Calla TSJ ante acusaciones a jueces; hoy, audiencia de Daniel Adán en Atlacholoaya
Tras señalamientos realizados por Maykeler Viazcan sobre que existe encubrimiento
Sin respuesta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras las acusaciones de “favoritismo” hacia juez acusado de homicidio culposo; Maykeler Viazcan López, viuda de la víctima, aseguró que existen “demoras intencionales” en el proceso; después de dos años hoy se llevará la audiencia para judicializar el expediente.
Tras los señalamientos que realizó el lunes pasado la señora Maykeler Viazcan López, en las puertas del Palacio de Gobierno, sobre que existe encubrimiento por parte del Poder Judicial a favor del aún juez Daniel Adán Rodríguez Apac, el TSJ no se ha pronunciado al respecto.
En las declaraciones públicas de Maykeler, junto con su abogado, hizo un llamado directo a la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López, a quien solicitó “imparcialidad y justicia” dentro del proceso en contra del juez.
Pese a la solicitud directa, a través de los medios de comunicación la titular del Poder Judicial tampoco ha hecho ningún tipo de pronunciamiento al respecto, pese que la viuda indicó que han existido irregularidades, tales como “la lentitud” con que se ha desarrollado el proceso por parte de la institución.
De acuerdo a las declaraciones de los quejosos, este día, miércoles 4 de diciembre, se llevará a cabo una audiencia en Ciudad Judicial Atlacholoaya, alrededor de las 10 de la mañana, en donde se buscará que el presunto culpable de la muerte de Pedro Portillo pueda ser sujeto a la justicia.
En aquel entonces, el 18 de diciembre del 2017 El juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del TSJ, Daniel Adán, obtuvo su libertad, luego de pagar una garantía económica impuesta por el agente del Ministerio Público, tras ser detenido.
Al transcurrir el término constitucional de 48 horas, el juez obtuvo su libertad debido a que el delito, por ser catalogado como accidental, no es considerado como grave y, según la representación social, el Ministerio Público, no existía el riesgo de sustracción de la justicia.
Desde aquel momento la familia de la víctima insistió en que el funcionario judicial merecía la prisión preventiva como medida cautelar para enfrentar el proceso penal, por lo que lamentó las presiones de servidores públicos para favorecer al juzgador desde aquel momento.
Rodríguez Apac, intentó llegar a un acuerdo reparatorio con indemnización de 500 mil pesos, sin embargo, la cantidad fue considerada por la esposa de la víctima como “inaceptable”, esto por las circunstancias en las que ocurrió el incidente, aunado al daño ocasionado, pues dejó en orfandad a una menor que en aquel tiempo tenía solo 5 años de edad.