Observador político - Hipocresía política de Dalila Morales, PAN y falta de coherencia ética

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Hipocresía política de Dalila Morales, PAN y falta de coherencia ética

En medio del ruido electoral que suele envolver nuestro panorama político, emerge una vez más la desgarradora realidad de la hipocresía y la falta de coherencia ética que permea en las altas esferas del poder. El reciente caso del exgobernador Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, candidato a diputado federal por el primer distrito por el Frente Amplio por Morelos, ha puesto al descubierto una vez más la desgastada tela de araña que teje la clase política tradicional en México y que protege el Partido Acción Nacional por ser el partido que siglo su candidatura.

LA PROTECCIÓN A SERGIO ESTRADA DESDE EL PAN.- Hasta el momento quizá no es ilegal porque no existe una sentencia condenatoria por parte de un juzgado contra Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, acusado por el delito de violencia intrafamiliar pero no es moral y mucho menos ético, algo que desconoce la dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Dalila Morales Sandoval quien en todo momento ha estado protegiendo al exgobernador panista sin importarle el daño que le provocará a al Frente Amplio por Morelos y a su candidata a la gubernatura de Morelos, Lucía Meza Guzmán.

Además de que resulta indignante escuchar a dirigentes estatales del Partido Acción Nacional como Dalila Morales Sandoval, levantar la bandera de la integridad y el respeto a la legalidad mientras se aferran a candidatos condenados por violencia intrafamiliar. ¿Acaso esta es la nueva barra de medir la moralidad en la política mexicana? ¿Dónde quedan los valores éticos y el compromiso con la justicia social que deberían ser el corazón de cualquier proyecto de izquierda? De hecho, se le cuestionó en su momento a Dalila Morales que quizá en ese momento no era ilícito pero ético no, y fiel a su costumbre de evadir las cosas y cómplice del caso, no quiso responder la pregunta jamás pese a que fue reiterativa la misma.

Dalila Morales, en su defensa de la "ley", olvida convenientemente el clamor de la sociedad civil, que exige no solo cumplimiento de las normativas legales, sino también integridad moral y un compromiso genuino con el bienestar colectivo; por lo tanto, es un insulto a la inteligencia ciudadana pretender que la mera aplicación de la ley es suficiente para garantizar un ejercicio político justo y equitativo.

Resulta aún más desalentador ver cómo otros partidos políticos guardan un silencio cómplice frente a estas prácticas, como si la integridad y la coherencia fueran valores sacrificables en el altar de la conveniencia política; y más aún cuando se han firmado acuerdos como recientemente lo hizo Lucía Meza Guzmán y que no ha servido para nada, de ahí se debe revisar y retirar las candidaturas a las personas con antecedentes de violencia y falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias en cargos de representación popular por considerar que es una afrenta a la democracia misma y una traición al mandato de justicia social que debería guiar cualquier proyecto progresista.

Este caso, lejos de ser un incidente aislado, debería servir como un recordatorio urgente de la necesidad de una transformación profunda en nuestra cultura política; los partidos políticos deben dejar de lado sus intereses mezquinos y asumir una postura firme en la promoción de valores éticos y el respeto a la legalidad; además de que la transparencia y la integridad no pueden ser meras consignas vacías, sino principios rectores que guíen cada acción y decisión en el ámbito político.

EL PAN Y LA ÉTICA POLÍTICA (¿TIENE?).- En un país donde la violencia de género y familiar sigue siendo una lacra persistente, es inadmisible que los partidos políticos, en lugar de condenar tales actos, opten por encubrir a quienes están implicados en ellos. El reciente caso del exgobernador de Morelos y candidato a Diputado Federal por el Frente Amplio por México a través del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Alberto Estrada Cajigal, es un ejemplo contundente de esta tendencia.

Tras un largo proceso legal, el Juez de Control de Primera instancia del Poder Judicial de Quintana Roo emitió un acuerdo de vinculación a proceso penal contra Estrada Cajigal por el delito de violencia familiar y de género. Dos años de trámites que culminaron en la decisión de poner al exgobernador en prisión domiciliaria, como medida cautelar.

La reacción de las dirigencias del PAN, tanto a nivel estatal como nacional, ha sido decepcionante. En lugar de mostrar un compromiso firme con la erradicación de la violencia de género, han optado por respaldar a Estrada Cajigal, argumentando supuestos procedimientos internos del partido y la ausencia de una sentencia definitiva.

Es evidente que la prioridad del PAN parece ser la protección de sus intereses políticos, incluso a costa de ignorar la gravedad de las acusaciones contra uno de sus candidatos. Esta postura levanta serias dudas sobre la ética y la integridad de dicha institución política.

Resulta preocupante que en un momento en el que se espera un liderazgo moral por parte de los partidos políticos, el PAN opte por el silencio cómplice frente a un caso tan delicado como el de Estrada Cajigal. Más aún cuando la sociedad exige transparencia y responsabilidad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos.

El caso de Estrada Cajigal no solo pone en entredicho la credibilidad del PAN, sino que también subraya la urgente necesidad de un cambio cultural y político en nuestra sociedad. Es imperativo que los partidos políticos tomen una postura clara y contundente contra la violencia de género, demostrando así su compromiso con la justicia y la igualdad.

En última instancia, este episodio nos recuerda que la política no puede separarse de la ética y la responsabilidad social. Los partidos políticos tienen la responsabilidad moral de garantizar que sus candidatos sean personas íntegras y respetuosas de los derechos humanos. Fallar en este aspecto socava la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas y perpetúa la impunidad de aquellos que perpetran actos de violencia. Es hora de que el PAN, y todos los partidos políticos, asuman esta responsabilidad con la seriedad y el compromiso que merece.

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