Serpientes y escaleras - La narcopolítica

Acusar no es suficiente; quien sabe y no denuncia es cómplice por omisión o comisión.

La narcopolítica

El conflicto entre autoridades y actores políticos de Morelos ha escalado a niveles nunca vistos y el desenlace de esta historia puede ser muy peligroso para el estado; la polémica ha pasado de las declaraciones a las denuncias formales y ello debe hacer voltear a las autoridades federales encargadas del combate a la delincuencia organizada. Muchos han alzado la voz acusando a otros de tener relaciones peligrosas, pero hasta ahora solo una persona, Cuauhtémoc Blanco, se ha atrevido a denunciar formalmente los vínculos entre autoridades y criminales.

La columna de Raymundo Riva Palacio sobre la denuncia presentada esta semana por el gobernador de Morelos ante la Fiscalía General de la República refiere un punto sustantivo en esta ya larga historia de dimes y diretes: hay que escuchar. El fenómeno de la narcopolítica en México es un asunto muy complejo que no puede pasar desapercibido por los responsables de combatir el crimen.

Varias veces desde hace muchos años en Morelos hemos escuchado a figuras de poder hablar del vínculo entre autoridades y criminales, del control de las instituciones y el avance constante e imparable de la delincuencia. Se habla mucho, pero no se hace nada.

Desde la época de Sergio Estrada Cajigal existe la versión de que funcionarios se han puesto al servicio del narcotráfico, de ahí la descomposición del ambiente social y el incremento de los niveles de violencia. Muchas veces se ha declarado, pero hasta esta semana nadie se había atrevido a ir más allá de la afirmación mediática.

La denuncia interpuesta por Cuauhtémoc Blanco Bravo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tiene que tomarse con seriedad, se trata de una acción legal sin precedente en el estado, en la cual el denunciante es un gobernador en funciones que aporta nombres y señalamientos sobre los presuntos vínculos existentes entre representantes populares y funcionarios con grupos criminales; en el documento ingresado a la FGR se expone una realidad visible por todos: la complicidad y la impunidad es lo que prevalece en Morelos.

A lo largo de las últimas semanas hemos escuchado muchas acusaciones en contra del gobernador, señalamientos por fotografías en donde aparece acompañado de criminales e historias que se construyen a partir de la especulación. Algunos diputados y senadores se han subido al tema haciendo un llamado público a que se investigue, apuntando al Cuauhtémoc Blanco, validando todas las versiones sobre supuestas complicidades, pero nadie ha ido más allá del dicho.

Si nos quedáramos con la hipótesis inicial de que el gobernador está ligado a grupos criminales porque hace varios años se tomó una fotografía con tres delincuentes estaríamos centrando la atención en un aspecto muy pequeño, coyuntural y obtuso del problema. Explico: supongamos que, como algunos lo piden, Cuauhtémoc Blanco Bravo se separa del cargo porque aceptó tomarse esa fotografía ¿Con eso se resuelve el problema delincuencial y de violencia en Morelos? Obvio no.

Lo de fondo en esta historia está en los vínculos que se han generado a lo largo de muchos años, en las visibles relaciones que existen entre actores de poder y criminales y la coexistencia entre cárteles e instituciones. Centrar el debate en una foto no solo es ocioso, es perverso porque se lucra con el escándalo sin resolver el problema.

Este último punto debe hacernos reflexionar a todos: la llamada narcopolítica no radica en la relación de amistad o negocio entre una persona y un grupo, sino en la cada vez mayor injerencia de los cárteles en las decisiones públicas y la operación de las instituciones en los tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado.

Esta situación no es exclusiva de Morelos: a pesar de la gravedad del problema, la tierra de Zapata es una de las entidades que menos padecen la virulencia de los grupos criminales. El asunto existe, es real e involucra a muchas personas del ámbito público y privado, por eso es importante la denuncia interpuesta por Cuauhtémoc Blanco.

Pongámoslo de esta forma: cuando el gobernador de Morelos se apersonó en las instalaciones de la FEMDO y formalizó su denuncia contra diversos actores políticos estatales, otorgó elementos para que el gobierno federal investigue e intervenga en esta situación. Lo que para otros ha sido un argumento mediático para atacar electoralmente a un rival político, para el jefe del ejecutivo es una acción legal concreta que abre la puerta a una investigación formal.

