El Tercer Ojo - Crónicas de Medellín III

Au sens étroit, la paix signifie absence de guerre et de violence ouverte. Dans un sens plus large, la paix implique la sécurité et le développement de l’être humain ainsi que la garantie d’une serie de droits fondamentaux pour tous. E’est donc sous trois aspects au moins qu’il faut donner un contenu à une politique qui favorise la paix.

Roy A. Preiswerk

Estimados lectores de El tercer ojo; dando continuidad a esta crónica que hube iniciado hace dos semanas, me dispongo a seguir con el asunto de las consecuencias económicas, políticas, socioculturales, psicológicas, etcétera de la violencia estructural que se vivió en Colombia y que según la lógica discursiva de diversos medios y analistas denominaron “La guerra”.

Que centre la exposición en los sucesos recientes en tal nación sudamericana, de ninguna manera significa que la violencia estructural únicamente se manifieste en esta república como se expresó de manera cruda y evidente –exprésese como una guerra frontal entre grupos militares, policíacos, paramilitares o guerrilleros o, además, como parte de la existencia, connivencia y colusión de grupos o cárteles del narcotráfico con las estructuras del Estado y gobiernos que se sirven de ésta para imponer sus condiciones de control y terror intranacional o regional—.

Asimismo, podemos reconocer que después de las “Dictaduras militares” que se impusieron en diferentes naciones del Cono Sur –Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia—, de países centroamericanos variopintos –Guatemala, Nicaragua y El Salvador— o de naciones de la región del Caribe –piénsese en Haití—, se ha mostrado fehacientemente en Perú y México, por lo menos.

Si acudimos al epígrafe con el cual he decidido iniciar este breve ensayo, “en sentido estricto, la paz significa ausencia de guerra y de violencia abierta”.

Bajo esta aproximación, sin duda, por lo menos desde la década de los años ochenta-noventa del siglo XX, somos testigos de una evidente “ausencia” de paz” y, por contraparte, somos presas de una “violencia estructural de guerra” caracterizada por: “1) El secuestro extorsivo o con fines de obtención de recursos económicos, 2) secuestro con fines políticos e ideológicos, 3) secuestro con fines de ejecución o “desaparición forzada”, 4) ejecuciones directas sin secuestro o “desaparición forzada”, 5) desplazamientos de población masiva y forzada, 6) muertes o heridos por “daños colaterales”, 7) huérfanos, viudas o viudos, y familias incompletas a consecuencia de la violencia, 8) niños y menores integrados (voluntaria o involuntariamente) al conflicto como milicianos, halcones, correos humanos u objetos de consumo sexual, 9) abandono de la educación escolarizada por inexistencia de condiciones propicias para el estudio, 10) consecuencias de naturaleza psicológica dentro de los ámbitos de la salud mental y la vida emocional o afectiva, 11) miedo, ansiedad, angustia, sentimientos de indefensión aprendida e inseguridad como perspectiva psicosocial, 12) stress postraumático,13) “Duelo ambiguo o incompleto”, etcétera”. (https://elregional.com.mx/el-tercer-ojo-cronica-de-medellin-colombia-ii).

Bajo estas circunstancias, siguiendo con la idea de Roy A. Preiswerk, “en un sentido más amplio, la paz implica la seguridad y el desarrollo del ser humano, así como la garantía de una serie de derechos fundamentales para todos”.

Es decir, sin duda alguna, siguiendo los dos niveles de análisis, tanto en sentido estricto como en sentido lato, tanto la ausencia de la paz como la presencia de la guerra y la violencia abierta, son la constante en nuestra existencia desde hace ya muy próximos a la media centuria.

Por ende, también, “es entonces que, bajo estas tres dimensiones –ausencia de guerra y de violencia abierta, seguridad y desarrollo del ser humano y garantía del ejercicio de una serie de derechos fundamentales—, por lo menos, deberá darse un contenido esencial hacia una política que favorezca la paz”.

Ello implica, necesariamente, que los Estados y los gobiernos asuman el compromiso de diseñar e instrumentar una política de seguridad, una política de desarrollo del ser humano y una política sustentada en la primacía de los derechos fundamentales del ser humano.

No se trata únicamente de proponerse una estrategia judicial, policíaca y militar, sino de trascender los planos de tal naturaleza y aproximarse hacia un horizonte sostenido en la trípode que he hecho explícita aquí.

El drama de Las Comunas Sectores 3 y 13, en Medellín, Colombia, a guisa de ejemplo, es la muestra viva de la elección de procedimientos judiciales, policíacos y militares que se sostienen en un “thanatocracia” proyectada hacia la “Solución clarifinante” –clara y final, según expresaba Paul Watzlawic—, eliminando definitivamente a quienes se han identificado como adversarios políticos, militares, culturales o sociales, bajo el eufemismo y estigma de “ilegales” o “delincuentes”.

“El día 16 de octubre del año 2002, el presidente Álvaro Uribe ordenó la toma de la Comuna 13” (…) El presidente Uribe dio la orden de realizar la ‘Operación Orión (…) En la ‘Operación Orión’ participaron más de 1200 hombres del ejército, la policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, con el acompañamiento de la Procuraduría (…)”.

Debo decir que no fue ésta la única vez que se diseñó y operó una “Solución clarifinante”; la ‘Operación Orión’ fue una de las más de diez ‘Operaciones Militares’ que fueron diezmando a la población de tal Comuna debido a las muertes, huidas o desplazamientos hacia otros lugares, heridos y frustración; la ‘Operación Mariscal’, ese mismo año, fue otra de las operaciones militares que realizó el Estado en esta zona de la ciudad durante el 2002.

A veinte años de distancia aún pude oler, ver y escuchar las secuelas de este drama. A veinte años de distancia la cantidad de asesinados, desaparecidos y desplazados se cuenta por cientos. Las huelas del dolor no cesan.