María Luisa no es Florence.

“No pido ningún favor para mi sexo. Todo lo que les pido a nuestros hermanos es que se quiten los pies de nuestro cuello”

Ruth Bader Ginsburg

La semana pasada se estrenó en México en una plataforma digital la serie documental sobre el Caso Cassez-Vallarta, basada una novela de Jorge Volpi: la serie cuenta como la joven francesa y su pareja, un mexicano que sigue en prisión, son detenidos acusados de secuestro y la liberación de la extranjera por una sentencia judicial que puso en la discusión pública, la cotidianidad de la tortura como método para obtener confesiones en las investigaciones policiales en nuestro país.

El caso fue mediático no solo por el montaje orquestado entre las principales televisoras del país y el secretario de Seguridad Genaro García Luna, sino por la presión diplomática que significó el activismo del gobierno francés encabezado por su presidente Nicolás Sarkozy.

Ni dudar que la liberación de Florence Cassez constituyó una acción jurídica impecable. Lo paradójico es porqué, miles de casos como ese que han ocurrido en nuestro país no han tenido el mismo final feliz como el caso de la joven francesa.

Tal vez la respuesta puntual tal vez la haya dado María Luisa Villanueva Márquez, una mujer de Morelos privada de su libertad hace 24 años acusada de secuestro, quien lo explicó así en una entrevista a los medios: “en mi caso por falta de dinero, por falta de mi familia, pues la verdad no pude defenderme, en este tiempo la falta de todo tipo de apoyo me hizo parecer culpable”. Sin duda las razones de ella son las miles de personas y sobre todo de mujeres.

María Luisa dijo también a los medios que fueron los mismos agentes “antisecuestros, los que indujeron el señalamiento por parte de las víctimas hacia su persona: “los mismos agentes indujeron bajo el argumento de que podía ser yo quién había secuestrado a la menor Sara. Los mismos elementos llamaron a la afectada poniendo mi fotografía en sus manos para que en el momento que pasara la Cámara de Gesell me señalaran”.

Y no solo eso, María Luisa señala a los policías del grupo antisecuestros como quienes la detuvieron y la mantuvieron en una casa de seguridad torturándola durante 4 días, quienes le sembraron pruebas falsas, quienes la torturaron psicológica y sexualmente, quienes falsificaron peritajes, quienes utilizaron testimonios falsos, y también quienes usaron para obtener su confesión inculpatoria el método infalible: la tortura.

La detención de María Luisa ocurrió en enero de 1998, aproximadamente mes y medio antes de que un miembro del grupo antisecuestros de la policía del estado de Morelos, dirigida entonces por el super policía de la guerra sucia Jesús Miyazawa, fuera sorprendido tirando el cuerpo de un presunto delincuente muerto por la tortura infringida.  Unos meses más tarde, el propio Gobernador del estado fue destituido de su cargo y entre otras causas, se le adjudicó su responsabilidad en la brutalidad policiaca y corrupción de los cuerpos policiacos que prevalecía en el estado.

Maria Luisa, sin duda conocía el modus operandi de los policías porque tenía como pareja a un comandante junto al que fue detenida en ese enero de 1998, por eso supo que las joyas sembradas como supuesta prueba del secuestro, eran joyas que ya tenía la policía antisecuestro desde un año antes y que estaba relacionado con un caso de 1997.

Con una condena de 30 años y de los cuales ha purgado 24, María Luisa se ha negado a recibir los beneficios que posiblemente la tendrían fuera del penal, porque está empecinada en demostrar su inocencia y su dignidad ha dado frutos. Logró una orden de un juez federal para reabrir su caso y ahora está a la espera de la resolución de una sala del fuero común que se encuentra revisando su caso y confía en que habrá justicia aunque ella no se Florence Cassez.

La investigadora del Ciesas, Aída Hernández Castillo quién ha realizado un trabajo extraordinario con mujeres privadas de su libertad en el Cereso de Morelos, llama a mujeres como María Luisa, mujeres pagadoras y lo explica así: “cientos de mujeres van a dar a la cárcel porque de manera voluntaria y cegadas por las trampas del amor romántico asumen la culpa por delitos que no cometieron. Otras veces son inculpadas por sus propias parejas o negociadas ante autoridades corruptas”.

También derivado de los estudios de la doctora Hernández Castillo, contamos con cifras sobre la condición de las mujeres en las cárceles y sabemos también de un fenómeno que no ocurre con los hombres privados de su libertad, que es al abandono hacia ellas por sus familiares y parejas, lo que explica casos como el de María Luisa. Dice Hernández Castillo en Bajo la Sombra del Guamúchil, una recopilación de testimonios de mujeres en reclusión del Cereso de Atlacholoaya: “estas historias también nos muestran que el encarcelamiento de las mujeres, el desarraigo de su comunidad, el abandono de sus hijos y la desestructuración de la vida familiar, no es la solución para alejar a las comunidades indígenas, pobres y campesinas de las redes del narcotráfico”.