Caso Zapotitla, ¨para largo¨: jurista; feministas presionan
Juan Lagunas
Ante la diversidad de voces que demanda la renuncia del diputado Marcos Zapotitla Becerro, por haber cometido una presunta violación contra una fémina, el proceso, en todas sus variables, duraría hasta un año.
“Va para largo”, advirtió el abogado defensor, Cipriano Sotelo Salgado, quien se dijo “respetuoso” de las expresiones que se han suscitado desde colectivos feministas, dirigentes de partidos políticos, asociaciones civiles y habitantes (en este caso, por medio de redes sociales): “es un derecho constitucional”; empero, “no estoy de acuerdo con su posición”.
Comentó que, en lo que respecta al procedimiento de “desafuero” en contra del asambleísta, éste contempla “varias etapas”; podría prolongarse alrededor de 365 días, recalcó.
Asimismo, aclaró que, en su momento (si se da), intervendrá (en específico, en la tercera fase): “el Congreso no tiene la facultad discrecional de desaforar a una persona sólo porque se le pida”; debe existir un “sustento jurídico”.
En su oportunidad, comentó que harán “el soporte de la ausencia de esos requisitos”, a efecto de que la asamblea, “con base en lo que dice la ley, declare la improcedencia”: Por tanto, pidió “paciencia”, “prudencia” y, además, “respetar los momentos procesales”.
El tercer momento será ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, precisó; la primera se tradujo en la presentación de la solicitud; la segunda, remitirla a la Junta Política y de Gobierno, para que “lo valoren” … Mientras tanto, “el asunto está paralizado… todo el procedimiento… No camina… Hasta que se declare procedente (el desafuero)”; entonces, hasta aquí, la Fiscalía General del Estado “estará en condiciones de judicializar la carpeta de un juez”; de lo contrario, “hasta que el diputado termine su cargo” (en agosto de 2021).
E insistió: “esto va para largo”. Al parlamentario “le queda todavía un año en el cargo. No sabemos si en ese año el desafuero prospere o no… Nosotros tenemos que hacer lo propio”.
Los “demás no pueden decidir”; sólo es “él”, que tendrá que encarar “… un proceso…”. “Yo sería irresponsable de pedirle a un cliente que renuncie a su protección constitucional y le haga frente a un proceso amañado”, finalizó.
