El derecho al optimismo.

En opinión de Aura Hernández

El derecho al optimismo.

No soy optimista, quiero ser optimista”.

Émile Zola

He sostenido en este mismo espacio que en el poder legislativo de Morelos, normalmente están representados los partidos políticos, pero no los ciudadanos. Hoy comparezco para recapacitar sobre lo dicho: en el Congreso de Morelos están representadas personas concretas, con intereses concretos, que utilizan todo el andamiaje institucional -incluido el de los partidos políticos- para su beneficio personal. Seguramente hay excepciones, por ellas conservo el optimismo.

Esto no es nuevo y es parte de la naturaleza de la cohabitación política, pero me resulta inaceptable en un momento de la historia de nuestro país, donde es impostergable una nueva ética política, persistan los más rancios y viejos vicios del abuso de los bienes públicos para beneficio privado.

Son de sobra conocidos los avatares de las últimas legislaturas del Congreso del estado que se han ganado a pulso la pésima fama pública que ser legislador entraña para muchas personas de a pie, aun cuando cada comienzo se revindique como “la buena”, la que se conducirá como una auténtica representación del pueblo. Pero no, una vez y otra vez, y otra vez nos roban el derecho al optimismo.

Para no ir muy lejos, en 2018 con una mayoría holgada que les permitiría impulsar los cambios para una nueva forma de gobernar y servir a la ciudadanía, los legisladores dilapidaron con absoluto desparpajo el capital político que se les entregó a través del voto.

 Unos cambiándose de bancada a cambio de cargos públicos para conyugues y familiares, otros a cambio de promesas para obtener cargos públicos a futuro, otros poniéndole precio a su voto, otros a cambio de beneficios económicos y otra serie de canonjías que ya no sigo nombrando, porque al matar mi optimismo me rompieron otra vez el corazón.

Y los pocos que permanecieron en la bancada mayoritaria de Morena, sucumbieron también a los encantos de la fama y la bonanza económica y no cumplieron con el mandato ciudadano, pues no solo no trabajaron para lo que se les paga, si no que paralizaron a uno de los tres poderes del estado. Fueron incapaces de pensar que esa oportunidad que tiraron a la basura, no se repetirá tal vez ni en 100 años.

La actual legislatura del estado que arrancó sus funciones con un discurso público que nos hacía esperar un poder legislativo más ecuánime, que se tomaría en serio su función, que se conduciría con mayor profesionalismo en cuanto a lo que “debe ser” su rol institucional, ha demostrado que, aún cuando dudo que hayan leído a Lampedusa, manejan a la perfección la técnica del gatopardo: cambiar para que todo siga igual.

Como me han robado mi derecho al optimismo, como ciudadana de a pie confieso que me he llenado de prejuicios frente al actuar de los legisladores actuales. Por ello, me recriminaría, como un exceso de ingenuidad, pensar que las designaciones que el Congreso del estado realizó la semana pasada no hayan sido producto de esa relación viciosa públicamente conocida entre los protagonistas políticos de nuestro querido estado de Morelos.

¿Cómo creer que en la designación de quien dirigirá el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos hayan optado por quien representa un “feminismo ligth”, frente a aspirantes de una larga tradición de lucha en favor de los derechos de las mujeres en Morelos? Será que soy malpensada y los diputados eligieron, “con las mejores intenciones”, una opción que pudiera garantizar el conocimiento del derecho.

Les recuerdo que entre las que se quedaron en el camino hay también expertas en derecho, y les recuerdo también que el primer Ombusdperson de este país y que además es un referente en el tema, fue un Contador Público, que podría no tener las credenciales oficiales del conocimiento del derecho, pero que tenía una vocación por la defensa de los derechos humanos sin lugar a ninguna duda.

La otra designación es de quien presidirá el Tribunal de Justicia para Adolescentes, un órgano impartidor de justicia que desde su creación ha tenido un desempeño ejemplar y ha sido referente en nuestro país, sobre todo por poner por delante los derechos humanos frente a una visión policiaca, por reconocer a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley penal como un producto de condiciones sociales estructurales y no solo como “menores infractores”.

Bueno, pues uno de sus forjadores, que además fue el aspirante mejor evaluado por los diputados, realmente especializado en el tema, un juzgador impecable y un profesional muy reconocido, se quedó en el camino. Y esto no me dictan mis prejuicios, si no lo que he leído en los medios y en las redes sociales.

Esta vez, la designación recayó en una persona que tiene muy buena prensa y a la que se le reconocen muchos atributos en él ámbito de la procuración de justicia donde se ha desempeñado, pero sobre la que también pesan las criticas de que no acredita la especialización en justicia para adolescentes que es requisito indispensable. ¿Otra vez se equivocaron los legisladores? O ¿pusieron en práctica su pragmatismo?

No lo sé, pero como ciudadana me gustaría que dejen sus yerros para sus hobbies o para sus recetas de cocina, pues ahora se trata de la salud social de toda una comunidad, se trata de la justicia. Se trata de recuperar a una juventud que está siendo disputada por el crimen organizado y que tiene derecho a una vida digna.

Se trata de la seguridad de las mujeres frente a las violencias, se trata del combate a los estereotipos de género y por la autonomía de nuestros cuerpos. En ambos casos y por el bien de todos esperaríamos que estén conscientes del gran reto que tienen frente a sí.

Sería deseable que las recientes designaciones cumplan a carta cabal, la encomienda que por medio de los representantes populares les hemos dado, que quienes hemos criticado “las condiciones” en que se dieron sus nombramientos, ocupemos también los mismos espacios para reconocer su trabajo. Nada me gustaría tanto, pues me niego a renunciar a mi derecho al optimismo.

 

 

 

 

 

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