Breves de Abogados y Políticos - Crisis institucional

La audiencia se fijó a las 10:00 de la mañana del día de ayer, en una de las salas de Juicios Orales de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. En el asunto a tratar, una de las partes fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Unos minutos después de la hora fijada, llegó presuroso la persona que se ostenta como Fiscal de Delitos Diversos, de la mencionada Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova.

Se presentó solo y su alma. A él, el Juzgado Quinto de Distrito le negó la suspensión definitiva contra el acto que reclamó, mismo que en síntesis es: “..que el suscrito no sea separado, cesado, removido o destituido del cargo que ostento y que no se me sea suspendido el pago correspondiente, ni se me impida el ejercicio de mi profesión, ni encargo, así como para que no se ordene y/o acuerde el inicio del procedimiento administrativo de separación del suscrito, y para el caso de que ya se haya iniciado el mismo, se ordene a las responsables suspender el mismo en forma previa a resolver en definitiva el procedimiento relativo, en virtud de que se trata de un acto que de consumarse sería de imposible reparación…”

La negativa de otorgarle la suspensión definitiva, obedeció a que la juez federal consideró que el acto fue consumado (su destitución) y aunque el amparo seguirá su curso hasta la Audiencia Constitucional, es obvio que no puede ostentarse como Fiscal de Delitos Diversos. A sabiendas de que puede ser acusado del delito de usurpación de funciones, se presentó nervioso a la audiencia. Se cumple puntual aquello de que “los carniceros de hoy serán las reses de mañana.”

Cuando los magistrados le preguntaron por qué no estaba presente en la sala el asesor jurídico adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, de manera precipitada, sólo atinó a decir que estaba en otra audiencia en Atlacholoaya, que sólo tienen a una persona como tal y que por ese motivo no le fue posible acudir. El magistrado ponente procedió entonces a hacer efectiva la multa de veinte Unidades de Medida y Actualización que como apercibimiento se señaló y ante dicha inasistencia, la audiencia se suspendió y se señaló nueva fecha para su realización.

Cuando le pidieron al señor Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, que mostrara el original de su cédula profesional, torpemente señaló que “se le perdió” y entregó una copia simple de la misma, bajo el argumento de que ya solicitó la reposición de la original.

Muy tolerantes la tripleta de magistrados, tanto así que una de ellas, Martha Sánchez Osorio -cuñada del fiscal Uriel Carmona- le aventó un salvavidas al asesor jurídico que no se presentó y pidió que se le diera un plazo de tres días para justificar su inasistencia, para así evitar la multa.

Lo cierto es que lo anterior es sólo un ejemplo de que vivimos una crisis institucional en el aparato de procuración de justicia, provocada por la situación que prevalece en la Fiscalía General. En los hechos operan dos Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción y ni siquiera otras instituciones con quienes de manera frecuente tienen que trabajar coordinadamente (en este caso el Tribunal Superior de Justicia del Estado), saben bien a bien si están tratando con los “efectivos” o con impostores.

En el amparo 1294/2023, del Juzgado Quinto de Distrito, el mencionado Zeus Gutiérrez Córdova, recibió un serio revés, cuando le negaron la suspensión definitiva. Sin embargo, promovió un Incidente de Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Provisional, misma que ciertamente le fue concedida en un inicio. Esto es una estrategia de “chicanear” el asunto y así prolongar la resolución de fondo, pues aparentemente el juicio de amparo lo tiene perdido por tratarse de un acto consumado.

El mismo Juzgado Quinto de Distrito, resolvió (en el diverso amparo 1291/2023), negarle la suspensión definitiva a Édgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien todavía se ostenta como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos y cuyo acto reclamado es el mismo que el de su amigo Zeus: evitar ser removido del cargo. Y claro, siguió la misma estrategia de promover el referido Incidente mencionado, para “chicanear” el asunto.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, quien es enemigo de ellos, pretendió obtener copia certificada del expediente, pero le fue negada por el Juzgado Quinto de Distrito, por no ser parte en el juicio de amparo. Los actos de ambos fiscales pueden ser impugnados por los servidores públicos que han sido sometidos a los mismos, acusando incluso el delito de usurpación.

Lo cierto es que la crisis institucional se ha prolongado innecesariamente y sin embargo tiene una solución rápida: la renuncia de Uriel Carmona Gándara o su destitución inmediata por parte del Congreso del Estado de Morelos. Como dicen en el pueblo: “muerto el perro se acabó la rabia”.