Observador político - Saqueo togado en Morelos: la justicia al mejor postor

Mientras la ciudadanía morelense enfrenta diariamente los estragos de la inseguridad, la impunidad y un sistema judicial que les da la espalda, al interior del Poder Judicial de Morelos se libra una disputa que poco tiene que ver con la justicia y mucho con la ambición. Y más aún, con la reciente designación de Juan Emilio Elizalde Figueroa como presidente del Tribunal Superior de Justicia, lejos de resolver la profunda crisis que azota a ese poder, ha revelado el verdadero rostro de quienes se han apoderado de la toga para hacer negocios a costa del pueblo.

¿TIEMPOS DE CAMBIO EN EL TSJ? Ni la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia ni los discursos de "coordinación entre poderes" pueden ocultar la podredumbre institucional que se ha instalado en el corazón del aparato judicial, más porque la crisis no es nueva, pero sí más descarada. Y es que, la disputa entre magistrados no es por mejorar la impartición de justicia, sino por controlar el presupuesto, los privilegios y asegurar jugosas pensiones disfrazadas de "haber de retiro".

Resulta ofensivo, por no decir cínico, que magistrados recientemente nombrados -muchos de ellos sin carrera judicial ni méritos- se hayan puesto de acuerdo no para mejorar la justicia en Morelos, sino para autoaprobarse beneficios económicos antes de que entraran en vigor las reformas federales al Poder Judicial. Sobre todo, porque magistrados que supuestamente pagaron hasta 5 millones de pesos por un asiento en el TSJ, hoy quieren garantizarse una pensión millonaria, aún sin haber cumplido un año en funciones. ¿Cómo confiar en jueces que llegan al cargo comprando voluntades?

La indignación no viene solo de sectores populares ya que, organizaciones como el Foro Morelense de Abogados, encabezado por Pedro Martínez Bello, han alzado la voz, denunciando lo que a todas luces es un atraco legalizado. El argumento es claro: no puede haber derecho de pensión para quienes ni siquiera han trabajado un año, y mucho menos si accedieron al cargo por componendas políticas y pagos indebidos; el verdadero crimen es que este grupo de magistrados ha convertido al Tribunal en un club de élite donde se reparten el botín sin pudor alguno.

Lo que vivimos en Morelos no es solo una crisis judicial; es un síntoma de un sistema político que sigue resistiéndose a morir, un sistema donde la legalidad se manipula, la justicia se negocia y los cargos públicos se convierten en inversiones privadas.

¿JUSTICIA O PRIVILEGIO EN EL TSJ? En Morelos, la justicia se viste de toga… y de privilegios. Bajo el argumento de “garantizar la independencia judicial”, el Poder Judicial aprobó en su momento el haber de retiro para magistrados que alcanza hasta el 70% de su salario base; esta decisión, además de desatar una controversia constitucional entre poderes, evidenció un divorcio entre la élite judicial y la ciudadanía a la que supuestamente sirve.

Mientras miles de trabajadores públicos, campesinos, docentes y empleados precarizados apenas aspiran a una pensión mínima, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se aseguran un retiro digno… pero solo para ellos. ¿Cuánto le costará esto al pueblo de Morelos? Hasta 1,700 millones de pesos como lo demandó Luis Jorge Gamboa Olea, una cifra obscena si se compara con los rezagos en salud, educación, infraestructura básica o seguridad que enfrenta el estado.

La ley fue modificada desde adentro, sin el aval del Congreso, para consolidar estos beneficios. Y aunque el argumento sea la “independencia judicial”, el trasfondo es claro: blindar a una casta judicial que históricamente ha operado al margen de la transparencia, alejada de los intereses populares y demasiado cercana a los pactos de poder.

BLINDAJE DE PRIVILEGIOS.- Para nadie es un secreto la desigualdad que se respira en cada rincón y la justicia suele llegar tarde -o nunca- a los más pobres, por lo que no sorprende que el Poder Judicial de Morelos se haya convertido en escenario de una disputa entre magistrados que se pelean no por principios, sino por privilegios.

Luis Jorge Gamboa Olea, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, se aferraba a los símbolos del poder como quien se niega a soltar el trono, a pesar de haber dejado el cargo, continuaba hasta el día de ayer, utilizando las camionetas blindadas pagadas con recursos públicos, así como las oficinas que ocupó durante su mandato.

Su sucesor, Juan Emilio Elizalde Figueroa, antes de serlo no se quedó callado y cuestionó públicamente el uso indebido de esos recursos, pero el debate entre ambos -grabado y filtrado a medios- lejos de mostrarnos un poder judicial preocupado por la legalidad, nos ofrece un espectáculo penoso: insultos, sarcasmos y soberbia. Gamboa llama a Elizalde “ridículo” y “arcaico”, mientras este responde con ironías que evidencian una lucha de egos más que de principios.

Aquí no hay inocentes. Lo que se revela con esta confrontación es una élite judicial desconectada de la realidad social, más preocupada por blindar sus privilegios que por garantizar el acceso a la justicia para los morelenses. Mientras los magistrados se acusan entre sí y exhiben su decadencia institucional, miles de ciudadanos siguen esperando resoluciones judiciales que nunca llegan, juicios que se eternizan, y una justicia que se siente más lejana cada día.

Por ello, bajo ninguna circunstancia se debe dar un simple “borrón y cuenta nueva”, por lo que es urgente una auditoría profunda e independiente para revisar si hubo malversación de recursos durante la gestión de Luis Jorge Gamboa; por lo que si hay desvío, que se devuelva el dinero. Si hay delito, que se presenten denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción. Basta de complicidades entre quienes deberían ser guardianes de la legalidad.

No necesitamos más camionetas blindadas ni oficinas de lujo: necesitamos jueces y magistrados que vivan con ética y piensen en la gente, no en el privilegio, por lo que si no hay una transformación profunda de fondo, la justicia seguirá siendo un privilegio reservado para unos cuantos. Y mientras eso no cambie, la democracia seguirá incompleta.

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