Observador político - Penalizar la difamación digital en Morelos: ¿ignorancia o perversidad?

La Cuarta Transformación, que prometía ampliar derechos y democratizar el acceso a la información, hoy se enfrenta a una contradicción profunda. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de frenar la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es un acto necesario, pero también una alarma encendida.

ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- En el corazón del debate se encuentra un artículo que permitiría al Estado bloquear temporalmente plataformas digitales, una medida que recuerda peligrosamente a los mecanismos de censura propios de regímenes autoritarios.
Aunque Sheinbaum aseguró que no hay intención de censurar, la sola propuesta de otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el poder de suspender servicios digitales sin condiciones claras es una amenaza directa a la libertad de expresión.
Este tipo de instrumentos abre la puerta al abuso y a la represión, más aún en un país donde el periodismo crítico se ejerce entre el miedo y la violencia.
La preocupación de organismos internacionales como la ONU y la CIDH no es gratuita.
México no puede permitirse retrocesos en materia de libertades, mucho menos bajo un gobierno que se dice progresista.
Es decir, no basta con retirar o revisar el artículo polémico: se requiere un compromiso real con un modelo de comunicación abierto, plural y popular, no subordinado a los intereses del poder.

VUELVE LA AMENAZA EN MORELOS.- A la par, desde el Congreso morelense, el diputado del PAN, Gerardo Abarca impulsa una iniciativa para penalizar nuevamente la difamación en medios digitales, una figura legal que fue eliminada en 2008 por ser incompatible con un Estado democrático.
La coincidencia no es menor: mientras el gobierno federal contempla herramientas de control digital, en lo local se intenta revivir castigos penales para quienes se expresan libremente.
Esta iniciativa, presentada por un legislador señalado por conflictos personales y afinidades con figuras como Cuauhtémoc Blanco —implicado en graves acusaciones—, parece más un intento de blindaje personal que una propuesta jurídica seria. Pretender que la difamación vuelva al Código Penal equivale a armar de nuevo al poder contra sus críticos, especialmente en un país donde los periodistas son asesinados con impunidad.
Vale recordar que la difamación ya no es delito penal ni en Morelos ni a nivel federal desde hace más de quince años.
Existen vías civiles para reclamar daños al honor, como lo establece el Código Civil. Pero revivir la sanción penal solo servirá para intimidar, callar y criminalizar la voz del otro.
Para los medios de comunicación no se puensan quedar callados ante esta avanzada conservadora que, disfrazada de regulación o “orden digital”, apunta a restringir derechos conquistados con lucha social.
Y es que, la verdadera transformación no pasa por silenciar a la disidencia, sino por garantizar que todas las voces, especialmente las más críticas, puedan expresarse sin miedo.
La amenaza no está solo en la letra ambigua de un dictamen o en las intenciones veladas de un diputado oportunista. Está en el contexto: en un país donde el poder político y económico ha sido históricamente intolerante al escrutinio público, donde periodistas son espiados, difamados y asesinados, donde comunidades enteras luchan por el derecho a decir su verdad frente al aparato estatal y mediático.
Hablar de censura no es exagerado cuando las herramientas propuestas apuntan al control unilateral de la narrativa digital. ¿Quién decidirá qué plataforma debe ser suspendida? ¿Qué criterios se usarán? ¿Qué garantías tendrán las y los ciudadanos de que esta facultad no se usará con fines políticos?
En un momento en que internet es la plaza pública más grande del país, regular no puede ser sinónimo de reprimir.
Además, reintroducir el delito de difamación en el Código Penal sería dar un paso atrás en una lucha que ya fue ganada. La despenalización de la difamación fue producto de años de exigencia por parte de periodistas, activistas y organismos de derechos humanos. Recuperar esa figura no es proteger a las víctimas de mentiras, sino darle al poder un arma para silenciar a quien lo incomoda.
SANCIONES POR LA VIA CIVIL.- Si alguien siente que ha sido difamado, tiene a su disposición la vía civil, donde se pueden dirimir agravios sin criminalizar la palabra.
No podemos aceptar que en nombre de la "seguridad digital" o del "buen nombre" se limiten libertades fundamentales.
Hoy más que nunca, el compromiso debe ser con la libertad de expresión, con la transparencia y con el derecho de los pueblos a hablar sin miedo. Porque una transformación que calla no es transformación: es continuidad con rostro distinto.