Observador político - Sueldo de 1era, trabajo de 2da en los Programas para el Bienestar

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En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Sueldo de 1era, trabajo de 2da en los Programas para el Bienestar

En Morelos, la desigualdad no solo se mide en colonias marginadas o en los salarios miserables que recibe la clase trabajadora, ya que también se expresa en la arrogancia burocrática de quienes, desde un escritorio con aire acondicionado y escolta política, cobran como si transformaran el país… cuando en realidad apenas transforman su perfil de Facebook.

JOSÉ ISAÍAS LÓPEZ, GANA MÁS QUE LA GOBERNADORA.- José Isaías López Rodríguez, delegado de los Programas para el Bienestar en Morelos, gana un salario neto mensual de 108,133 pesos. Sí, más que la propia gobernadora Margarita González Saravia y apenas 24 mil 867 pesos menos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todo esto mientras el personal de Bienestar es quien realmente realiza los pagos, atiende a la gente y hace el trabajo territorial que sostiene la narrativa de un gobierno cercano al pueblo.

La comparación, por sí misma, ofende: un trabajador de la construcción en Morelos gana 321 pesos al día, alrededor de 6,930 al mes. Es decir, el delegado obtiene en un mes lo que un albañil tardaría más de 15 meses en juntar. Y después nos dicen que la “cuarta transformación” está reduciendo privilegios.

Pero la incongruencia no termina en la nómina. Basta revisar las redes sociales de la delegación: publicaciones dedicadas a actos oficialistas, propaganda del partido gobernante, fotos de acompañamientos políticos… y muy poco sobre la entrega real de apoyos. Las redes sociales, que deberían servir para transparentar el trabajo de campo, se han convertido en una extensión más del márketing morenista.

Lo más pintoresco, casi digno de una sátira, es que el propio delegado apenas tiene 317 seguidores en su página de Facebook y para intentar levantar esa cifra, no es él quien da la cara: es un subalterno, Eustolio Pani Barragán, director de Programas Federales -y hermano de la contralora estatal, Alejandra Pani- quien entra a la cuenta para pedirle a la población que “siga al delegado”. Un acto que ilustra no solo la falta de arraigo social del funcionario, sino también la dependencia burocrática de un pequeño círculo político que se recicla entre sí.

El problema de fondo no es solo el salario desproporcionado. Es la distancia abismal entre el discurso de austeridad republicana y la realidad de ciertos operadores federales que viven como funcionarios de primer nivel sin demostrar trabajo de primer nivel. ¿Cómo exigir credibilidad a un gobierno que pregona cercanía al pueblo mientras sus representantes cobran como élite y actúan como élite?

HERMANO DE PANI, PIDE QUE SIGAN SU CUENTA DE FACEBOOK.- Si la transformación va en serio, debería empezar por revisar estos privilegios en silencio, estos enclaves de burocracia dorada que se reproducen con la misma lógica que la vieja política a la que supuestamente venían a sustituir.

Porque mientras un delegado federal en Morelos vive con sueldo de presidenta, miles de familias sobreviven con el salario de miseria que la propia estructura estatal ha normalizado. Y esa contradicción, por más que intenten ocultarla con propaganda o seguidores prestados en Facebook, tarde o temprano pasa factura.

NIÑOS EN LA MIRA: EL RECLUTAMIENTO CRIMINAL EN MORELOS.- Por más que las autoridades intenten presentar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado como un “fenómeno preocupante”, lo cierto es que estamos frente al síntoma más doloroso de un país desfondado por la desigualdad, la negligencia institucional y la absoluta incapacidad del Estado para garantizar un proyecto de vida digno para la juventud.

La magistrada Adriana Pineda Fernández, presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, advirtió recientemente que grupos delictivos están integrando a menores -no solo de diversas regiones de Morelos, sino también provenientes de Oaxaca, Guerrero, Puebla y la Ciudad de México- a sus estructuras criminales. Lo que para el discurso oficial es “alarmante”, para las comunidades empobrecidas hace tiempo es cotidiano: la disputa por los cuerpos y los futuros de jóvenes que el Estado considera desechables.

No basta con lamentar que algunos adolescentes expresen el deseo de “ser parte” de esos grupos. ¿De dónde surge esa aspiración? De la precariedad Y de la falta de un mejor horizonte, es decir, de los territorios donde el crimen organizado es el único actor que ofrece -aunque sea de forma perversa- ingresos, identidad, pertenencia o movilidad. En un país donde las políticas públicas han sido históricamente diseñadas para administrar la pobreza, no para combatirla, ¿quién puede sorprenderse de que el crimen ocupe los vacíos que deja el Estado?

Pineda Fernández señala con razón que las investigaciones no deben centrarse exclusivamente en la detención de adolescentes, sino en quienes los reclutan, trasladan y manipulan aprovechando su vulnerabilidad.

Sin embargo, este señalamiento queda incompleto si no se nombra el entramado político que permite el crecimiento de estas redes: la corrupción institucional, la colusión policial, la impunidad sistemática y la ausencia de inversión real en educación, cultura, salud mental, desarrollo comunitario y empleo digno.

Hablar del traslado de jóvenes entre entidades no es solo describir una operación criminal; es reconocer que hay logística, rutas, complicidades y omisiones que no ocurren sin el silencio -cuando no la participación- de autoridades en distintos niveles. La justicia para adolescentes no puede operar aislada: requiere un Estado que deje de gestionar la violencia y comience a desmantelar las condiciones que la generan.

Mientras el Estado siga reaccionando en vez de prevenir; mientras se apueste por la criminalización de los jóvenes en vez de por su protección; mientras las instituciones sigan mirando el problema desde arriba y no desde las comunidades que lo padecen, el reclutamiento de menores no disminuirá. Se profundizará.

Y entonces, como siempre, serán los niños -no los funcionarios, ni los empresarios o políticos- quienes paguen el costo de un país que se niega a poner la vida en el centro.

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