Rosalina Mazari Espín incurrió en omisiones
Al “ocultar” 65 cuentas públicas, lo que impidió fincar responsabilidades a burócratas locales: petistas
Dejó debilitada a la ESAF porque no le abasteció de elementos para emitir posibles sanciones, señalan
Juan Lagunas
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosalina Mazari Espín incurrió en presuntas responsabilidades administrativas, al “ocultar” 65 cuentas públicas, lo que impidió fincar responsabilidades a burócratas locales.
Lo anterior fue denunciado por diputados del Partido del Trabajo; agregaron que la presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública dejó debilitada a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), porque no le abasteció de elementos, para emitir posibles sanciones. No se descarta una acción de carácter penal.
Asimismo, dijeron que, de manera “sospechosa”, y sin el quórum debido, aprobó una cuenta del municipio de Jojutla (que sólo registró un adeudo de 200 pesos), cuando el edil era el hoy presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo Martínez. “Se declara que no existe ninguna observación y, mucho menos, ninguna desviación de recursos”.
De igual forma, adujeron que el proceso de auditoría a cualquier ente que ejerce recursos públicos, “arranca” con la notificación, y concluye con el informe de resultados emitido por la ESAF, donde se describen las desviaciones, irregularidades y faltas en el ejercicio del gasto. Y, en su momento, se declaran “firmes” e “inobjetables”.
Agregaron que “cada quién saque sus conclusiones”; sin embargo, ponderaron que Mazari Espín “… está metida en un gran lío, que puede derivarle en responsabilidades”, puesto que fue omisa y “dejó de trabajar” más de 65 declaratorias; las cuales, no puso a consideración de los integrantes de la comisión respectiva.
Insistieron en que “ocultó” datos y, por tanto, cayó en “negligencia y falta de probidad”; permitió que se detuviera el trabajo en la ESAF; sobre todo, en lo que compete a la imputación de responsabilidades. Además, “violó flagrantemente la fracción XI del artículo 54 del Reglamento para el Congreso, que señala como una “obligación” de dar cuenta al grueso de la Comisión.
Puntualizaron que los informes de Jojutla y otros, que se “cantaron” en el Pleno, este lunes 15 de julio, “están viciadas de ilegalidad y ponen en entredicho la confiabilidad… de los procedimientos…”.
Urgieron a designar a un nuevo elemento, que asuma la titularidad del órgano colegiado descrito. Mientras, precisaron, diversos exfuncionarios “seguirán en la impunidad… gracias a que la presidente se convirtió en una gran tapadera de quienes se aprovecharon y desviaron recursos del erario…”.
