Observador político - ¿Pesa más lo político que lo jurídico?

En los últimos años algunos políticos y representantes populares utilizan a sus simpatizantes para bloquear calles, avenidas, carreteras y vías de comunicación con la finalidad de presionar al gobierno en turno, ya sea federal, estatal o municipal sin importarles en lo absoluto el caos vial, la afectación a miles de personas y las pérdidas económicas que provocan a cientos de prestadores de servicios. Y al final, casi siempre estos personajes se salen con la suya sin que sean sancionados, castigados y mucho menos encarcelados por el delito que cometen al bloquear tramos carreteros federales, lo que se demuestra que pesa más lo político que lo jurídico.

ES UN DELITO EL BLOQUE DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.- Los bloqueos que en los últimos años se han presentado en las carreteras de Morelos han sido encabezados por senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales y aspirantes a diversos cargos de elección popular, pero además, algunos sectores de la población como estudiantes, comerciantes, transportistas, sindicalizados, y asociaciones de profesionistas entre otros se han presentado constante y permanente en demanda de diversos pliegos petitorios que muchas veces se concretan y otras quedan en el olvido. Lo cierto, es que cada vez más, la gente está cansada con este tipo de actos de presión que hacen en contra de sus autoridades para exigir desde más presupuesto para los Ayuntamientos, las instituciones educativas así como aquellos que demandan seguridad, agua potable o demás servicios públicos. Es decir, el bloqueo de calles se ha convertido en un arma política para presionar a las autoridades en turno y lograr diversos beneficios así como que les hagan caso, derivado en gran medida, por la apatía que existe entre los responsables de atender los problemas sociales tanto del estado como de los municipios. En épocas anteriores, tan pronto se enteraban de supuestas movilizaciones, marchas o mítines, gente del gobierno acudía al lugar de origen de las inconformidades y trataban de resolver sus planteamientos o en su caso, los persuadían para evitar llevar a cabo su marcha. Hoy, tal parece que eso no existe y la secretaría general que preside Pablo Ojeda Cárdenas, permite que el problema que bien pudo resolverse o atendido con prontitud, escale a situaciones extraordinarias en las que incluso, pasan horas y horas para poder retirar a los manifestantes. Incluso, muchas de las ocasiones, le apuestan al desgaste de ellos mismos para su retiro, algo que es irresponsable y hasta criminal por la afectación a miles de ciudadanos y por los accidentes diversos que por esa razón se generan.

La ley se la pasan por el arco del triunfo, en razón de que nadie la aplica, tal como lo estipula la Ley, sobre todo en lo referente a las vías de comunicación que administra Caminos y Puentes Federales y que están enmarcados en el Artículo 533.-de la Ley Federal de Vías de Comunicación: que a letra dice:  “Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte”. Y los castigos por estos delitos son de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente. Más aún, porque las vías de comunicación no sólo facilitan el transporte de mercancías y personas sino que se han convertido en un punto clave para el desarrollo e infraestructura del país pero además, brindan acceso a escuelas, hospitales, fábricas y comercios enriqueciendo a la sociedad y generando un constante desarrollo. Por lo que al interferir o alterar cualquiera de estas vías es considerado un delito que de acuerdo al Código Penal Federal que lo califica como un ataque directo y las penas van por estas conductas desde 15 días hasta siete años de prisión dependiendo de la gravedad.

ACUSAN A EDIL DEL BLOQUEO.- Todo esto viene a colación porque el presidente municipal de Puente de Ixtla, Mario Ocampo Ocampo, a decir de algunos trabajadores del Ayuntamiento quienes pidieron el anonimato, afirmaron que tuvieron la instrucción de sus superiores y ellos a su vez del alcalde, para paralizar y provocar un caos vial en Cuernavaca al bloquear el Paso Exprés a la altura de Chipitlán y en Plan de Ayala, frente al IMSS, con la finalidad de que les hicieran caso en sus demandas de más dinero para salir este año con las prestaciones laborales y el aguinaldo, así como para los servicios públicos municipales de la comuna.

Pero además, fue obvio que los manifestantes que asfixiaron a los habitantes de Cuernavaca y municipios aledaños con más de tres horas que duró el bloqueo, utilizaron vehículos oficiales y de la basura del Ayuntamiento, sin importarles el daño que provocaron por esa afectación a las vías federales de comunicación. Posteriormente, el edil Mario Ocampo, llegó al poder Legislativo a donde también se dirigieron los chóferes y sus unidades para solicitar once millones de pesos para la operatividad del municipio en lo que resta del 2020.

Quizá por eso, la diputada local plurinominal y nativa de la zona, Rosalina Mazari Espín, haya lamentado la actitud y las acciones del edil de Puente de Ixtla, de promover los bloqueos como medida de presión al Congreso y al Ejecutivo. “Se aprovecha de la necesidad de los trabajadores del municipio, quienes no han recibido sus pagos por el mal control de las finanzas públicas”, refirió.

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