Juego de Manos - Solución mínima, problema máximo

Septiembre llegó —aún alejado del semáforo verde en todo el país— junto con el regreso a clases. Este inicio del ciclo escolar 2020-2021 se dio de manera atípica, puesto que la pandemia por covid-19 ha obligado a llevarlo a cabo desde casa. Los salones de clases se trasladaron a los hogares de México y la educación pública se puso al “alcance” de nuestras pantallas.

Ello, permite que, quienes cuentan con las herramientas necesarias, puedan sintonizar la programación que les corresponde para continuar con sus estudios. Desde kínder hasta bachillerato, los horarios y canales fueron publicados para que las y los ciudadanos “asistan” a sus clases.

No obstante, este programa educativo ha demostrado que, a pesar de ser un derecho constitucional, el acceso a la educación sigue siendo cuestión de privilegios (aún más cuando se habla de educación de calidad). Hagamos cuentas.

Para que una familia con un solo estudiante pueda seguir la transmisión de sus clases, deben contar, por lo menos, con algún dispositivo que les permita sintonizar este contenido, como una televisión, radio, teléfono inteligente o computadora. Ahora bien, este consumo de contenidos digitales viene con un costo adicional de electricidad de manera cotidiana, por lapsos de varias horas, lo que eleva el costo de los servicios básicos del hogar.

Todo esto sin tomar en cuenta los hogares con más de una persona estudiando, que multiplica las dificultades y plantea nuevos retos en cuanto a organización y espacios. Ello representa un gasto que, para algunos sectores de la población, es insostenible o inalcanzable, más aún teniendo en cuenta el contexto de crisis económica y desempleo en el que nos encontramos actualmente.

El escenario cambia drásticamente cuando se trata de educación privada, en la que se las clases generales, sin interacción y con métodos de evaluación poco claros son sustituidas por sesiones virtuales que, si bien no alcanzan el nivel de enseñanza que se tenía previo a la contingencia, permiten acceder a una educación con un cierto grado de interacción y evaluación.

Es decir, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para mantener viva la educación pública, la realidad es que hoy enfrentamos un contexto alarmante en cuanto a rezago social y deserción escolar. La pregunta es: ¿qué hacer cuando la educación se vuelve aún más inaccesible de lo que ya era?

Bien, en redes sociales y medios se han visibilizado las pequeñas acciones de ciudadanos y ciudadanas que prestan su servicio de internet, sus conocimientos o espacios, para que sean utilizados por las personas que lo necesiten. No obstante, esto solo representa una solución mínima a un problema máximo.

Se necesita de la cooperación de la sociedad en niveles extraordinarios para hacer frente a esta problemática. Que, así como hay casos de activismo social en favor de quienes menos tienen, se presenten acciones a nivel macro por parte de los sectores que acumulan la mayor cantidad de riquezas y medios, para proporcionar alternativas sostenibles y accesibles para quienes ven privado su derecho al estudio. Por el bien de México y su futuro, no se puede desatender esta problemática.

Luces de alerta

El pasado domingo, fue tendencia en Twitter la etiqueta #SonMisFotos, a partir de que Lizeth Tovar denunciara la violencia de la que ha sido victima por parte de su exesposo, Gilberto Israel Bailón. De acuerdo con el testimonio de Lizbeth, Gilberto subió a internet fotos de su lugar de trabajo, así como contenido íntimo que ella le llegó a mandar cuando aún estaban casados. Asimismo, señaló que las amenazas de muerte y violencia psicológica ya formaban parte del comportamiento de Gilberto previo a este incidente.

A partir de este testimonio, que fue compartido en redes sociales, se generó una ola de comentarios de apoyo y solidaridad, identificados bajo la etiqueta #SonMisFotos, haciendo referencia a que la agresión a una mujer es un acto de violencia contra todas.

Se ha señalado hasta el cansancio —en Juegos, Escalas y otros espacios— que la violencia de género trasciende la contingencia sanitaria en la que nos encontramos. Bien se dice que esta es la otra pandemia, más longeva y letal, que afecta gravemente a nuestro país.

Este es un problema que se resolverá a partir de un cambio social profundo. Las legislaciones en la materia, como la reciente Ley Olimpia, sirven su propósito a nivel superficial; no obstante, esta crisis debe combatirse desde sus bases, a través la educación formal e informal.

Ahora bien, en nuestro caso como hombres, debemos mantenernos en constante contacto con la autocrítica, la reflexión y el cambio para bien. Entender que la cadena de responsabilidad en cuanto a violencia de género se refiere no se reduce a los agresores directos; sino que se extiende a aquellos que dejan pasar estos actos.

Compartir contenido íntimo sin el conocimiento de la otra persona es violencia (y, ahora, un delito), pero hacerse de la vista gorda al ser testigo de ello, nos vuelve cómplices. Seamos parte de la solución y no nos quedemos callados al presenciar actos de violencia. Esta pandemia se combate se combate desde todos los espacios.

Por cierto:

Las aguas siguen agitadas desde que el caso Lozoya movilizó a distintos personajes de la vida política y pública nacional. Desde los video-escándalos y filtraciones de la investigación que involucra al exdirector de Pemex, hasta los reveces jurídicos por parte de los señalados; la batalla continúa y la sociedad mexicana está pendiente a ver quién es la persona (o personas) que cae primero.

Ante ello, el Gobierno de México —o, será, ¿el presidente López Obrador? — ha tomado la decisión de poner a consulta si se lleva a cabo un juicio en contra de los expresidentes de la República. Este proceso fue propuesto para que se lleve a cabo a la par de las próximas elecciones intermedias del 2021 (¡que conveniente!).

Aquí, llama la atención la evidente conveniencia política de juntar la elección de nuevas caras en diversos espacios del Poder Ejecutivo y Legislativo local y federal, con el recuerdo amargo de antiguos jefes de Estado envueltos o embarrados en casos de corrupción, delincuencia organizada y negligencia. El presidente continúa sacándole todo el jugo posible al caso de Emilio Lozoya (no se le vaya a amargar) quien, por cierto, no ha pisado el suelo de la prisión desde que regresó a México.

¡Lucharááán, de dos a tres caídas sin límite de tiempo!:

diegopachecowil@gmail.com