La importancia de Morelos en el escenario nacional es evidente derivado de su cercanía con la capital del país, su posición geográfica lo vuelve un centro neurálgico para la operación de diversos grupos criminales y su conexión con el puerto de Acapulco hace a la plaza apetecible para todos los grupos criminales. Desde hace años el estado se ha convertido en el punto de partida de acciones ilícitas que se replican en el centro del país porque en ningún momento al gobierno de la república le ha interesado revisar o intervenir en lo que sucede aquí.

Desde cualquier ángulo que se observe, la denuncia presentada por el gobernador de Morelos debe verse con atención, incluso para aquellos que aseguran que Cuauhtémoc Blanco ha pactado con criminales porque la querella puede ser el punto de inicio de una acción formal contra la narcopolítica en un estado que, como muchos, resiente la presencia de grupos criminales y en donde muchos actores políticos y de poder mantienen relaciones con cárteles.

Con la acción judicial de esta semana el exfutbolista está forzado a probar sus acusaciones, pero también la FGR está obligada a investigar y actuar en consecuencia. Hasta ahora el tema se ha movido solo en la declaración mediática, en la especulación y en los dichos sin sustento; para muchos políticos ha sido sencillo alzar la voz y señalar sin asumir responsabilidad, pero ninguno se ha atrevido a denunciar. Ojalá después de la demanda presentada por el gobernador otros actores de poder hagan lo propio y formalicen sus imputaciones.

El problema que enfrenta Morelos desde hace muchos años no se centra en la supuesta relación de una persona con un grupo criminal, sino en la normalización en el trato entre delincuentes y actores políticos.

¿Quién es el siguiente que se atreve a acudir a la FGR?

• posdata

La inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto fue el escenario para que el fiscal general Uriel Carmona hiciera un llamado de conciliación a las autoridades y actores políticos locales. “Si mandamos un mensaje de que entre autoridades somos adversarios, solo puede interpretarse como ingobernabilidad y eso solamente lo capitaliza la delincuencia; unámonos, trabajemos juntos, seamos responsables, dejemos atrás nuestras diferencias y hagamos de este estado un estado mejor”.

Las palabras del abogado Carmona aparecen en un contexto de severa pugna política entre autoridades y actores de poder, con filtraciones, especulaciones, acusaciones y una denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía General de la República porque “no hay confianza en las fiscalías locales”.

Durante tres años los titulares de las fiscalías morelenses han sido objeto de múltiples señalamientos por la supuesta protección que brindan al exgobernador Graco Ramírez y a sus exfuncionarios, porque las denuncias que llegan a ellos duermen el sueño de los justos y no hay resultados tangibles que puedan ser celebrados por la sociedad. Particularmente en el caso de la fiscalía anticorrupción ha quedado claro que su actuación es parcial, sujeta al estado de ánimo del titular de la oficina y ocupada de proteger los intereses del régimen anterior.

No es casual el desgaste de ambas dependencias, ni fortuito que existan tantos señalamientos contra los fiscales; esa circunstancia no es buena para nadie y, como lo dice el abogado Uriel Carmona, lo único que provoca el enfrentamiento entre autoridades es ingobernabilidad.

Habría que observar que existe una diferencia en el actuar de los fiscales: Adriana Pineda, la nueva titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto ha destacado por su capacidad y profesionalismo, por la eficiencia de su trabajo y por no involucrarse en temas de índole político. Uriel Carmona ha ido cambiando su estilo de trabajo y está asumiendo una actitud más institucional. Quien no cambia y ha radicalizado su postura es Juan Salazar: este personaje ha hecho de la FECC un instrumento de ataque, de revancha personal y del combate a la corrupción una falacia.

El llamado del fiscal general de Morelos es válido, importante y sin duda debe ser atendido por los actores de poder del estado. Su dicho es absolutamente cierto: cuando las autoridades se enfrentan, quienes ganan son los delincuentes.

• nota

Inició el proceso de refuerzo de vacunación contra covid para adultos de 40 a 59 años; las autoridades juntaron a cuarentones y cincuentones y el resultado fueron largas filas de automóviles y de personas que desde muy temprano acudieron a todos los módulos instalados a recibir su dósis.

