Serpientes y escaleras - Corrupción

La promesa que todos hacen y nadie cumple.

Corrupción

El combate a la corrupción ha sido una promesa incumplida desde hace varios años por muchos gobiernos y políticos de todos los partidos. Ponerles un freno a los abusos cometidos desde un espacio de poder y sancionar las malversaciones del erario siguen siendo un sueño para muchos ciudadanos. Aunque el problema delictivo y de inseguridad ocupa un espacio principal en la agenda del país y del estado, la corrupción se ha colocado por encima en el ánimo de la ciudadanía. Qué tan graves son los abusos cometidos por la clase gobernante que en muchos casos la gente pide sancionar más a los ladrones que a los delincuentes.

Hagamos memoria: durante los últimos dos sexenios la incidencia delictiva en el país tomó niveles dramáticos con decenas de miles de muertos cada año, primero con la declaración de guerra del presidente Calderón al narcotráfico y luego con la estrategia de combate a la delincuencia implementada por el presidente Peña Nieto. Aunque el modelo de lucha contra los grupos delictivos es distinto en el gobierno del presidente López Obrador, los muertos se siguen contando por miles.

El número de víctimas fatales va de la mano de las constantes oleadas de violencia que aparecen por todos lados, a veces en forma de ataque directo contra una persona y en otros casos con el enfrentamiento entre grupos delictivos y autoridades. Desde hace años no ha pasado un solo día en el país sin que se de cuenta de un hecho de violencia.

Con todo y la gravedad de ello en la campaña del 2018 la estrategia del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional versó en otro tema; seis años antes el PRI lanzó una cruzada basada en el fracaso de la estrategia de seguridad del PAN y la violencia que desató en todo el territorio nacional; aunque la situación no cambió en el gobierno del PRI, López Obrador identificó un aspecto que molestaba más a la ciudadanía y que a la postre se convertiría en el detonador del voto: la corrupción.

Hagan memoria lectora lector queridos, recuerden los debates presidenciales y el discurso de cada uno de los candidatos; en el caso del abanderado de Morena la respuesta en todos los debates era la misma, recordemos que incluso en los foros temáticos Andrés Manuel López Obrador ubicaba al combate a la corrupción como el elemento que permitiría resolver todos los problemas de México.

Muchas críticas recibió el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia por no responder a cuestionamientos directos sobre temas que no parecían tener relación con la corrupción; ¿Cómo potenciar la riqueza de los litorales de México y dar un mejor uso a los recursos naturales de la nación? Preguntaron al abanderado de Morena en uno de esos debates televisados “Combatiendo la corrupción” fue su respuesta. A pesar de las burlas, la postura de AMLO fue bien vista por la mayoría porque aunque no respondía a las preguntas, sí insistía en un tema que molestaba a la mayoría de los mexicanos.

Tres años han pasado desde aquella campaña y aunque la lucha contra la corrupción sigue siendo la bandera del gobierno federal, los resultados están tardando mucho en llegar. El reclamo por los abusos de poder catapultó a Morena en todo el país porque el problema está presente en todo el país y en todos los gobiernos; las encuestas de todos los partidos y de todos los gobiernos en ese momento (y ahora) siguen ubicando a la corrupción como un aspecto sustantivo en el ánimo de los ciudadanos y en algunos casos, como en Morelos, están por encima de temas sumamente dolorosos como la violencia.

Localmente el problema de corrupción es sumamente grave y la percepción al respecto es abrumadora; lo mismo que en materia de inseguridad, en cuestiones de corrupción el ciudadano considera que Morelos es un estado con autoridades corruptas que se protegen unas a otras, donde no existe el estado de derecho, no se respetan las leyes y predomina la impunidad. Y es cierto.

Ahí está el caso del gobierno de Graco Ramírez o actualmente el de Antonio Villalobos; se trata de administraciones de distintos partidos con personajes diametralmente opuestos: el primero es un político de carrera, experimentado, inteligente y con experiencia, mientras que el segundo es un sujeto cuya imbecilidad y narcisismo son inocultables. ¿Qué tienen en común Graco y Villalobos? Que en ambos casos sus familias han compartido el poder y los dos hicieron de la administración pública un negocio millonario.

