Serpientes y escaleras - Frontera rota

La mezcla de política y seguridad ha hecho de México un país ingobernable

Frontera rota

Durante décadas la seguridad pública en México operó bajo una regla inviolable: la prevención y persecución del delito y la política partidista no se mezclaban; la premisa era sencilla, pero funcionaba: quien sabía mandaba. Así las cosas, las áreas de inteligencia, las policías y las oficinas dedicadas a la seguridad estaban encabezadas por cuadros técnicos, personas con oficio, carrera y sobre todo con estabilidad sexenal. Luego todo cambió.

Cuando los políticos respetaban ese territorio y no utilizaban ni las instituciones ni los temas relacionados con la seguridad para ganar elecciones las cosas funcionaban mejor. Por supuesto que había fallas, excesos, pero en general la división entre política y seguridad era más funcional, sobre todo comparado con lo que vemos ahora.

Antes los políticos de todos los partidos y las corrientes de opinión respetaban ese territorio porque entendían que mezclar intereses partidistas con tareas policiales traería consecuencias catastróficas. Cada uno estaba en lo suyo, se conocían, convivían, transitaban, pero en general se mantenía en su espacio: los políticos administrando y gobernando y los policías combatiendo al crimen.

Esa frontera se rompió hace más de veinte años cuando comenzó la politización del sistema judicial y de seguridad, cuando las corporaciones policiacas y los tribunales se convirtieron en parte del botín de los partidos políticos, motivo de negociación, lugar de acomodo laboral para amigos, familiares, correligionarios e incondicionales; en ese momento la estrategia de seguridad se convirtió en un rehén electoral. Desde entonces la seguridad y la política dejaron de coexistir y se contaminaron mutuamente.

Morelos es uno de los ejemplos más claros y persistentes de ese proceso; desde la llegada de Jorge Carrillo Olea la situación ha ido de mal a peor, con cambios constantes, designaciones partidistas, improvisación, agendas personales, cuotas de poder y ninguna supervisión de resultados.

Desde entonces y hasta la fecha los ciudadanos somos testigos de la llegada y salida de figuras que no conocen de impartición de justicia ni de seguridad, de personajes sin capacidad ni experiencia que responden a acuerdos políticos y que asumen cargos de vital importancia operativa sin tener la capacidad ni la experiencia. Justo por ello una tras otra, todas las estrategias de seguridad de los gobiernos han fracasado.

Pero el problema no solo radica en la improvisación, falta de capacidad y experiencia, a ello se añade que la politización de la seguridad abrió la puerta a otro tipo de intereses, permitió la llegada de personajes que utilizaron a los partidos políticos para entrar a las instituciones de seguridad y desde ahí proteger a los grupos criminales.

Frente a esta situación la pregunta es básica ¿se puede revertir el daño estructural que los políticos han causado a las instituciones de seguridad? y la respuesta es contundente: no. Mientras la política siga dentro del cuarto de máquinas de la seguridad las cosas no mejorarán y los ciudadanos seguiremos pagando el costo de la politización de la seguridad.

Un secretario de seguridad con dedicación exclusiva, autonomía operativa y respaldo del ejecutivo puede avanzar, ordenar, depurar y profesionalizar, pero si a su alrededor siguen operando intereses políticos, cálculos partidistas, presiones de grupos internos y figuras que controlan áreas estratégicas o tienen pactos con actores políticos o grupos criminales, su margen de efectividad se reduce al mínimo.

La seguridad no es un archipiélago autónomo ni un feudo personal, es un área que trabaja de la mano con la fiscalía y el tribunal de justicia, que para dar resultados necesita de la fuerza y compromiso de los municipios y el apoyo de una estructura de inteligencia que le permita entender y anticipar problemas.

Cuando estas áreas están ocupadas por figuras políticas que se mueven por intereses partidistas o personales la lógica operativa cambia, porque no se busca institucionalmente resolver problemas, se trabaja de manera individual para obtener beneficios y ello perjudica al estado y a sus habitantes.

