Observador político - Justicia sin Pueblo: el colapso del Poder Judicial en Morelos

Por años, el Poder Judicial de Morelos ha sido una maquinaria lenta, opaca y profundamente desconectada de las necesidades del pueblo y no, no es casualidad que ocupe el último lugar en procuración de justicia. Mucho menos se trata por la falta de presupuesto, como algunos se esfuerzan en justificar. Es por la corrupción, el desinterés y la falta de preparación de quienes deberían garantizar derechos y no perpetuar injusticias.

CORRUPCIÓN E IGNORANCIA EN EL TSJ.- Miguel Ángel Rosete Flores, expresidente de la Barra de Abogados, lo dijo con claridad: los juicios orales en el estado no solo son una burla para las víctimas, sino también un campo fértil para la revictimización. ¿Dónde queda entonces la función social de la justicia? Cuando el dolor de las víctimas es ignorado, cuando los crímenes comunes se ven atrapados en el pantano de la negligencia judicial, ¿quién protege al pueblo?

Miguel Rosete hace años fue más allá al denunciar no solo la corrupción, sino algo igual de grave: la ignorancia y la falta de voluntad de los juzgadores, ya que incluso, habló de la necesidad de evaluar a los jueces, de someterlos a pruebas de conocimiento y confianza; pero eso, como tantas otras demandas sociales, cayó en el vacío institucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde los magistrados se protegen entre sí y se cubren con el manto de la impunidad.

Callar frente a un aparato judicial que se ha convertido en un bastión del privilegio, donde la justicia no sirve al pueblo, y que no escucha a las víctimas, que no castiga a los agresores, es una justicia inútil. Y peor aún: es una justicia al servicio de unos cuantos, los mismos de siempre.

Por ello, es urgente democratizar el Poder Judicial que se dará en los próximos dos años a fin de que rindan cuentas y se les pueda evaluar, con la finalidad de que los jueces y magistrados sean responsables ante la sociedad que dicen servir. Y es qué, mientras haya quienes sufren delitos y no encuentran respuestas, mientras haya quienes estudian leyes solo para traicionarlas desde el estrado, la justicia seguirá siendo una promesa rota.

JUSTICIA DE ÉLITE, DOLOR DEL PUEBLO.- Mientras en los discursos oficiales los magistrados se llenan la boca con promesas de justicia y combate a la corrupción, en Morelos el Poder Judicial sigue operando como un club privado de privilegios, pactos de silencio y simulaciones institucionales.

Basta con recordar durante la presidencia del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la que se reveló que seis jueces estaban bajo investigación por “presuntas irregularidades” en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué pasó? Dos de ellos fueron dados de baja. ¿Y los otros cuatro? Seguimos esperando.

Los señalamientos no son menores. Hablamos de jueces que operaban en las materias penal, civil y familiar: es decir, en las vidas cotidianas de quienes menos tienen. ¿Qué significa que un juez no atienda promociones en tiempo o que simplemente no reciba a las personas que acuden en busca de justicia? Significa impunidad y retrasos deliberados, tortura burocrática, negocios con el dolor ajeno. Significa que los expedientes duermen mientras la desesperación crece.

El propio Gamboa Olea en su momento lo reconoció: hay omisiones, negligencia, dilación. Y sin embargo, el sistema sigue girando como si nada. Esas “conductas irregulares” no surgieron de un día para otro pues son prácticas que han echado raíces y que son permitidas, solapadas. Pero cuando finalmente salen a la luz, la respuesta es tibia, burocrática, y cómplices, donde las palabras vacías no garantizan justicia, sino más simulación.

Todos esos casos y más, como la corrupción, nepotismo, omisión y demás son muestra de que el Poder Judicial está lejos de servir al pueblo y sí está hecho para blindarse a sí mismo, a fin de proteger a las élites jurídicas y mantener intacto el viejo pacto de impunidad.

JUSTICIA A LA VENTA.- El nuevo episodio de podredumbre institucional quedó al descubierto tras los señalamientos de que dos jueces, Alma Patricia Salas Ruiz y Javier Hernaldo Romero Ulloa, han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por incurrir en actos que no solo transgreden la ley, sino que vulneran la dignidad y los derechos básicos de la ciudadanía.

Más aún por las presuntas acusaciones que son graves y delicados, más aún en la manipulación de expedientes, las audiencias clandestinas y las restituciones ilegales, porque se evidencia que la justicia está al servicio del despojo.

El caso de Jesica Lozano Reyes ilustra con crudeza el problema, ya que como argumentan los litigantes, tras comprar legalmente su casa y alquilarla como cualquier trabajadora, se ha visto involucrada en un proceso irregular en el que la vivienda ha sido vendida fraudulentamente en varias ocasiones por un individuo que actúa con total impunidad y que señalan a Arturo Cervantes Reyes, quien al parecer lejos de enfrentar consecuencias, ha sido favorecido por resoluciones judiciales emitidas por los mismos jueces ahora denunciados.

De ahí que el abogado Jesús García Aguilar denunció públicamente cómo los jueces "ordeñaron" la carpeta del caso, vaciándola de documentos clave y obstaculizando el acceso a la defensa; peor aún, el juez Romero celebró una audiencia sin notificación a la parte afectada, con una defensora pública impuesta, violando abiertamente el debido proceso.

Lo preocupante es que este no es un hecho aislado, sino un síntoma de una estructura judicial enferma, capturada por intereses privados y sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas, de ahí que, en Morelos, como en muchas otras partes del país, la toga y el mazo ya no simbolizan justicia: son instrumentos del despojo cuando caen en manos de quienes hacen negocios con las sentencias.

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