Observador político - Morelos, el Estado donde no pasa nada…

La impunidad en México se ha erigido como la verdadera "madre de todos los delitos", un flagelo que se nutre de la pasividad de las autoridades y la complicidad de quienes deberían garantizar la justicia. Morelos, lamentablemente, no es la excepción a esta triste realidad, y a pesar de la creciente ola de crímenes —asesinatos, violaciones, secuestros, robos de autos y otros actos criminales—, los responsables rara vez enfrentan la justicia, lo que crea un círculo vicioso de violencia e incertidumbre para la ciudadanía porque vivimos en un estado donde literalmente no pasa nada.

IMPUNIDAD: UN FLAGELO EN LA ENTIDAD.- Los ejemplos de impunidad en el estado son múltiples y, por desgracia, demasiado familiares, sin embargo, uno de los casos más escandalosos y representativos de cómo las estructuras de poder se perpetúan en el abuso es el del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, un personaje que ha logrado mantener su inmunidad a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él. A lo largo de su mandato, el exfutbolista y político ha sido señalado no solo por su ineficiencia y falta de resultados, sino por sus turbios vínculos con el crimen organizado, lo que lo ha convertido en uno de los peores gobernantes que ha tenido la entidad.

Blanco Bravo no ha sido un mandatario que se haya preocupado por las necesidades de la población, sino que su gobierno se caracterizó por la corrupción y falta de control en temas fundamentales como la seguridad y la justicia; durante su gestión, trascendieron diversas informaciones sobre su reunión con importantes figuras del crimen organizado como por ejemplo, Irving Eduardo Solano, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con Homero Figueroa, líder de Los Tlahuicas, y con Raymundo Isidro Castro, líder asesinado del mismo cártel. Estos vínculos no son mera especulación, sino parte de un patrón de conducta que ha quedado registrado en diversas investigaciones.

Pero la corrupción de Cuauhtémoc Blanco no se limita a sus conexiones con el crimen organizado, porque durante su mandato, se le señaló por desviar más de 3,500 millones de pesos, un monto que evidencia no solo el saqueo de los recursos públicos, sino también la total desatención a las necesidades de los morelenses. A esto se suma el escándalo de la investigación "Primavera", que involucra más de 700 millones de pesos y que, como era de esperarse, no ha tenido consecuencias concretas para los responsables. La Fiscalía General de la República (FGR), la que debería ser el garante de la justicia en el país, se ha mostrado incapaz de avanzar en las investigaciones, convirtiéndose en un elefante blanco que parece más interesado en proteger a los poderosos que en hacer cumplir la ley.

Lo más alarmante de todo esto es que, a pesar de los múltiples cargos y denuncias en su contra, Cuauhtémoc Blanco sigue gozando de la protección de su fuero, un privilegio otorgado por su grupo parlamentario de Morena, que lo mantiene a salvo de la justicia; esto no es solo una demostración de impunidad, sino también una clara señal de queel poder político sigue estando por encima de la ley.

¿SOLICITÓ LICENCIA JESÚS CORONA? Con total cinismo, Jesús Corona Damián, edil de Cuautla y Agustín Toledano Amaro de Atlatlahucan han tratado de “nadar de a muertito” y pasar inadvertidos, algo que es literalmente imposible y por ello, incluso, se habla de que en las próximas horas estaría solicitando licencia al cargo de edil, obligado, por toda la información que ha trascendido por su reunión con el presunto líder criminal Júpiter Araujo Benard, alias ‘El Barbas’, y que causó un revuelo mediático que parece más un espectáculo de distracción que una verdadera muestra de justicia.

La FGR tal parece es la encargada de investigar los casos y por tanto, la poca credibilidad que tiene la institución hace pensar que no ocurrirá absolutamente nada, por lo que como ya es costumbre en los últimos años, se perfila hacia el olvido. La impunidad que caracteriza a nuestra clase política sigue estando presente y, con ello, una vez más se reafirma la burla hacia la ciudadanía que ha depositado su confianza en estos servidores públicos.

La solución, sin embargo, no puede ser solo una licencia temporal o una desaparición momentánea del cargo, por lo qué si los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan realmente tienen algo que ocultar o, peor aún, están vinculados con actividades ilícitas, no basta con que se "ausenten" por un tiempo. La política de la decencia no debe basarse en gestos simbólicos, sino en hechos concretos. Jesús Corona y Agustín Toledano no deberían esperar a que se enfríen las investigaciones ni a que el escándalo pase de largo; deben dar un paso al costado y permitir que el proceso siga su curso, sin que su presencia interfiera en la legalidad del mismo; esto, más que un acto de humildad o rectitud moral, es una cuestión de responsabilidad pública.

El caso también pone de manifiesto una realidad que, como sociedad, debemos enfrentar: la alianza entre ciertos actores políticos y criminales no es un secreto, sino un síntoma claro de un sistema que no busca erradicar la corrupción, sino protegerla; la omisión de acciones concretas por parte de las autoridades y la falta de presión desde la sociedad civil evidencian un pacto tácito de impunidad.

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