Recordemos que en el proceso de vacunación anterior los cuarentones rechazaron la vacuna AstraZeneca, pero ante el exponencial aumento de casos positivos esta vez todos fueron a inmunizarse. Diría el clásico: el miedo no anda en burro.

La eficiencia en el proceso de vacunación en Morelos es notoria y es reconocida por la sociedad y por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Que la vacunación avance al ritmo que llevamos es gracias al enorme esfuerzo de cientos de trabajadores del sector salud y la extraordinaria coordinación de los delegados federales Miguel Ángel Van Dick y Raúl Anaya.

• post it

Recuperemos algunos fragmentos de la columna que el miércoles pasado publicó Raymundo Riva Palacio en El Financiero respecto a lo que está ocurriendo en Morelos:

“Cuando el ruido es ensordecedor, no escuchamos lo importante. Se acentúa la sordera y se agrava la vista cuando quien grita es menospreciado por la opinión pública, como sucedió el lunes con Cuauhtémoc Blanco y su brutal denuncia en la Fiscalía General sobre cómo el crimen organizado penetró las instituciones en Morelos…

Blanco fue a la Fiscalía General a presentar una denuncia “contra quien resulte responsable” de estar haciendo una campaña en su contra por la difusión de una fotografía donde aparece acompañado de dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. A principios de año, cuando comenzó el escándalo por la fotografía, dijo que se trataba de ataques de narcopolíticos. Ayer les puso nombre y apellido, su antecesor Graco Ramírez, y el excomisionado de Seguridad, Alberto Capella, a quienes acusó de haber pactado con Santiago Mazari, apodado El Carrete, que fue líder de la banda criminal Los Rojos, detenido en 2019 y sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro…

Los imputados lo desmintieron, pero insistió que no se iba “a quedar con los brazos cruzados”, y amplió la presunta penetración del narcotráfico en Morelos: jueces, fiscales, policías estatales y municipales, agregó, están involucrados con el crimen organizado. Sus palabras en la puerta de la Fiscalía General muestran que los dos niveles de gobierno en Morelos y el Poder Judicial están coludidos con el narcotráfico, presuntamente con Los Rojos. Sus palabras podrían desestimarse, pero al haber presentado la denuncia ante las autoridades federales, la acusación tiene otra dimensión y nos introduce directamente al creciente fenómeno mexicano de la narcopolítica…

En el corredor donde Morelos juega el doble papel de santuario de sus jefes –ahí vivieron Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, a unos cuantos metros de la casa del gobernador, y Arturo Beltrán Leyva– y distribuidor de rutas, desde hace años las organizaciones criminales tienen respaldo de policías y de algunos sacerdotes católicos en Cuernavaca. Pero también de políticos, antes panistas y priistas, hoy vinculados a Morena, al PT y a Encuentro Social, que respalda a Blanco. De ahí, otra vertiente sobre lo relevante de su denuncia…

Blanco gobierna un estado que no es lo apacible que se piensa, sino que es un punto neurálgico de los criminales. Cuando inició su administración, el esquema de seguridad colapsó y la violencia comenzó a incrementarse rápidamente. Las autoridades no hicieron nada, pero quienes iban a Cuernavaca los fines de semana, como hacía años, dejaron de ir. Todo lo que pasaba allá, en el tema de la seguridad, era visto bajo el enfoque político y en el maniqueísmo fácil de la lucha entre leales y adversarios. Lo que sucedió a 85 kilómetros de la capital federal, es que el estado se pudrió…

La denuncia de Blanco no puede quedarse en recriminaciones y acusaciones políticas. La Fiscalía General debe investigar urgentemente a partir de su denuncia, y el gobernador probar sus dichos sobre la narcopolítica. Son muchas las alertas que se han disparado sobre la penetración y el control del crimen organizado en el país para que persista la indiferencia de la clase gobernante, que se comporta como cómplice, por omisión o comisión, de los criminales…”

• redes sociales

En entrevista con José Cárdenas el excomisionado de seguridad de Morelos dijo una vez más que demandará al gobernador Cuauhtémoc Blanco.

¿Y cómo para cuándo?

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