Estancados en el combate a la corrupción

Los Duarte (Javier y César) y Roberto Borge no pueden celebrar lo que Graco Ramírez logró en Morelos, crear un Sistema Anticorrupción a modo. Hoy los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo están presos.

El 27 de mayo de 2015 se publicó el Decreto por el que se reformó la Constitución Mexicana en materia de combate a la corrupción, con ello los estados debieron realizar sus modificaciones locales y “esperar” la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la cual se dio el 18 de julio de 2016. Sin embargo, hubo algunos gobernadores vivales (Que actúa con picardía y falta de honradez para aprovecharse de una situación y sacar un beneficio en su favor) que se adelantaron a las Leyes Generales y realizaron reformas en sus estados para crear sistemas locales anticorrupción y con ello fiscalías anticorrupción (Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Morelos), tribunales de justicia administrativa (Quintana Roo y Morelos) o el comité de participación ciudadana (Morelos).

Las reformas locales de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua fueron impugnadas por la Procuraduría General de la República y echadas para abajo. La estrategia de impunidad de los exgobernadores se cayó. Pero Morelos fue la excepción, solo el ex diputado de la 52 legislatura (2013-2015) Carlos de la Rosa votó en contra señalando que se debía esperar a las Leyes Generales, nadie más dijo nada, nadie impugnó, todos los partidos callaron.

Lucía Meza y Javier Bolaños presentaron como suyo el 10 de junio de 2015 (aunque el documento de la iniciativa evidencia que fue hecho por el gobernador o su consejero jurídico) el proyecto para crear el Sistema Anticorrupción de Morelos. En 20 días fue aprobada (1 de julio 2015) y el 11 de agosto se publica en el Periódico Oficial, el 18 de agosto el gobernador envió la terna para ocupar la Fiscalía Anticorrupción en la que el 28 de agosto -3 días antes de terminar la legislatura- se designa a Juan Salazar Núñez hasta ese momento Consejero Jurídico del gobierno de Graco Ramírez. Ese mismo 28 de agosto se designaron Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana. 78 días les bastó para concretar lo que Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge no pudieron lograr.

Pasaron los días y nadie impugnó, nadie se quejó, tanto los políticos (aunque ya sabemos porqué) como los ciudadanos no fuimos capaces de inconformarnos, de quejarnos de la aberración legal que estaba ocurriendo. En 2017 con la 53 legislatura logramos detener otros abusos de los legisladores, al querer meter mano en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, pero no pudimos lograr el cambio del Fiscal Anticorrupción, la oposición de PRI y PAN se sentía agobiada porque no les pagaban sus sueldos y prerrogativas, los diputados del PRD y aliados tenían los 20 votos necesarios para mantener en el cargo a Juan Salazar Núñez, cedieron en regresar como delito grave la asignación de pensiones a quien no las merecía, pero por nada del mundo cederían en quitar a su fiscal anticorrupción.

En esa misma legislatura se encargaron de designar a Uriel Carmona como Fiscal General. El 15 de febrero de 2018 a las 9:49 hrs el Congreso de Morelos recibió la propuesta de terna del Gobernador en tan solo unos minutos, los legisladores locales entrevistaron a los aspirantes -supuestamente- y designaron a quien hoy ocupa la Fiscalía mismo que el 15 de agosto de 2018 ratificó a Salazar Núñez en la Fiscalía Anticorrupción.

Algo rescatable, es que la gran mayoría de aquellos legisladores de la 52 y 53 o la actual 54 legislatura ya no tendrán un cargo en las próximas administraciones. Aunque sus omisiones y complicidades están presentes y siguen causando daño a Morelos.

Hoy estamos pagando las consecuencias. Estamos estancados en el combate a la corrupción. Estamos pagando haber callado desde 2015, en haber estado apartados de la observación y presión legislativa. Tenemos un Sistema Anticorrupción con conflictos de interés - a pesar de ser un delito grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas- que no ha servido para combatir la corrupción sino para asegurar impunidad. ¿Acaso el Sistema Anticorrupción puede presumir algo? No tenemos ni el mínimo de información sobre el número de denuncias, el estatus general de ellas, solo comunicados de detenciones de charales por trámites administrativos, pero ningún pez gordo, muchos delitos podrían estar a punto de prescribir.

La próxima legislatura debe evaluar el desempeño de las fiscalías y la auditoría porque hoy, no han dado resultados, lo peor es que se ha tolerado la corrupción y se asegura impunidad.

Si queremos evitar que la justicia y el combate a la corrupción siga siendo controlada por los políticos y asegure impunidad, se debe reformar la constitución local para asegurar que los nombramientos de las instituciones autónomas y encargadas de la justicia sean realmente transparentes y profesionales, que lleguen los mejores ciudadanos y no los cuates o los que garanticen complicidad.

La 55 legislatura (2021-2024) podría reconocerse por poner orden legal y transparencia en las designaciones. Deben sentar las bases para que las instituciones verdaderamente funcionen y garanticen que los ciudadanos tengan oportunidad de desarrollarse en un ambiente de legalidad y justicia.

Tener instituciones de justicia y combate a la corrupción autónomas permitirá que se invierta mejor en seguridad generando que ingresen más inversiones y empleo a Morelos, obligará a que los municipios inviertan en mejores servicios públicos que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. En resumen, nuestro desarrollo como estado dependerá en gran medida de la autonomía y profesionalismo con el que se desempeñen las instituciones de combate al delito y la corrupción.