Escala de Grises - Las prioridades son otras

El inicio de esta semana en Guerrero estuvo marcado por la violencia. El lunes 23 de octubre se dio a conocer que un grupo de hombres armados asesinó a 13 personas, entre los que se encontraban Alfredo Alonso, secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, y Honorio Salinas, director de la policía preventiva.

Los agentes atacados circulaban por la carretera Acapulco - Zihuatanejo cuando fueron emboscados. De acuerdo con la versión difundida por la Fiscalía del Estado, ya se establecieron un par de líneas de investigación y, hasta el momento, no hay registro alguno de amenazas en contra de los servidores públicos.

Sin embargo, la preocupación por la seguridad en la región es cada vez mayor. Tan sólo hace un mes, el jefe de la Fiscalía en Chilpancingo fue asesinado. Ahora, un asesinato manchó la carretera que une a los dos principales destinos turísticos de Guerrero; un estado en el que siguen registrándose crímenes y bloqueos.

De acuerdo con El País, la violencia es tal que se esperan más de mil 650 víctimas de asesinato para diciembre de este año; eso sin considerar a las personas que sufran cualquier otro delito. ¿Cuáles son las estrategias que se están considerando para garantizar la seguridad e integridad de la población?

Se habla del avance de organizaciones criminales, de disputas por el territorio, de ataques con drones, de incendios y de una serie de delitos que siguen sin detenerse; mientras las comunidades son asediadas y sus derechos constantemente vulnerados. ¿Cuál es el papel de las autoridades locales y federales? ¿En dónde está su responsabilidad? ¿Cuál es su posicionamiento?

Lo que ocurre en Guerrero se replica en otros estados y, a pesar de eso, la situación no parece mejorar en lo más mínimo. Las personas siguen siendo víctimas de desaparición forzada, las cifras en materia de inseguridad son cada vez más altas, la violencia aumenta y no hay medidas concretas para frenarla.

Los problemas que nos han traído hasta este momento son tan diversos como estructurales, razón por la cual es tan difícil desmantelarlos. Sin embargo, no perdamos de vista que permanecer inmóviles ante las múltiples tragedias que azotan este país es sinónimo de complicidad.

Organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos han realizado una serie de incontables recomendaciones que son ignoradas por los tres niveles de gobierno. ¿Qué queda por hacer, entonces? ¿Cuáles son las alternativas para sobrevivir en un Estado negligente?

Con las elecciones del 2024 a la vuelta de la esquina, las prioridades son otras. No importa que las comunidades sean desplazadas a causa del crimen organizado, mientras el resultado en las encuestas sea el esperado. No importan los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos, mientras los discursos enunciados sean aplaudidos; eso nos queda claro.

Guerrero es un síntoma de la enfermedad que se padece (en mayor o menor medida) en el país entero y no basta con condenas enérgicas o cualquier afirmación que el presidente realice en su conferencia matutina si éstas no están acompañadas de acciones específicas para dejar de normalizar la violencia.

El primer paso es aceptar que existe un problema mayúsculo que no puede reducirse a la presente administración, sino que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. El segundo paso es tener el compromiso necesario para destinar recursos al fortalecimiento del raquítico sistema de justicia que se presenta en todos lados.

¿Qué se necesita? Personal capacitado para atender e investigar emergencias como las que se presentan en todo el territorio mexicano, recursos suficientes para que se lleven a cabo los procesos conforme a la ley, dejar de criminalizar a las víctimas, atender las recomendaciones de organismos internacionales, dejar de pretender que “no pasa nada” y que todo se soluciona con abrazos… La lista es larga.

Pero por algo se empieza:

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