Secreto a voces - ¡Fue el Estado!: Informe de la Comisión de la Verdad (2 y última)

Las políticas dirigidas a erradicar a las organizaciones que se rebelaron contra el Estado contemplaron a todo el aparato estatal: las organizaciones de seguridad como el Ejército y la Marina, las corporaciones encargadas de espiar y vigilar a los opositores, las policías estatales y municipales, los poderes del Estado entre ellos el Poder Judicial, los gobiernos locales, estatales, todo, absolutamente todo se dirigió a intentar eliminar a los grupos sublevados contra el gobierno. En particular, se elaboró una estrategia para acabar con absolutamente todo con aquello que se encontraba vinculado con la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Además de contar con el apoyo de los aparatos de inteligencia e información ilegales y los cuerpos de choque y seguridad, de tipo paramilitar, existente en diferentes entidades al servicio de caciques locales. El informe contempló la labor que desarrollarlo los medios de comunicación electrónicos e impresos. El Estado actuó como coordinador y operador del silencio que se aplicó a la prensa, en algunos casos contó con el apoyo de antemano de algunas empresas de comunicación. Los periodistas independientes fueron hostigados y algunos de ellos fueron víctimas de la violencia del Estado.

La libertad de prensa fue una amenaza contra el modelo postrevoluciionario. Los medios de comunicación jugaron un rol importante porque se encargaron de distorsionar lo que ocurría en ese momento. Por ejemplo, una de las prácticas más recurrentes en los inicios del periodo analizado (1965) fueron las ejecuciones extrajudiciales. Los medios de comunicación las minimizaron sustituyendo la verdad con mentiras como de que se trataba de pleitos locales. En estos sucesos las víctimas fueron organizaciones populares, comunidades campesinas, incluidos núcleos sociales de partidos opositores al régimen hegemonizado por el PRI. La apertura electoral del gobierno como estrategia para atenuar las inconformidades terminaron en protestas contra fraudes electorales que fueron alcanzadas por la represión.

En cuanto a la desaparición forzada de personas, el informe expone que durante la época de la guerra sucia no existía el delito de desaparición forzada. Por lo que para efectos de la Comisión, se tipificaron como delitos por secuestro, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. Se encontraron 244 expedientes. La mayoría de los expedientes corresponden al estado de Guerrero (292 víctimas), le sigue la ahora Ciudad de México (45 víctimas), Sinaloa (28, víctimas), Jalisco (41 víctimas), México (11 víctimas), Chihuahua (10 víctimas), Chiapas (11 víctimas), Sonora (8 víctimas), Nuevo León (5 víctimas), Hidalgo (4 víctimas), Oaxaca (3 víctimas), Michoacán (9 víctimas), Morelos (3 víctimas), Puebla (2 víctimas), Baja California (3 víctimas), Tamaulipas (1 víctima), Veracruz (1 víctima),  y Nayarit (1 víctima). El ejército participó en 281 desapariciones. Como se puede apreciar las entidades más impactadas por las desapariciones forzadas fueron los grupos guerrerenses, el entonces Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa.

Vale la pena mencionar que, con respecto a instituciones que colaboraron con la Comisión de la Verdad, destaca el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, mexicano. Dice el texto que: “Con relación al CONAHCYT, investigadores adscritos a esta institución desarrollaron el Sistema Angelus, proceso que ocurrió en una estrecha colaboración con el Equipo Especializado, ya que el objetivo principal de Angelus es atender las necesidades del procesamiento de la información para las acciones de búsqueda del Equipo. Cabe mencionar que en junio de 2024, el Sistema Angelus fue transferido oficialmente de CONAHCYT a la Secretaría de Gobernación. Con esto, se espera que otras instituciones como fiscalías y comisiones locales de búsqueda puedan utilizarlo con fines similares”.

Dentro del informe se destaca que: “Uno de los resultados quizá más relevantes fue la exhumación de los cuerpos de siete personas, víctimas de ejecución extrajudicial a manos del Ejército entre 1967 y 1974, en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero”.

Por lo que se refiere a la reparación de los daños ocasionados por la guerra sucia, en 2023 se reunieron 102 (42 de manera virtual) personas, dice el informe, fueron víctimas de las atrocidades de aquella infeliz guerra. A ellos se les explicó el proceso para crear un Registro Nacional de Víctimas y de reconocimiento de la calidad de víctima. “Al cierre de este informe, el Registro Nacional de Víctimas contó con un total de 2 mil 619 víctimas inscritas por hechos derivados del periodo conocido como Guerra Sucia, de las cuales 460 (98 directas y 362 indirectas) se inscribieron a partir de los trabajos realizados por la Comisión para el Acceso a la Verdad”

Dice el Informe de la comisión que: “Del padrón total de víctimas 632 (24.1%) son víctimas directas y 1,987 (75.8%) son indirectas; mientras que 1,357 (51.8%) son hombres y 1,262 (48.2%) son mujeres. En cuanto a su edad, 125 (4.8%) víctimas tienen entre 0 y 17 años; 420 (16%) tienen entre 18 y 40años; 926 (35.4%) tienen entre 41 y 59 años; 1,004 (38.3%) tienen 60 años y más, y de 144 no se cuenta con información”. Aquí vale la pena mencionar que existe en el país una importante cantidad de ex combatientes de los grupos de las organizaciones político militares que lucharon contra la cerrazón política/gubernamental en el periodo multicitado. Por alguna razón, no fueron consultados e incorporados dentro de las entrevistas que se llevaron a cabo y, asimismo, no fueron ni han sido incorporados al Registro como es el caso de los ex combatientes del barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, entre otros.

Dentro de las conclusiones, el informe final subraya: “Este Informe Final destacó tres hallazgos de primer orden. Primero, los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, contribuyeron a que ahora contemos con un listado concreto de sitios de interés para la búsqueda de personas; desde instalaciones militares, panteones civiles, hasta pozos, cerros y canales, en donde será de gran importancia continuar las investigaciones. Segundo, la documentación de planes y operativos contrainsurgentes que se implementaron como política de Estado de 1965 a 1990 con el propósito de eliminar a organizaciones guerrilleras y grupos disidentes. Y tercero, se enfatiza la referencia a una serie de listados (recopilados por los equipos del MEH) de personas señaladas como probables responsables de la comisión de los crímenes durante el periodo conocido como guerra sucia, así como las líneas de mando con las personas e instituciones que muy probablemente estuvieron a cargo o por lo menos al tanto de estos operativos de aniquilación”.

Algunos aspectos que los ex combatientes consideran relevantes y que debería contemplar en trabajos futuros es la atención de la salud para los sobrevivientes. Que se transparente la información de las víctimas y los apoyos recibidos, así como eliminar los requisitos para ser incorporados a los registros como el del estudio socioeconómico y psicológico. Otro aspecto importante a considerar es la la administración autónoma de los espacios de la memoria.

Con esta segunda entrega cumplimos con la publicación de una síntesis del informe de la Comisión de la Verdad creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.