Observador político - ¿Hay corrupción entre magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo?

En Morelos, donde el acceso al agua es ya un privilegio y no un derecho garantizado, el Tribunal Colegiado de Distrito volvió a exhibir lo que los vecinos de Vista Hermosa denuncian desde hace años: un Tribunal de Justicia Administrativa atrapado entre irregularidades procesales y decisiones que parecen más orientadas a proteger proyectos privados que a defender el interés público y en donde tal parece, los actos de corrupción empiezan a ser evidentes.

RESISTENCIA A RESOLVER EL TEMA.- El Tribunal Colegiado señaló que la resolución del TJA, firmada por los magistrados Guillermo Arroyo Cruz y Vanessa Carmona (esposa del expresidente magistrado del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea), no analizaron de fondo los conceptos de violación planteados por la comunidad. Y esto por supuesto que no es un detalle menor: ignorar los argumentos centrales -especialmente en un conflicto que involucra uso de suelo, impacto ambiental y disponibilidad de agua- significa renunciar a la función esencial del tribunal. Lo cierto, es que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ya está atenta al actuar de algunos magistrados y podría, si es que no lo ha hecho ya, iniciar una investigación en contra de magistrados del TJA, entre quienes podrían figurar Guillermo Arroyo Cruz a quien se le están acumulando casos.

Los vecinos lo dicen sin rodeos: esto no es ineptitud, sino un patrón. Para ellos, lo que hay detrás es protección y corrupción a los intereses de la Universidad Humanitas, proyecto que ya nació bajo sospecha por permisos de “club social” que terminaron convirtiéndose en una universidad privada en zona exclusivamente habitacional. Y aunque estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades, es innegable que los reiterados errores señalados por el Poder Judicial de la Federación alimentan la percepción de un tribunal que actúa con parcialidad y no solo en este caso sino en otros más, en donde cada vez más, se siembra la duda del trabajo que vienen realizando en ese cuestionado tribunal.

PERMISOS EXPRÉS Y AGUA PARA QUIEN LA PUEDA PAGAR.- En un estado donde comunidades enteras dependen de pipas, la factibilidad de agua otorgada al proyecto -clasificada como de uso comercial- no es un trámite técnico, sino un acto político. El Colegiado le dio la razón a los vecinos: sí tienen interés legítimo para impugnar, porque un permiso así puede afectar directamente su disponibilidad del recurso.

El Ayuntamiento pasado de Antonio Villalobos Adán dejó un legado de permisos otorgados a prisa al final de la administración, bajo argumentos que hoy resultan insostenibles. Y la actual administración también fracasó al presentar una demanda de lesividad mal firmada, dejando un flanco abierto que el TJA utilizó para declarar “cosa juzgada” lo que eran procesos distintos.

LA JUSTICIA BAJO SOSPECHA.- No es casualidad que la Fiscalía Anticorrupción tenga abiertas diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por irregularidades en el Poder Judicial. Aunque no se mencionan nombres específicos en esas investigaciones, el contexto pesa. Pesa cuando los vecinos cuelgan mantas denunciando “venta de la justicia”. Pesa cuando el Colegiado corrige al TJA una y otra vez. Pesa cuando la ciudadanía tiene que acudir cuatro veces a tribunales federales para que se respete algo tan básico como el derecho al agua y al uso adecuado del suelo.

Este caso es más que un litigio administrativo. Es una disputa por el modelo de ciudad y es que, de un lado, un proyecto educativo privado que avanza gracias a permisos inconsistentes, clasificaciones de suelo cuestionadas y un proceso lleno de tropiezos que siempre favorecen al mismo actor.

Del otro, más de 200 familias que defienden su entorno, su agua y su derecho a no ser desplazadas por proyectos que jamás fueron consultados con la comunidad, por lo tanto, el Tribunal Colegiado ya ordenó resolver el fondo del asunto en 15 días.

EL HABER DE RETIRO DE MAGISTRADOS.- El pleno del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ) se vio forzado por un amparo federal, a retomar una solicitud que llevaba más de un año archivada: el haber de retiro que demanda la exmagistrada Ana Viridiana Pérez Güemes y Ocampo, expresidenta del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

No se trata de cualquier trámite. La exmagistrada busca una pensión vitalicia equivalente a su sueldo completo, y además retroactiva, desde que dejó el cargo. Una pretensión que podría pasar desapercibida si no fuera por dos elementos que deberían alarmar a cualquiera que crea en la igualdad ante la ley:

La solicitud había sido ignorada por el propio TSJ desde el año 2023, en tiempo de Luis Jorge Gamboa Olea, cuando fungía como mandamás; y a petición del magistrado Juan Gabriel Vargas Téllez, el asunto se decidió llevar a discusión en privado, una vez más bajo la sombra de la opacidad, a pesar del reclamo puntual de su homóloga magistrada Bertha Rendón Montealegre.

Bertha Rendón, fue la única voz disidente dentro del Pleno, pidió algo elemental en cualquier democracia funcional: transparencia y que el procedimiento se debatiera de cara a la ciudadanía. Que las sesiones fueran públicas. Que un beneficio que implica recursos públicos —esos que provienen de impuestos que no son retroactivos para nadie— se analizara sin secretos. Pero la mayoría de sus colegas prefirió el receso, la puerta cerrada y el silencio.

Empero, el tema es complejo. Los magistrados aseguran que no depende el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Poder Judicial de Morelos, sin embargo, los diputados distribuyen los recursos a los diferentes podres y dependencias y al Judicial le hacen entrega los diputados del recurso para el TUJA. Y es ahí donde está el conflicto: ¿pertenece o no al PJM el TUJA?

El argumento para esta opacidad es inexistente; la razón política, evidente: discutir privilegios en público genera costos. Y el haber de retiro no solo involucra a Pérez Güemes; otros exmagistrados también han solicitado el mismo beneficio: Leticia Taboada Salgado, María Idalia Franco Zavaleta, Carlos Iván Arenas Ángeles y Norberto Calderón Campos. Una fila cada vez más larga, y un Tribunal de Justicia carente de los recursos económicos suficiente para ello que los mete en un verdadero brete por la cantidad de dinero que demandan, mientras que la mayoría de trabajadores del estado no puede aspirar ni a una pensión que cubra la canasta básica.

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