Serpientes y escaleras - ¿Vale la pena robar?

Cuando hay justicia y la ley se aplica, la corrupción desaparece.

¿Vale la pena robar?

Hace unos años Enrique Peña Nieto dijo en un acto público que la corrupción es un asunto de orden cultural, por lo cual era necesario construir una nueva cultura ética en la sociedad mexicana. La expresión del entonces presidente de México fue desafortunada y le granjeó múltiples críticas, porque muchos consideraron que sus dichos eran falsos y ofensivos para el pueblo mexicano. La realidad es que en nuestro país robar ha sido fácil y casi siempre sin consecuencias.

Hagamos memoria, lectora lector queridos, de lo que históricamente ha ocurrido en México en este tema, particularmente en lo que se refiere a las administraciones públicas. Durante años hemos sido mudos testigos de funcionarios que llegan al cargo con un patrimonio personal discreto y salen de él llenos de dinero.

Una y otra vez la historia se repite sin importar el partido o el nivel de gobierno del que se trate; lo mismo lo hemos visto en gobiernos del PRI, del PAN, del PRD y ahora de Morena. La corrupción no tiene ideología, ni se limita por estrato socioeconómico; la premisa de que “no va a robar porque ya tiene mucho dinero” es absolutamente falsa, porque los ladrones roban sin importar lo abultado de sus cuentas.

Para entender de lo que hablamos habría que observar lo que ha sucedido los últimos años en Morelos: prácticamente todos los ayuntamientos están en quiebra porque las administraciones pasadas saquearon las arcas, contrataron créditos millonarios y dejaron sin capacidad de maniobra a los nuevos gobiernos.

Si lo personalizamos la historia se pone más interesante: hagamos un recuento de los personajes que ocuparon cargos públicos y se enriquecieron en unos cuantos años; este tipo de sujetos (hombres y mujeres) están en los ayuntamientos, en el gobierno estatal y en las delegaciones federales. ¿Recuerdas a alguno?

Lo que ha hecho posible esta situación no es solo la complicidad entre autoridades, sino el hecho que legalmente valía la pena robar. Explico:

Con las reglas que en el pasado reciente medían y castigaban los abusos financieros de los servidores públicos, era sencillo y totalmente atractivo abusar del presupuesto. Imaginemos que un funcionarios desviaba recursos: La primera reflexión era la manera de hacerlo sin que nadie se diera cuenta, acto seguido lo que se ponía a consideración eran las consecuencias de ser descubierto. Aquí es donde la cosa se pone interesante.

De acuerdo con las leyes anteriores, el mal uso de los recursos públicos (en cualquiera de sus modalidades) era considerado un delito menor que no ameritaba una pena corporal, es decir, el culpable podía ser llevado a juicio, pero en ningún momento era privado de su libertad y aún en caso extremo de ser puesto tras las rejas, las penas que se purgaban no iban más allá de 5 años y el dinero se lo quedaba. Por eso era atractivo robar.

En los pocos casos en los que un servidor era cachado, llevado a juicio y encarcelado por mal uso del dinero público, el recurso sustraído nunca se les quitaba, es decir, aún y cuando fuesen hallados culpables y los sentenciaran, al salir de prisión conservaban lo robado. Piensen, por ejemplo, que alguien robaba 50 millones de pesos y por eso se iba 10 años a la cárcel, pero conservaba el dinero. ¡Valía la pena!

Con la nueva ley de extinción de dominio, las reformas fiscales y los cambios que se han hecho a las leyes que tienen que ver con el servicio público y la corrupción, el primer elemento a analizar es que a los presuntos responsables de inmediato se les congelan sus cuentas, se puede hacer lo mismo con el dinero de sus familiares y de sus empresas y les pueden confiscar sus bienes. Ahora el primer golpe contra cualquier acto de corrupción es contra el patrimonio de los acusados y al final, si resultan ser culpables, pierden todo lo que el gobierno les confisca. Entonces ya no vale la pena robar.