Esto es justamente lo que ocurre en Morelos desde hace muchos años, comenzó cuando los políticos utilizaron el problema de seguridad para hacer campaña, sin interesarse en que la situación mejorara o que la violencia disminuyera, se trataba simplemente de echarle gasolina a la hoguera, de encender el fuego social y sacar provecho del caos.

Luego vino el asalto a la estructura del poder judicial, en donde lo mismo que en la procuraduría/fiscalía y las oficinas de seguridad estatal y municipales se desplazaron a los funcionarios con capacidad, carrera y experiencia, cuando se hizo de lado el perfil profesional y se privilegió la cuota de grupos. A partir de entonces los integrantes de las áreas de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia pasaron de resolver problemas a administrar los daños.

Cada tres y seis años, cuando comienza la efervescencia política los problemas se agudizan; el caos es gasolina para la crisis y la desorganización es el elemento que ha permitido a la delincuencia ganar terreno frente a la sociedad. Desde hace años las posiciones clave no están en manos de los que más saben, esos lugares los ocupan los más cercanos, los familiares, los amigos, los cómplices, todos aquellos que están dispuestos a decirle que si a todo lo que les piden quienes los ayudan a llegar.

El abuso tiene consecuencias: para la sociedad el pago de factura es altísimo, la frontera rota se paga con la sangre de muchas personas, con el patrimonio de la gente que trabaja y la tranquilidad de las familias que temen salir a las calles. En un estado donde la impunidad prevalece, los delincuentes operan a sus anchas y los jueces liberan a los criminales, los damnificados son los ciudadanos que sufren la doble victimización: de quienes los agreden y de quienes protegen a los agresores.

Para los gobiernos el costo también es elevado, porque esta situación genera un enorme malestar popular, provoca inestabilidad, ingobernabilidad, descontento social, mala percepción y un rencor colectivo que deriva en el cambio constante de la tendencia electoral.

Cuando asumen el poder los partidos y los gobernantes se sienten invencibles, se marean con las muestras de apoyo que reciben todos los días en los eventos que ellos mismos se organizan y al hacerlo comienzan de manera inconsciente a descalificar lo mismo que ellos criticaban antes de asumir el poder.

Ahí comienza el principio del fin, cuando pierden el piso, cuando consideran que toda la crítica es ataque, cuando asumen que pensar diferente es traicionar y colocan a su partido por encima de la gente. La inseguridad es un problema enorme que literalmente mata: mata la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, mata la credibilidad de los partidos y mata a las administraciones públicas.

Morelos como cualquier estado y todo el país puede mejorar su seguridad, pero no lo logrará fácilmente, ni sucederá en el corto plazo; el primer paso para que las cosas cambien está en volver a separar la política de la seguridad, los intereses de campaña de las estrategias de prevención del delito y las cuotas de poder de los ámbitos de justicia.

Mientras eso no suceda, mientras la seguridad, la justicia y la política sigan estando en la mesa de negociación, nada va a cambiar.

·         posdata

Aunque nunca colocó la seguridad como eje de su campaña, ni cometió el error de prometer solucionar el problema en un plazo forzoso, Margarita González Saravia ha sido enfática en que su gobierno buscaría desde el primer día la pacificación del estado.

La apuesta de la primera gobernadora de Morelos en la secretaría de seguridad fue por un civil, por alguien experimentado en el terreno de la investigación y prevención del delito, avalado por el gobierno federal, ajeno a la vida pública local y libre de vínculos políticos o con grupos delictivos.

El plan de la morenista era tener el control de todas las áreas de seguridad para mejorar las cosas: la secretaría y la fiscalía, además de involucrar en el trabajo y en las estrategias a los presidentes municipales, a los otros dos poderes y a la federación.

A diferencia del pasado, cuando Graco Ramírez arrebató el manejo de las policías a los alcaldes y luego Cuauhtémoc Blanco dejó el tema en manos de terceros, la gobernadora apuesta por una coordinación permanente y supervisión directa. Graco buscó protagonismo, Cuauhtémoc fue omiso, pero Margarita quiere resultados.

A pesar del esfuerzo y la dedicación, de que estadísticamente estamos mejor que antes y de que la coordinación entre corporaciones y los tres niveles de gobierno existe, el panorama sigue siendo complejo porque la percepción negativa se mantiene.

