugar de cargarlo al erario público.

GUARDAN SILENCIO.- Todos los magistrados sin excepción se han quedado mudos, no han querido declarar nada para no ver afectados sus intereses y evitar ser exhibidos, sin embargo, se ocultan como si hubieran cometido un delito y rechazan declarar sobre el tema. Total, esperan que el tiempo cure las heridas y obtengan sus privilegios de primer mundo por lo que ahora, hacen mutis cuando se les cuestiona al respecto, es más, hasta se ocultan y le hacen el feo a la prensa para evitar ser señalados.

Quizá más preocupante aún es el comportamiento de un magistrado en particular, quien en poco tiempo ha demostrado una ambición desmedida por el dinero ajeno, especialmente el dinero del público, del cual hace magia al hacerlo desaparecer sin dejar rastro; hay que decirlo, este magistrado afirmó descaradamente que el gasto no es excesivo ni injusto, sino algo que debe ser previsto, ya que este año se presentaron 45 controversias constitucionales por pensiones que el Congreso aprobó pero no dotó de presupuesto.

Mientras tanto, las asociaciones, colegios, foros y barras de abogados esperan la publicación de los decretos en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para impugnarlos mediante controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y amparos en el Poder Judicial de la Federación; por lo que es necesario que se investigue a los diputados que aprobaron esta ley para descubrir qué tipo de acuerdos se llevaron a cabo y, en caso necesario, iniciar un juicio político en su contra.

Para los litigantes, resulta inconcebible que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial establezca un haber de retiro periódico y vitalicio para los magistrados, en lugar de un único pago al finalizar su periodo de 14 años, como estipula la legislación actual.

Es evidente que la corrupción y los privilegios prevalecen en el Poder Judicial de Morelos, mientras tanto, la población sufre las consecuencias de una justicia que se aleja cada vez más de sus principios y valores; es hora de que el pueblo morelense se levante y exija un sistema de justicia transparente, equitativo y al servicio de la ciudadanía en general.

Los magistrados y los diputados responsables de estas reformas deben rendir cuentas y enfrentar las consecuencias de sus actos; la lucha por una justicia verdadera y para el pueblo no puede ser socavada por la corrupción y los intereses personales de unos pocos; es hora de que el Poder Judicial de Morelos regrese a su verdadero propósito: servir a la justicia y a la sociedad.

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