En el combate a la corrupción ese cambio es sustantivo de parte de las autoridades federales, porque le quitan lo atractivo al robo. Antes desviar el dinero del gobierno era sencillo y atrayente porque aún en caso de ser cachado, el dinero no se regresaba; ahora quienes lleven a cabo actos de corrupción no solo pierden la libertad, también pueden perder todo su patrimonio y el de sus familiares.

Lo anterior viene a colación por lo que recientemente ha dado a conocer el gobierno federal y las especulaciones que muchos hacen en torno al llamado “Caso Primavera”.

La investigación anunciada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es cosa seria, sobre todo por el marco en que se dio a conocer y los alcances políticos que tendría una acción de este tipo.

Los hechos involucran a un “jefe de la oficina de la gubernatura” a un “hombre de la política” y sin que sea parte formal de la investigación, al propio titular del gobierno del que se trate, porque el escándalo sin duda lo alcanzará.

Es imposible que el tema anunciado por Santiago Nieto se quede como una simple declaración, porque la UIF nunca ha utilizado su trabajo para fintar. La difusión del tema en una conferencia mañanera del presidente López Obrador, además, incluye un mensaje político que deberán entender todos aquellos que podrían estar bajo la mira del gobierno federal, porque la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene el visto bueno presidencial. El golpe viene y va a ser muy fuerte.

En el “Caso primavera”, trátese de quien se trate, el alcance de las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera irá más allá del presunto culpable; en los pasillos de poder del gobierno federal se habla de más personas que estarían involucradas en el tema, ayudando desde el gobierno al “sujeto principal” a mover tal cantidad de recursos o como socio en este multimillonario desvío de dinero. 

En tanto la Unidad de Inteligencia Financiera da el siguiente paso en el “caso primavera”, todo son especulaciones.

El problema para los implicados es que el siguiente paso será la detención del presunto culpable.

-          posdata

Hace unos días, al término del parlamento de mujeres en la sede del congreso local, el jefe de la oficina de la gubernatura de Morelos buscó a los reporteros para declarar sobre el Caso primavera; visiblemente nervioso y sin negar las acusaciones, esto fue lo que dijo José Manuel Sanz:

“El que la deba que la pague. Si a como cualquier ciudadano hubiese una investigación, el día que llegue yo sería el primero en cooperar con las autoridades; soy un libro totalmente abierto y sobre todo como cualquier ciudadano pido que se preserve el principio, que es de mucha importancia, de presunción de inocencia… es lo único que les quiero decir, no hay juicio, no hay nada en este momento, no hay ni nombre ni nada en este momento, entonces no se puede juzgar a la gente como antes y sobre todo, es un principio de derecho humano y de ley preservar los principios que son fundamentales, en este caso la presunción de inocente…

-          ¿Se deslinda de los señalamientos de quienes ya lo culpan a usted?

No voy a responder eso, me deslindo de esos señalamientos porque es cero corrupciones en general, entonces si se hace una investigación, pues lógicamente colaboraría en la investigación. Como ya lo dije soy un libro abierto.”

• nota

Hagamos un poco de memoria:

En abril del 2004 la Procuraduría General de la República detuvo al coordinador de la policía ministerial de Morelos José Agustín Montiel López y a su director operativo Raúl Cortés Galindo; ambos fueron acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada, específicamente con el cártel de Juárez.

Los policías en activo fueron trasladados a las oficinas de la SIEDO y posteriormente llevados a un penal de alta seguridad, en donde también se les notificó de otras acusaciones que tenían, relacionadas con el asesinado de un exjefe policiaco y diversos señalamientos de tortura.