Los abusos cometidos por la administración estatal perredista fueron bandera del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia en Morelos y sin duda representaron un elemento fundamental para que Cuauhtémoc Blanco ganara la elección. Lo mismo que López Obrador, el exseleccionado nacional basó su campaña en un solo mensaje que se repitió incansablemente a lo largo de 45 días y que servía de respuesta a cualquier interrogante. El eje de su campaña también fue el combate a la corrupción, solo que en el caso local la promesa tuvo nombre y apellido: cárcel a Graco.

La falta de resultados en materia de combate a la corrupción ha pegado muy fuerte en la imagen del gobierno actual y en la credibilidad en las autoridades; los abusos cometidos por el exgobernador y su familia no solo se contabilizan en dinero, también se reflejaron en una profunda división social que persiste hasta ahora.

Enfrentar los actos ilegales y ponerle un alto a la impunidad fue y sigue siendo un argumento muy fuerte para cualquier político o gobernante, pero el incumplimiento en este tema se convierte en un boomerang contra aquellos que prometen frenar este tipo de acciones y al final terminan avalándola por complicidad u omisión.

En el caso de Cuernavaca la historia puede ser similar, porque la corrupción cometida por Antonio Villalobos ha alcanzado niveles que no habíamos visto; en el gobierno municipal muchos roban y todos forman parte de las redes de complicidad, unos porque se benefician directamente de estas acciones y otros porque prefieren mantenerse callados para no meterse en problemas.

En la capital del estado son notorios los abusos cometidos en todos los niveles, el enriquecimiento de la familia Villalobos es un aspecto inocultable, lo mismo que las tarifas que inspectores y demás funcionarios de nivel medio del ayuntamiento le ponen a todo acto que tenga ver con la administración municipal. Es la institucionalización del cobro de piso.

José Luis Urióstegui ha decidido apostar su gobierno a la solución del problema de inseguridad, confía que con un enfoque diferente en la estrategia y mucha buena voluntad la situación cambiará y la gente lo notará; el problema es que el reto es más grande de lo que el alcalde electo imagina y va de la mano de otros problemas sociales, administrativos y operativos que tiene el ayuntamiento y que obligadamente requieren de dinero para solucionarse.

Sobre lo que el alcalde electo evita hablar o lo hace con demasiada prudencia es del tema de corrupción; en un par de ocasiones el abogado se ha referido a la difícil situación que vive el ayuntamiento y las malas condiciones en las que se encuentra la ciudad, pero en ningún momento se ha atrevido a señalar un acto de corrupción o advertir que habrá mano dura contra quienes actuaron al margen de la ley. Tengámoslo claro, esta postura no refleja prudencia, sino complicidad o en el mejor de los casos falta de carácter.

Es muy difícil que en el corto plazo Cuernavaca recupere la seguridad que sus ciudadanos demandan, sobre todo cuando la capital salga del mando coordinado de policía y el alcalde asuma el cien por ciento de la responsabilidad sin tener una relación formal con las demás instancias que inciden en el tema. Es un sueño suponer que salir del mando coordinado representará una mejoría inmediata y que se mantendrá la coordinación con las tres instancias de poder, es romántico porque aunque se hable de mantener la coordinación fuera del convenio, en la práctica la salida de Cuernavaca limitará la capacidad operativa del municipio para frenar a los grupos criminales. Pero regresemos a la corrupción:

En esta nueva etapa política que deriva del resultado de las elecciones de junio pasado la esperanza de muchos es que ahora sí se ponga un alto a la corrupción; de acuerdo con datos oficiales Morelos ocupa uno de los últimos lugares en combate a la impunidad y está en la parte alta de las entidades con mayores niveles de corrupción. Tanto el nuevo congreso como las próximas administraciones municipales y la estatal tienen el compromiso de enfrentar este flagelo y dar respuesta a los múltiples reclamos en la materia.

