Escala de Grises - Hasta donde llegue la responsabilidad

El lunes 10 de enero, en el penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, fue localizado el cuerpo de un bebé en la basura. La Fiscalía General del Estado acudió a iniciar la carpeta de investigación correspondiente para darle seguimiento al caso de manera inmediata. La noticia comenzó a circular días después, pues la información salía a cuentagotas.

Los primeros datos que se dieron a conocer fueron que el bebé tenía tres meses de edad, aproximadamente, y que presentaba una cirugía en el área abdominal. De acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, fue un interno quien encontró el cuerpo del bebé en el basurero. Las especulaciones no se hicieron esperar.

La organización Reinserta (que atiende a infancias y personas menores de 18 años expuestas a situaciones traumáticas derivadas del sistema de justicia penal) fue una de las primeras en posicionarse al respecto. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Saskia Niño de Rivera, presidenta de dicha organización, denunció los hechos y aseguró que el bebé había ingresado como visita.

A través de plataformas digitales, la misma organización sentenció que las autoridades están completamente rebasadas y son cómplices de los actos de corrupción que se viven al interior del penal.  Entre las condenas enérgicas, Reinserta también exigió que se establezcan protocolos eficientes (aunque suene a pleonasmo) para el cuidado y la protección de menores de edad que ingresen a los centros de reinserción social.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación y solicitó medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios en dicha entidad; así como a la Unidad Especializada de la Fiscalía. El objetivo de la institución es el mismo que deberían tener el gobierno de Puebla y la nación entera: esclarecer lo ocurrido.

Poco más de diez días después de que se encontrara el cuerpo en el penal de San Miguel, el bebé fue identificado. Su nombre era Tadeo. De acuerdo con el testimonio de su familia, el bebé falleció a causa de problemas intestinales el pasado 5 de enero. Un día después, fue sepultado en la Ciudad de México.

Como si el hecho no fuera lo suficientemente doloroso, les progenitores de Tadeo se enfrentaron a la exhumación y robo del cuerpo del bebé. Ante lo ocurrido en Puebla, la vinculación fue casi inmediata. La familia de Mateo acudió con las autoridades correspondientes para señalar la posible relación entre acontecimientos, por lo que comenzaron las indagatorias pertinentes.

Se revisaron los documentos correspondientes a la atención médica y muerte del menor, se tomaron muestras biológicas para realizar un examen pericial y todos los datos concordaron. El cuerpo de Tadeo fue exhumado en la Ciudad de México y trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) en Puebla.

Debido a lo anterior, la Fiscalía General de la Ciudad de México inició un acompañamiento (jurídico, económico, psicológico y social) para les progenitores de Tadeo. Del mismo modo, las autoridades capitalinas ofrecieron la gestión de los servicios funerarios sin costo alguno, así como el traslado del cuerpo.

A pesar de que se informó que la investigación se encontraba en la fase final, las autoridades de Puebla continúan con las averiguaciones pertinentes. Hasta el momento, se ha logrado identificar a la persona que depositó el cuerpo del bebé en la basura del CERESO y, según Miguel Barbosa (gobernador de Puebla), se han emitido 23 órdenes de aprehensión.

Entre las personas detenidas se encuentran supervisores y custodios del reclusorio, mismos que se enfrentan a un proceso judicial por negligencia. Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la dirección de Centros Penitenciarios de la entidad, Rogelio López Maya y Jorge Gómez Torres, también fueron destituidos. “Hasta donde llegue la responsabilidad”, sentenció Barbosa Huerta para asegurar que el caso se esclarecerá “sin inventar hechos, ajustado a los procedimientos”.

La situación se viralizó pocos días después en plataformas digitales, especialmente en Twitter. Es en esta misma red donde cibernautas continúan posicionándose al respecto, especulando, buscando una explicación que alcance a retratar el horror de la noticia. Se ha calificado el hecho como una película de terror, pero ni eso parece correcto.

Pretender que la realidad en nuestro país sea parte de la ficción y de la fantasía le quita cualquier posibilidad de asimilarla. Asumir que es ajeno a nosotres, que no nos hiere de maneras inimaginables y que, como dicen las autoridades, es un “caso atípico” sería caer en un vacío falto de empatía.

¿Cuántos casos se necesitan para que se detenga todo hasta encontrar a las personas responsables, entonces? Cuando hablamos de justicia, normalmente contemplamos aspectos como el castigo penal; sin embargo, abarca mucho más que solo “encarcelar a las personas responsables” (cosa que tampoco es simple, cuidado).

Además de investigar a fondo lo que ocurre en los Centros de Reinserción Social de Puebla y de todo México, se debe investigar no solo a las personas que participaron en el delito, sino también los vínculos que permitieron que sucediera, los huecos dentro del sistema, todas las conexiones (y las razones) posibles entre la exhumación de un cuerpo y su posterior localización en un basurero.

¿Por qué el personal del CERESO se exentaba de responsabilidades como la revisión de personas y vehículos que ingresaban al penal? ¿Cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Qué más ocurre dentro de los Centros de Reinserción Social que no se vuelve noticia? ¿Por qué el cuerpo de Tadeo ingresó al penal de San Miguel?

Las dudas abundan y cada una es tan desoladora como la anterior. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades y hasta qué grado están involucradas? Porque Miguel Barbosa asegura que se investigará a fondo, pero no estoy segura de que esté considerando todo lo que eso implica también para él y su gabinete, por decir lo menos.  

Los protocolos para el control de lo que ocurre dentro de los penales son urgentes. Se necesitan controles de vigilancia, medidas de seguridad, revisiones constantes, rendición de cuentas y acciones institucionales; pero, sobre todo, se necesita una garantía de no repetición como parte del concepto “justicia”.

Hasta que se nos haga costumbre:

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