Romper la narrativa de la inseguridad en Morelos no es una tarea sencilla, hablamos de cinco administraciones sexenales consecutivas que han naufragado por este tema, de cinco gobernadores que vieron empañado su trabajo por problemas de inseguridad y vínculos con grupos criminales.

Sobre Margarita González Saravia no hay dudas sobre su probidad, ni tampoco sospechas que su gobierno pudiera relacionarse con intereses criminales, por el contrario, la confianza que genera su historia de vida y actuación diaria confirma que el estado se encuentra en buenas manos y sin el riesgo de volver a vivir una crisis como las de otras administraciones. El reto es dar resultados antes de que la gente se desespere.

La tarea no es sencilla porque frente al esfuerzo institucional, la mejora en los indicadores, los operativos y las detenciones, cada hecho de violencia empaña el trabajo y juega en contra de la percepción hacia el gobierno.

La inseguridad es un monstruo de mil cabezas, es un problema profundo, multifactorial, sumamente complejo y con redes de complicidades más allá de lo que vemos. Precisamente por eso el reto es mayúsculo y la comunicación es estratégica, para que la paciencia no se acabe antes de tiempo.

Como en el resto de los estados del país, en Morelos el principal reclamo de la gente es seguridad. Llegar a la meta no será fácil ni rápido.

·         nota

Lo ocurrido en el Tribunal de Justicia Administrativa luego de la designación de dos nuevos integrantes es algo que no puede pasar desapercibido. A su llegada las nuevas magistradas fueron investidas con su toga, una ceremonia solemne, protocolaria, que marcó el inicio de sus funciones jurisdiccionales.

A Clara Soto la invistió la magistrada Vanessa Carmona, pero en el caso de Karla Socorro Reyes la toga le fue conferida por una secretaria de estudio y cuenta, no por un magistrado, algo que representa una grosería a su figura y un desprecio a su nombramiento.

Unas horas antes de que el congreso nombrara a Clara Soto Castor y a Karla Socorro Reyes como nuevas integrantes del TJA de Morelos, el magistrado presidente del tribunal, Guillermo Arroyo, declaró que “no necesitaban dos nuevos magistrados, porque ello implicaría 20 millones de pesos más de presupuesto”. La manera como el pleno recibió a la hermana del coordinador de Morena parece un desquite personal frente a una decisión institucional.

La ceremonia de bienvenida no fue ocurrencia, se programó con anticipación y se decidió quien colocaría la toga a las dos nuevas integrantes. “Mónica está de licencia” fue la justificación de Guillermo Arroyo para que a Socorro Reyes no le pusiera la toga una magistrada; pero Mónica Boggio sí estuvo y pudo colocar la toga a la nueva integrante del TJA, pero no lo hizo.

Al no tratarse de un acto jurídico, no existía impedimento para que una magistrada con licencia le diera la bienvenida a la nueva integrante, pero la decisión de Arroyo y Boggio fue contundente: no.  

Cualquiera de los otros tres magistrados varones pudo llevar a cabo el protocolo de investidura, de hecho, dos de ellos se ofrecieron a hacerlo, pero por mayoría se determinó que no fuera así; la orden fue que quien protocolizara el inicio de funciones de Karla Reyes fuera una funcionaria de rango menor. ¿Por qué?

La decisión de los diputados puede ser revisada o cuestionada, pero a los magistrados del TJA no les correspondía hacer un juicio de valor, ni tratar con desprecio a las recién llegadas, menos tratándose de una dama.

Pero así es Guillermo Arroyo. Genio y figura. Un hombre con toga que hace negocios con el cargo y el apoyo de sus dos aliadas.

·         post it

El alcalde Urióstegui reconoce que el titular de la Seprac podría ser removido si no da resultados. “Hay claroscuros, altibajos que deberían ser más estables para reducir la delincuencia en Cuernavaca”.

¡Bravo!

·         redes sociales

Un funcionario que reconoce fallas en su equipo es por mucho más confiable que aquellos que se empeñan en defender lo indefendible.

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