Brindan capacitación en materia de declaraciones patrimoniales
Redacción
En el marco de las atribuciones y en apego al Programa Anual de Trabajo 2020 de la Secretaría de la Contraloría, se brindó capacitación a los titulares de los Órganos Internos de Control, adscritos a los organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, relativa a las obligaciones en materia de presentación de Declaración Patrimonial y de Intereses.
La capacitación tiene por objetivo facilitar el cumplimiento de los servidores públicos en el rubro, conforme a los lineamientos y plazos estipulados tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.
Cesar Santana Nava, contralor estatal, destacó que “una de las primeras responsabilidades de este Órgano Estatal de Control, es implementar mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas, que garanticen la transparencia en la actuación y la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos, con la finalidad de coadyuvar en el combate a los hechos de corrupción”.
Para ello, la Dirección General Jurídica y de Situación Patrimonial, adscrita a la Contraloría, impartirá la capacitación durante los días 18, 19, 20 y 21 de febrero, para otorgar de herramientas y conocimientos necesarios a los comisarios públicos, quienes de acuerdo a sus funciones, deberán replicar al interior de sus organismos los procesos y lineamientos claros que permitan al servidor público cumplir en tiempo y forma con dicha obligación.
Durante esta jornada de trabajo, se abordaron los temas de los tipos, plazos y formas para la presentación de la declaración, y sus excepciones para este 2020, así como aspectos relevantes, tales como los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre los nuevos formatos de la Plataforma Digital Nacional, mismos que entrarán en la Entidad en vigor hasta el 2021.
En ese contexto, Santana Nava resaltó la importancia de que los servidores públicos se encuentren preparados en la materia para el cumplimiento de sus obligaciones, a fin de lograr una administración más comprometida con la rendición de cuentas y la legalidad.
