Observador político - Nula la productividad de la Fiscalía Anticorrupción

La detención del morenista Francisco Antonio “N” a quien apodan el “Lobo” y a los exregidores Anayeli “N”, y Enrique “N”, por supuestamente desviar más de 9 millones de pesos del ayuntamiento de Cuernavaca al no enterarlo al Instituto de Crédito, puso en evidencia la ineficacia e inoperancia de la mayoría de las instituciones encargadas de investigar y sancionar penal y administrativamente a funcionarios que han gozado durante décadas de un manto sagrado de impunidad.

GOLPE MEDIÁTICO.- Con excepción de este “golpe” político, jurídico y social que se aventó Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) esta dependencia prácticamente había pasado de noche, desde su creación debido a los antecedentes por actos ilícitos que se han presentado en casi todas las áreas como el Congreso del estado desde la legislatura LIII y la LIV, en la mayoría de los Ayuntamientos, en dependencias del poder Ejecutivo y organismos paraestatales como el SAPAC, entre otros.

Por ello, ha prevalecido la corrupción e impunidad de manera constante y permanente por lo que, de no decir lo contrario Juan Salazar Núñez, continuarán en Morelos los actos irregulares, los malos manejos financieros de recursos públicos y lo triste, la impunidad total.

De ahí la necesidad de que se fortalezcan, transparenten, profesionalicen y logre la Fiscalía Anticorrupción una verdadera autonomía institucional en razón de que, antes de golpe mediático que dio con la captura del Lobito, su trabajo realizado en los últimos años prácticamente había sido nulo como en su momento lo difundió a nivel nacional a través del portal denominado “La Lista”.

La información del portal de internet que se difundió a nivel república en La Lista, se desconoce literalmente el desempeño que había tenido al frente de la Fiscalía Anticorrupción su titular, Juan Salazar Núñez, sobre todo porque a pesare de todas las investigaciones que lleva a cabo tal parece que casi todas eran nulas, con excepción ahora del exalcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio “N”, más aún, en lo relacionado a las sanciones o castigos que busca apliquen los jueces a fin de evitar que suceda lo que otros personajes que han sido vinculados a proceso, pero con una defensa jurídica más o menos buena, logran salir como ocurrió con la exsecretaria de Obras del gobierno de Graco Ramírez.

Las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción se crearon en las entidades federativas del país en el 2017 y desde esa fecha, integran al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Y son estas dependencias las que, a través de los datos obtenidos mediante las solicitudes de información dieron como resultado que en 28 estados estas instituciones abrieron alrededor de 60 mil carpetas de investigación en los últimos cinco años.

Mientras que, en solo 16 fiscalías de igual número de estados del país se obtenido 183 sentencias que resultaron condenatorias contra funcionarios públicos desde el año 2017 a la fecha. Esto significa que menos del 1% de las indagatorias han culminado con una sanción de un juez. Tristemente entre estas están las de Morelos con mil 580  carpetas de delitos de corrupción.

Es decir, en términos de sanciones, las fiscalías anticorrupción cuya productividad ha sido en mayor cantidad de sentencias condenatorias son las del Estado de México con 74; Baja California con 30; Puebla con 16; Quintana Roo con 12; y Tamaulipas con ocho a inicios de este año. Estas cifras ponen en evidencia que las fiscalías requieren de autonomía, falta de criterio a fin de sancionar los delitos, además de que se carece de una Ley de víctimas de corrupción y además no existe literalmente voluntad política para sancionar penalmente a los funcionarios que violan la Ley e incurren en prácticas de corrupción, según lo que dio a conocer en su momento Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Otro dato alarmante es que en nuestro país, tristemente se avanzó muy poco en reconocer la corrupción como un problema serio, a tal grado que se decidió crear las fiscalías especializadas para combatir ese mal sin importar que esas instituciones no han logrado consolidarse por la falta de interés de las propias autoridades federales, estatales y municipales, así como por los poderes Legislativo y Judicial.

COMPLICIDAD Y COMPADRAZGO.- A través de un informe presentado a principios de diciembre del año pasado, respecto de las condiciones de las 32 fiscalías estatales anticorrupción en el país que se difundió en el portal La Lista, se hizo hincapié en un informe publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Tojil, dos de las organizaciones con mayor experiencia y conocimiento en temas de acceso a la justicia, y que de igual manera compartió Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas, hacen una radiografía de real y precisa de los resultados de estas dependencias y donde señalan la sangría económica que representa en muchos casos tener y mantener a un “elefante blanco”, ya que cobran grandes y ofensivos salarios ofreciendo muy pocos resultados en favor de la población.

De ahí que el diagnóstico que ofrecieron fue de un periodo de dos décadas en las que, éstas 20 dependencias recibieron más de mil millones de pesos para operar entre 2019 y 2020. Pese a ello, siguen teniendo un bajísimo  número de sentencias de políticos que fueron acusados por actos ilícitos en el manejo de los recursos públicos, sobre todo.

Un ejemplo de ello en Morelos, es la protección de su manto sagrado e impunidad que le ofreció el fiscal Anticorrupción a Karina "N", exdirectora de Recursos Humanos del Congreso del estado y una de las beneficiadas con una jubilación dorada. Ella está libre de toda culpa por la complicidad y amistad que hay entre Juan Salazar Núñez y el presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano y quien es esposo de la señalada. Casos como estos, muchos hay en la tierra de Zapata.

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