Defraudación fiscal y delincuencia organizada

En las pasadas semanas se han estado debatiendo en la Cámara de Senadores tres iniciativas que han derivado en un dictamen que reforma diversas leyes buscando equiparar la defraudación fiscal como un delito de delincuencia organizada.

Este dictamen será llevado al pleno para su discusión y eventual rechazo o aprobación, y los términos en que se ha redactado, ha provocado diversas reacciones de rechazo de parte del sector empresarial, pero también de expertos en materia fiscal y de diferentes sectores de la sociedad, sobre todo de la población económicamente activa.

Y cómo no reaccionar así, pues en caso de aprobarse, el gobierno federal tendría una herramienta poderosa con la que podrá criminalizar y presionar a empresarios y empresas que no se ajusten a sus propuestas o decisiones, al tiempo de que el dictamen contiene consideraciones que contravienen la ley y los acuerdos internacionales firmados por nuestro país, así como un gran riesgo de inhibir la inversión y consecuentemente el desarrollo económico.

Este dictamen incluye tipificar la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, lo que contraviene al sistema penal acusatorio que contempla la presunción de inocencia, así como preferir la reparación del daño para evitar que los inculpados sean privados de su libertad.

Al dejar de aplicar sanciones al infractor por los hechos delictivos cometidos, y pasar a la aplicación de las mismas por considerarlo peligroso, (al ser categorizado como tema de seguridad nacional), en temas estrictamente económicos, sin duda ahuyentaría la inversión extranjera pues estos inversores preferirían colocar sus proyectos en aquellos países que no den ese tratamiento.

A todo lo anterior habrá que añadir que se estaría criminalizando a ciudadanos y trabajadores pues conductas tan simples y reparables como lo es que el contador de cualquier ciudadano realice una deducción que después no pueda comprobar de manera fehaciente, o alguna omisión de sus declaraciones provisionales por más de un año, (circunstancia en la que se encuentra más del 50 % de la población económicamente activa), ubicaría a estos ciudadanos en supuestos de delitos que atentan contra la seguridad nacional, con el alto riesgo de parar en la cárcel, y al encuadrar delincuencia organizada, padecer la incautación de sus bienes y cuentas.

El objetivo de esta propuesta es perseguir a empresas factureras y empresas fantasma y equipararlas como delincuencia organizada, lo que implica demostrar que las empresas señaladas se integran por dos o más personas que se formaron única y exclusivamente para delinquir, de manera permanente, lo que hace prácticamente inviable aplicar este criterio, igualmente si se trata de una persona física; a esto hay que añadir que la ley considera que todos los ingresos de la delincuencia organizada tienen un origen ilícito, y los ingresos de personas o empresas que llegan a cometer defraudación fiscal son generalmente lícitos.

Por si fuera poco, esta propuesta de reforma incluye que, de acuerdo al monto de la defraudación fiscal, las empresas o personas físicas ya se consideran como miembros de la delincuencia organizada, lo que deriva en el compromiso del estado para desaparecerlas, o sea, incautar todos sus bienes. Si se tratara de una empresa que por la razón que sea, omitió en alguna declaración algún rubro que llegue a significar la cantidad contemplada en esta propuesta, entonces la autoridad procedería de inmediato a su cierre y a quedarse con todo lo que esté a su nombre, dejando en la calle a sus trabajadores.

Por supuesto que la defraudación fiscal genera un gran daño a la economía de nuestro país, y que su combate debe ser prioridad, pero generar herramientas legales débiles por su alto riesgo de impugnación, y que amenacen e intimiden a quienes generan empleos y desarrollo económico y tributan ante la hacienda pública, sean micro, pequeños, medianos o grandes empresarios, lejos de corregir el problema lo van a agravar y los efectos negativos de la intimidación serán en perjuicio de todos los sectores de la población.

Al tiempo.