Cualquiera que sea la agenda que en sus espacios tengan los alcaldes, los diputados o el gobernador, la lucha contra la corrupción sigue siendo una demanda primaria de la ciudadanía; Cuauhtémoc Blanco debe castigar los actos ilegales cometidos en el gobierno de Graco Ramírez, pero también los alcaldes y los diputados deben actuar con firmeza contra las acciones abusivas de sus antecesores, particularmente en casos como Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla donde los abusos de los alcaldes son notorios.

Si los actores de la vida pública dimensionan el impacto social y político de la corrupción, entenderán la pertinencia de ponerle un alto a la impunidad.

• posdata

Los diputados locales reconocen que no hay consensos en la aprobación del fideicomiso municipal que propuso hace unos días el diputado priísta Eliasib Polanco. Obvio: la idea es absurda, se trata de una copia exacta del fideicomiso municipalista que creó la legislatura 53 (la de los graquistas) con el objetivo de tener un fondo millonario que utilizaron de manera discrecional y para beneficio exclusivo de los diputados.

Recordemos que una de las políticas del gobierno federal ha sido eliminar el intermediarismo, que en el caso de los fondos legislativos era dinero que servía para enriquecer los bolsillos de los diputados. Precisamente por eso en el congreso de la unión se eliminó ese concepto y se dio por terminado el que fue bautizado como el fondo de moches, porque a través de él algunos legisladores, como Maricela Velázquez, “bajaban” recursos a los municipios a cambio de un porcentaje de la obra.

Lo que plantea el diputado Eliacib Polanco (asesorado, dicen, por los hermanos Yáñez) va en contra de cualquier lógica de honestidad y transparencia, además de que ningún congreso está facultado para realizar obra pública y la cantidad de dinero que quieren colocar ahí (540 millones de pesos) supera el presupuesto anual de muchos municipios, dependencias estatales y del propio poder judicial.

Votar a favor de este fondo sería una incongruencia de los diputados de la 4T y marcaría de por vida a todo aquel representante popular que lo apoye, porque la percepción generalizada es que se trata de un dinero que terminará en los bolsillos de algunos cuantos políticos.

Pongámoslo de esta forma: si el congreso se dice municipalista y en verdad quiere dotar de más recursos a los ayuntamientos, lo prudente es entregarles el dinero de manera directa a los municipios; crear un intermediario es abrirle un espacio a la corrupción.

Los nuevos diputados presumen que son diferentes a sus antecesores. Debe probarlo no actuando igual que ellos.

• nota

Esta semana un juez vinculó a proceso a algunos exfuncionarios de la secretaría de obras del gobierno de Graco Ramírez, entre ellos quien fuera encargado al final del sexenio del programa estatal de reconstrucción, Sergio Beltrán Toto.

El delito que se les imputa es la asignación irregular de un contrato de obra, pero el hecho abre la posibilidad de que otros procesos en su contra avancen. Recordemos que en la administración pasada se destinaron más de 6 mil millones de pesos a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 2017 y cualquiera puede dar cuenta que ese dinero no se invirtió y nadie sabe a donde se canalizaron esos recursos.

Quizá, solo quizá, con esta vinculación a proceso finalmente podamos ver que en Morelos existe la justicia y se castiga a los corruptos.

• post it

Antes de dejar el cargo la alcaldesa de Temixco Jazmín Solano despidió a 150 trabajadores; el recorte, comentan, fue al estilo Villalobos: sin pagarle a la gente. Un adeudo más con cargo a la siguiente administración.

• redes sociales

El Impepac pide mas dinero, 15 millones de pesos para cerrar el año, dice su presidenta Mireya Gally. Hace un par de meses dijo que ya no tenían dinero para pagar la siguiente quincena, pero pagó.

Again: ¿Vale la pena pagar sueldo completo a consejeros electorales que trabajan una vez cada tres años?

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