Observador político - ¿Otra vez, van por el Cuauh en San Lázaro?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Cuando se habla del deterioro político en Morelos, hay nombres que se han vuelto inevitables y uno de ellos es Cuauhtémoc Blanco. La estela de desastre financiero, social y administrativo que dejó tras su paso por la alcaldía de Cuernavaca y después como gobernador es ya parte de la memoria reciente de los morelenses. Pero quizá lo más indignante es que, lejos de asumir responsabilidades, hoy ocupa una curul federal que parece servirle más como escudo que como espacio legislativo.
EL FUERO: SU PROTECCIÓN.- De no haber sido porque un grupúsculo de diputados que se vieron favorecidos con él cuando fue gobernador de Morelos, lo respaldó al igual que su partido Movimiento de Regeneración Nacional para que no le quitaran el fuero porque de lo contrario, hoy quizá estuviera descansando en una fría celda de algún reclusorio de Atlacholoaya, toda vez que fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por su media hermana a quien al parecer, intentó violarla de acuerdo a la narrativa de su familiar.
Pero además, si algo ha caracterizado al ahora diputado, es su profunda improductividad pública: un legislador ausente, desconectado del territorio que dice representar, y que sigue privilegiando su imagen personal por encima del servicio público. Para Blanco Bravo, el cargo ha sido un uniforme más, no una responsabilidad ante un estado que dejó sumido en crisis.
Por lo tanto, las acusaciones que hoy enfrenta el exfutbolista no pueden tomarse a la ligera y quizá el parlamentario federal Adrián Martínez Terrazas quien hizo público el señalamiento que no es menor en contra de Cuauhtémoc Blanco: la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 230 millones de pesos en el ejercicio 2023, recursos que debieron destinarse a áreas tan esenciales como salud y educación, pero que, según se denuncia, terminaron envueltos en una presunta red de corrupción y opacidad.
EL ABANDONO COMO POLÍTICA.- Durante su sexenio, Blanco dejó en ruinas los servicios básicos. En Morelos, la infraestructura educativa se desmorona y el sistema de salud opera con carencias propias de regiones marginadas. Ese abandono no fue casual ni producto de la “inexperiencia” política del exfutbolista; fue el resultado de un modelo de gobierno sustentado en el clientelismo, la improvisación y, sobre todo, la falta de transparencia.
La izquierda no puede —ni debe— mirar hacia otro lado cuando la corrupción golpea directamente a la población más vulnerable. El abandono de los servicios públicos es una forma de violencia social.
De ahí que el desafuero debería ser una obligación ética, no solo legal y por ello, la exigencia de iniciar el proceso de desafuero contra el Cuauh no es un capricho partidista ni un movimiento electoral. Es una demanda mínima de justicia. Un país que permita que sus funcionarios utilicen el fuero como blindaje personal está renunciando a la democracia y al Estado de derecho.
Como señaló el legislador panista, “no podemos proteger desde el Congreso de la Unión a funcionarios que le han robado a los morelenses”. Y tiene razón. La izquierda debe ser la primera en exigir rendición de cuentas, incluso —y especialmente— cuando los presuntos actos de corrupción provienen de figuras que alguna vez se presentaron como “antipolítica” o “candidatos del pueblo”.
Lo que se discute hoy no es solo el futuro político de Cuauhtémoc Blanco. Lo que está en juego es si Morelos podrá, algún día, salir del círculo de abandono institucional al que fue condenado durante su administración. Investigar a fondo el uso de más de 200 millones de pesos desaparecidos no es una persecución política: es una obligación ética con las miles de familias que hoy carecen de servicios dignos.
LA SÍNDICO DE CUERNAVACA, SE SUMA AL RECLAMO.- En medio de un contexto político cada vez más degradado por la corrupción y la impunidad, resulta necesario recordar -y exigir- que el poder no debe blindar a quienes han sido señalados por graves crímenes. La reciente decisión de la síndica del municipio de Cuernavaca, Paula Trade, de sumarse públicamente a la petición para que se le retire el fuero al legislador federal Cuauhtémoc Blanco Bravo representa un acto de responsabilidad política y moral que debería ser norma, no excepción.
Las denuncias en su contra no son menores: desde acusaciones por desfalco de recursos públicos hasta una acusación de su media hermana por presunto intento de violación. Aun cuando las indagaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado (ESAF) sigan su curso, el fuero no puede convertirse en un sinónimo de impunidad — y mucho menos cuando se trata de posibles delitos tan graves.
Paula Trade no sólo responde a una obligación ética: también pone el foco en el daño real causado a una comunidad. Según sus declaraciones, administraciones anteriores (como la del exalcalde Antonio Villalobos Adán) deterioraron las finanzas municipales, afectando a trabajadores y ciudadanos por igual. Eso significa que pedir justicia en este caso no es sólo defender a una posible víctima de violencia, sino también exigir rendición de cuentas por quienes manejan el erario público como si se tratara de su patrimonio privado.
Desde una perspectiva de izquierdas, esto va más allá del castigo individual. Es una oportunidad para denunciar un sistema donde los privilegios institucionales —lo que representa el fuero— se usan para proteger a quienes, por su posición, pueden cometer abusos con impunidad. Si queremos un Estado verdaderamente democrático, con justicia social, debemos desmantelar esas redes de privilegios que acumulan violencia, corrupción y desigualdad.
No es cuestión de afanes de persecución, sino de coherencia: quien aspira a servir al pueblo no puede esconderse tras inmunidades cuando enfrente señalamientos de agresiones sexuales o desfalcos. Y la voz de Paula Trade —quien en tanto mujer y representante popular decidió apoyar a la víctima y exigir responsabilidad— debería ser el referente, no la excepción.
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Gerardo Suarez Dorantes

