¿Qué avances tenemos en el Estado de Morelos en materia de impartición de justicia? Yo te lo explico.

En el año 2008 se aprobó en nuestro país la reforma a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que transformó el sistema penal acusatorio, luego de la promulgación de un nuevo “Código Nacional de Procedimientos Penales” en que se adoptaron diversos principios rectores sustentados por los derechos humanos tales como la presunción de inocencia, la oralidad y un sistema procesal de tres etapas: la investigación inicial a cargo de las fiscalías, la etapa intermedia ante el juez de control y el juicio oral.

En el año 2017 se volvió a reformar la Carta Magna, pero ahora para transformar el sistema de administración de justicia en materia de justicia cotidiana, por lo que en el año 2023 se aprobó un nuevo ordenamiento legal de aplicación en toda la república mexicana a través del cual se regulan todos los procedimientos civiles, familiares, los juicios universales y las acciones colectivas.

Las innovaciones de este denominado “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares” también buscan mejorar la práctica judicial y erradicar los vicios que aún persisten, ahora tendremos la certeza de que el juez personalmente atenderá en audiencias públicas y exclusivas los asuntos que se presenten, que se erradicarán los formalismos y que se buscarán resultados rápidos empleando medios alternativos de solución de controversias, además de que los juicios podrán llevarse “en línea” utilizando herramientas tecnológicas.

Ahora bien, la implementación de este nuevo sistema es sucesivo en cada estado de la república, pues el Poder Judicial de cada entidad debe realizar los preparativos necesarios, tales como la infraestructura física y tecnológica a demás de la capacitación de su personal y articulación con todas las dependencias e instituciones con las que se encuentra legalmente vinculado para el desahogo de los procedimientos. Será el Poder Judicial del estado el que solicite a la cámara de diputados que emita la declaratoria correspondiente, indiscutiblemente asignando los recursos presupuestarios suficientes para poder realizar la implementación de este nuevo sistema. Todo esto sin perder de vista que de acuerdo al mandato del legislativo federal dicha declaratoria deberá emitirse a mas tardar el día 1 de abril de 2027, fecha que podría parecer lejana pero que apenas es suficiente para realizar las adecuaciones normativas a mas de una docena de leyes y reglamentos que lo requieren, luego, realizar las proyecciones de recursos humanos y financieros, socializar dichas normas entre los operadores de justicia y entre los justiciables, además de la inversión que el poder ejecutivo debe realizar en sus propias dependencias para dar cumplimiento a las exigencias del mencionado Código Nacional.

El propio legislador federal dispuso que las adecuaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales que se deriven de la ejecución del Código, deberán realizarse mediante movimientos compensados y no deberán incrementar el presupuesto regularizable de servicios personales.

En el caso federal, la Secretaría de Gobernación instaló una Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia, denominada COCIFAM con el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación necesarias para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con la participación de la academia y grupos de la sociedad; actividad que aún no tiene fecha de inicio en nuestro Estado de Morelos pero que debe atenderse con prontitud y a la par de la reforma judicial.