El entonces secretario de gobierno de Morelos Eduardo Becerra Pérez confirmó la detención de ambos policías (muy cercanos al gobernador Sergio Estrada Cajigal), aunque dijo desconocer los motivos de su captura. Tras el encarcelamiento de Montiel López, el gobernador panista perdió el control de su gobierno, tuvo que relevar a su hombre fuerte de la Secretaría de Gobierno y permitir que su partido colocara en su lugar a una gente de su confianza. La designación de Jesús Giles como secretario de gobierno la hizo el PAN, no el gobernador.

La debacle del estradismo comenzó ahí, cuando el gobierno federal detuvo a uno de sus funcionarios; el mecánico fue enjuiciado políticamente y tuvo que pagar muchos millones de pesos a los diputados para evitar ser destituido del cargo. Este hecho, a la postre, acabó con la popularidad de Sergio Estrada Cajigal y aniquiló su insipiente carrera política. 

En mayo del 2009 el gobierno de Felipe Calderón detuvo al entonces secretario de seguridad pública de Morelos Luis Ángel Cabeza de Vaca y a su par en Cuernavaca Francisco Sánchez González; los acusó de tener nexos con la delincuencia organizada.

El favor político que el gobierno federal concedió al gobernador de Morelos fue permitirle destituir al funcionario unas horas antes de ser detenido; Marco Adame citó a Cabeza de Vaca, le notificó su remoción y cuando el funcionario salía de su oficina en Torre Morelos luego de recoger sus pertenencias, fue capturado por agentes federales y trasladado a la SIEDO, de donde posteriormente fue llevado a un penal de alta seguridad.

Luego de la detención el gobierno estatal informó a través de un comunicado de prensa que la autoridad federal informaría de la situación jurídica de estas personas y estarían atentos a las resoluciones judiciales; refrendaron su compromiso con la seguridad y la justicia en favor de los habitantes de Morelos y reiteraron su decisión de colaborar con las instituciones nacionales de seguridad y de justicia.

El argumento que dio el gobernador Adame a partir de ese momento fue que Cabeza de Vaca ya no era funcionario de su gobierno al momento de ser detenido, aunque ese hecho no lo libró del desgaste social que vino después y que a la postre le costó al PAN perder el gobierno de Morelos en el 2012.

Conclusión: cuando el gobierno federal pega así a un gobierno estatal, las consecuencias son enormes para todos.

-          post it

Muchas denuncias ha presentado la fiscalía anticorrupción en contra de ex funcionarios por diversos ilícitos cometidos; una y otra vez la oficina de Juan Salazar emite comunicados dando a conocer las denuncias, pero hasta ahora no han podido dar un golpe certero contra nadie. Todo es circo.

Aclaremos: casi todos los expedientes iniciados por el ex empleado de Graco Ramírez son todos contra funcionarios de medio pelo y en el caso de exservidores públicos de primer nivel, la constante es que se trata de carpetas de investigación flojas que se caen solas por falta de pruebas.

Una y otra vez se ha destacado la incompetencia profesional del fiscal anticorrupción de Morelos, aunque habría que analizar que quizá su notoria torpeza (el sujeto tiene cara de déficit), tiene la intención oculta de ayudar a los inculpados.

Ahora que los legisladores han decidido analizar la actuación del Fiscal General, también deberían voltear a ver a Juan Salazar; recordemos que a este personaje lo nombró la legislatura pasada a petición del exgobernador y para tenerlo contento, además de darle un enorme presupuesto e inamovilidad por varios años, se le otorgó el beneficio de un salario de por vida.

El punto no es solo removerlo del cargo por ser omiso en su trabajo, antes hay que cambiar la ley para retirarle los beneficios excesivos que le regaló su jefe Graco Ramírez.

-          redes sociales

La buena: El secretario de gobierno Pablo Ojeda Cárdenas reconoció que existen graves problemas de inseguridad en el estado.

La mala: Informó que cinco presidentes municipales de Morelos están amenazados por la delincuencia organizada.

La peor: Afirma que no existen policías suficientes para salvaguardar la integridad de los alcaldes.

¿Cómo se llama la obra?

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