Observador político - Los acuerdos turbios entre la Anticorrupción y Movimiento Ciudadano

Cuando Leonel Díaz Rogel asumió la Fiscalía Anticorrupción, heredó más que una oficina: recibió un archivo muerto, una tumba de expedientes olvidados en donde yacen pruebas, denuncias y testimonios de corrupción que nunca encontraron justicia. Y no, no es una metáfora, es la descripción puntual de lo que sucede cuando el aparato de procuración de justicia se convierte en cómplice de la clase política tal y como ocurrió con el maestro universitario Juan Salazar Núñez cuando ocupó esa dependencia por un periodo de casi siete años.

CRITERIOS DE IMPUNIDAD: LA RED DE PRIVILEGIOS DEL PODER NARANJA.- Uno de esos casos, simbólico por su crudeza y por lo que representa, es el de Julio César Solís Serrano, exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, exdiputado y excoordinador parlamentario, quien desde esa trinchera de poder, no solo pactó para proteger a los suyos, sino que logró un
entramado de complicidades que permite que su entorno más cercano –específicamente su esposa, Carina Arteaga– siga libre, sin enfrentar consecuencias por su participación en el escandaloso caso de las "pensiones doradas".
Las pensiones “doradas” no son un error administrativo, bajo ninguna circunstancia porque son el reflejo de una cultura política profundamente corrupta, donde el Estado se convierte en un botín a repartir entre amigos, cómplices y operadores; cuyos beneficios al margen de la ley que no se otorgaron por méritos ni necesidades, sino por influencias, favores y cuotas de poder.
Fueron incluso, los diputados de la legislatura LIV y LV los que están involucrados porque, algunos, tuvieron la osadía de acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar denuncias penales en contra de quien resultara responsable, pero lo único que provocaron, fue darles elementos jurídicos para echar abajo todo ese negro y mal integrado expediente, por lo que les dieron impunidad a los muchos de los que hoy, en medio de tramas y actos ilícitos, perciben onerosos salarios como pensión “dorada” sin merecerlo porque no cumplía con los requisitos legales para ello.
¿Qué hicieron los fiscales Uriel Carmona y Juan Salazar Núñez? Lo que hacen los guardianes del orden cuando sirven al poder y no al pueblo: garantizar impunidad. Y sobre todo, Salazar Núñez, por ejemplo, concedió a la esposa de Julio César Solís Serrano un “criterio de oportunidad”, cuya figura jurídica se supone busca la eficiencia procesal y no el encubrimiento, como ocurrió. Es decir, se le otorga a quienes colaboran con la justicia, a quienes reparan el daño. Nada de eso ocurrió. Lo único que hizo Arteaga fue estar casada con un diputado con influencias que presidia la Comisión de Seguridad.
LA COMPLICIDAD DE JUAN SALAZAR Y JULIO CÉSAR SOLIS.- Este uso perverso de la ley, manipulado por intereses políticos, revictimiza a la ciudadanía, especialmente a quienes luchan desde hace años por una fiscalía autónoma, por la recuperación de los recursos saqueados y por el fin de los pactos de impunidad entre partidos, empresarios y funcionarios.
El silencio legislativo también pesa. ¿Dónde están los diputados de las legislaturas 54 y 55 que prometieron revisar las pensiones ilegales? ¿Por qué se esfumó de la agenda este tema, pese a las denuncias públicas y a las pruebas documentadas? La respuesta es simple: la impunidad se sostiene en una cadena de lealtades y traiciones, donde la verdad y la justicia son intercambiadas por favores políticos.
Por ello, la llegada de Leonel Díaz Rogel a la Fiscalía Anticorrupción genera confianza para poder desentramar todo ese mar de corrupción y complicidad entre políticos, por lo que es una última oportunidad para romper este ciclo y para ello, es vital, esencial, revisar los casos congelados, reabrir expedientes, y sobre todo, enviar un mensaje claro: la ley no puede seguir siendo una herramienta del poderoso contra el pueblo.
De lo contrario, la Fiscalía Anticorrupción solo cambiará de nombre, de titular, pero no de función, es decir, seguirá siendo la mejor aliada de los corruptos.

DEMOCRACIA SECUESTRADA POR LA IMPUNIDAD.- Lo que debería haber sido una oportunidad ejemplar para castigar la corrupción y sentar un precedente en la administración pública, triste y lamentablemente se redujo a un grotesco sainete de complicidades; puesto que, en lugar de justicia, hemos presenciado la burla institucional. El caso de Carina Arteaga, quien desde su cargo que ostentó como Directora de Recursos Humanos en la LIII Legislatura expidió constancias laborales con datos presuntamente falsos, es una clara muestra de cómo se manipulan las estructuras del poder para el beneficio personal y de grupo.
La gravedad de este caso no radica únicamente en la falsificación documental, sino en el blindaje político que recibió Carina Arteaga, facilitado nada menos que por su propio marido, en una red de
protección que escandalizó en su momento por su descaro; y es que, la aparente vinculación a proceso de algunas personas cercanas al caso se diluye como una maniobra burda para distraer a la opinión pública y garantizar que Arteaga quede impune ya en dos legislaturas; puesto que lo único que presenciamos fue jamás justicia, sino un pacto de impunidad orquestado desde las entrañas del poder.
Peor aún, el silencio cómplice de la LV Legislatura, sumado al retiro estratégico de denuncias -que hoy en día, siguen legisladores en esta LVI que pueden ser cómplices de ello-, deja al descubierto la profundidad de la podredumbre institucional. La opacidad, la falta de rendición de cuentas y el desdén por la ley son síntomas de un sistema corroído por la codicia y la falta de ética. El caso de los militantes de Movimiento Ciudadano no es aislado porque forma parte de un ecosistema de corrupción que siempre fue protegido por el autodeminado llamado G14, un grupo de diputados locales de diversas fuerzas políticas que lograron una alianza entre legisladores que operó como un cartel político, protegiéndose mutuamente y haciendo negocios directos e indirectos con los recursos públicos como si fueran patrimonio personal.
Esta clase política, lejana a los intereses del pueblo, se ha especializado en reciclarse a través de mecanismos que burlan la voluntad ciudadana, por ello, el exdirigente naranja, Julio César Solís Serrano y quien al mismo tiempo era diputado local, provocó este entramado, y quien también tendría que ser investigado hoy por la Fiscalía General para saber cual fue su participación directa con Juan Salazar Núñez y si incurrió en conflicto de interés al intervenir a favor de su esposa.

Hay que recordar que Julio César Solís, para ser diputado local poco le importó violar la ley al haber falsificado documentos y decirse que era de autoadscripción indígena con total cinismo, logrando la hazaña de haberse mantenerse en el poder como diputado local naranja pero con esos negros antecedentes.

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