Observador político - Justicia secuestrada: podredumbre en el TSJ de Morelos

Han pasado ya casi tres semanas desde que el Congreso del Estado de Morelos avaló, con 17 votos a favor, la terna propuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para designar a su nuevo o nueva presidenta. Y sin embargo, la silla sigue vacía. No por falta de propuestas ni de procedimientos legales, sino por algo mucho más viejo y más grave: la ambición desmedida y el secuestro institucional por parte de una élite judicial que se niega a ceder sus cuotas de poder.

LA LUCHA POR EL PODER.- En un Estado donde la justicia es una burla cotidiana para la mayoría trabajadora, para los pueblos originarios, para las mujeres víctimas de violencia, es inaceptable que un grupo de magistrados, amparados en su autonomía mal entendida, mantengan paralizado al TSJ por intereses facciosos. Y es que hasta la fecha, no se han alcanzado los 15 votos necesarios de los 22 posibles —las dos terceras partes— para designar a la nueva presidencia del tribunal.

Pero ¿por qué? ¿cuál es el motivo? Porque razón estos magistrados no están pensando en los justiciables ni en el bien común y únicamente pelean por control político, económico y por las canonjías que históricamente han disfrutado en un sistema que les permite cobrar más de 100 mil pesos mensuales sin rendir cuentas a nadie.

Morelos actualmente se ubica en el último lugar nacional en impartición de justicia y no, no es casualidad, es consecuencia directa de años de excesos, omisiones, componendas, nepotismo y corrupción dentro del propio Tribunal Superior de Justicia que ha sido sangrado por los anteriores magistrados que dejaron la mayoría, a sus herederos en cargos importantes dentro del TSJ ocupando espacios con importantes emolumentos económicos que difícilmente los ganarían en otro lugar.

URGE UNA CONTRARREFORMA AL PODER JUDICIAL LOCAL.- Mientras tanto, los juicios se acumulan, las sentencias se retrasan y las víctimas siguen esperando. Pero eso sí: la nómina se paga puntualmente; por lo que la autonomía judicial no puede seguir siendo la coartada para la impunidad, es decir, la independencia judicial debe servir para proteger a los débiles del poder, no para blindar a los poderosos entre ellos.

Hoy, esa autonomía se ha convertido en una licencia para la holgazanería, la omisión y el cinismo. Estos magistrados han dejado de hacer su trabajo —resolver apelaciones, emitir sentencias, participar en las salas colegiadas— pero no han dejado de cobrar ni un solo peso.

Por esa razón, es momento de una contrarreforma judicial y para ello, el Congreso debe modificar la ley que permita que haya una elección del presidente o presidenta del TSJ que se haga por mayoría simple y no por mayoría calificada. El pueblo no puede seguir siendo rehén de las pugnas internas de una casta judicial que no representa ni defiende a nadie fuera de su círculo dorado, por lo que la justicia no puede seguir secuestrada.

También es hora de preguntarnos en serio: ¿a quién rinden cuentas estos magistrados? ¿Quién los evalúa? ¿Quién les exige resultados? La respuesta es brutal: a nadie. Porque así fue diseñado el sistema que está hecho a la medida de los poderosos, donde los de abajo sólo pueden mirar cómo se reparten el poder quienes jamás pisarán un juzgado como acusados, como víctimas o como pobres.

Es urgente que se desmantelen los privilegios, se abran los tribunales al pueblo y se recupere la noción más básica de justicia a fin de que esta sea rápida, gratuita y al servicio de quien más la necesita. Hoy, lo que tenemos es una cúpula que se cree intocable. Y eso también debe acabarse.

JUBILACIONES Y PENSIONES “DORADAS” DEL TSJ.- Solo a manera de ejemplo, ponemos a continuación una lista que en su momento emitió el Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”, respecto de lo que perciben por jubilación varios ex servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia:

Ricardo Rosas Pérez: 136 mil 576 pesos; Wilfrido López Luna: 111 mil 520; Samuel Sotelo Salgado, 105 mil 543; Jesús  Vallejo Jiménez: 102 mil 025; Virginia Popoca González: 97 mil 672; Ezequiel Honorato Valdez: 97 mil 540; Aurora Maura Linares Serrano: 93 mil 634; Ramón García Jacome: 90 mil 211; Jesús Guadalupe Dávila Hernández: 90 mil 211; Juan Manuel Díaz Popoca: 90 mil 211; Rodolfo de Jesús Cuevas Salazar: 89 mil440; Leticia Robles Santoyo: 88 mil 473; Jesús Antonio Tallabs Ortega: 87 mil 301; Juan Manuel Jiménez Alegre: 83 mil 653; Roberto Pérez Guerrero: 78 mil 391; María Emilia Acosta Urdapilleta: 67 mil 166; María Guadalupe López Román: 64 mil 028; Maurilia Rosina Domínguez Valdez: 64 mil 028; Florencio Altamirano Chávez: 64 mil 028; Isabel Bello Sotelo: 64 mil 028;  Ladislao Gutiérrez Rendón: 59 mil 479; Salvador Vargas Rangel: 57 mil 857; Guillermo Ortega Ocampo: 48 mil 620; Francisco Javier Lara Manrique: 47 mil 697; María Dolores Páez Vidales: 47 mil 615; Raymundo Arcibar Lazo: 47 mil 572; José de Jesús Arturo Castillo Córdova: 46 mil 143; Gabriel Armando Malpica Vides: 46 mil 101; Guadalupe Delfina Arredondo García: 45 mil 308; y Ángela Navarro Montes con 44 mil 523.

En algunos casos, las prestaciones económicas que perciben tanto jubilados como pensionados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, sobrepasan incluso, más de lo que gana la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, quien perciben 108 mil pesos netos. Sin embargo, tampoco es ilegal el recurso que mes con mes se les deposita a quienes cumplieron décadas de servicio en el TSJ, empero, para muchos es inmoral por las cantidades tan desproporcionadas a las que otros morelenses obtienen por haber entregado toda su vida al servicio público y que no sobrepasan más allá de los cinco mil pesos mensuales. Por ello, para los especialistas en el tema, los diputados deben de legislar para que quienes más ganen dejen de obtener cantidades estratosféricas de recursos públicos en detrimento de la mayoría de los ciudadanos.

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