El Tercer Ojo - Sobre ¨filtraciones¨ y la publicación de ¨la verdad sospechosa¨

Estimados seguidores de esta colaboración semanal en El Regional del Sur; como sabedores somos, recientemente una periodista del diario Reforma hizo pública una nota fundada en un documento que le filtraron, con respecto al informe sobre el caso de la desaparición forzada y probable ejecución de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Tixtla de Guerrero, Guerrero, hace ya ocho años.

Según expresa la periodista, a ella llegó el documento en cuestión, sin tachaduras o enmendaduras, es decir, el documento “no testado”, mientras que, la conferencia pública que dio el encargado de coordinar dicho trabajo, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se fundó en el mismo documento —hecho público—, pero tachado en varias partes.

Con base en la conferencia de prensa y el documento “testado”, el Subsecretario expuso las siguientes conclusiones:

Primera, la “Verdad histórica” presentada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, es, en realidad, una mentira fraguada por el propio Procurador y otros personajes tanto del estado de Guerrero como del Gobierno Federal.

Segunda, la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es un “Crimen de Estado” en virtud de que tanto las Presidencias Municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, mediante sus cuerpos policíacos, en “coordinación” con grupos operativos de narcotraficantes, con el conocimiento pleno del Gobierno del Estado de Guerrero, se encargaron de la operación de secuestro, tortura, ejecución y desaparición de los cuerpos de los 43 estudiantes.

Tercera, el Ejército Federal Mexicano, a través de su representación en Iguala de la Independencia, Guerrero, fue partícipe, por omisión y colusión, de este “crimen de estado”.

Cuarta, los 43 jóvenes fueron ejecutados y desparecidos.

Adicionalmente, el Subsecretario informó que fueron solicitadas 81 órdenes de aprehensión de presuntos participantes y responsables de este “crimen de estado”.

Sintéticamente dicho, estas conclusiones son muestra clara del estado que guarda la investigación del caso y, naturalmente, hasta ahora, de la deuda que el gobierno en turno aún mantiene a este respecto y, particularmente, en tratándose de la “verdad”, la justicia transicional para las víctimas, la reparación del daño y la sanción a los responsables para evitar la impunidad en este caso.

Ahora bien, regresando al artículo de la periodista del diario Reforma, Peniley Ramírez, en su columna Linotipia, Ayotzinapa el encubrimiento (24 Sep. 2022), sin pudor alguno, sirviéndose del documento que le filtraron, hace público un conjunto de datos que, más allá de lo expuesto en el documento hecho público por el Subsecretario Encinas, nada nuevo e importante aporta a la difusión de la “verdad”, pese a que la propia periodista esgrime como justificación ese propósito y, por el contrario, únicamente muestra el “amarillismo” y la “nota roja”, sin análisis histórico, político, ético y jurídico del caso.

Ahora bien, este suceso que trasciende lo anecdótico es una muestra muy transparente de algo que ha sido conocido ampliamente desde hace tiempo, se trata aquí de las relaciones estrechas que existen entre los “medios informativos” —tales como la prensa escrita o propalada mediante la radio o la televisión y, ahora también, a través de la internet y las “redes sociales”— y los órganos del Estado y los gobiernos que lo encarnan y, con ello, las “filtraciones” de información en ambos sentidos con fines o propósitos deliberados, orientados hacia la “manipulación industrial de la conciencias” —hubiera expresado atinadamente Hans Magnus Enzensberger— y que forman parte de lo que Vance Packard hubiera denominado “las formas ocultas de la propaganda”, teniendo como blanco la generalización de opinión, favorable o desfavorable, hacia ciertos sucesos, acciones, personas o instituciones y, consecuentemente, provocar actitudes en la sociedad acordes con los propósitos de quienes “filtran” la información —referidos por los medios informativos como “fuentes”— hubo ocupado espacio y lugar en las discusiones muy recientes sobre la responsabilidad ética y profesional de los medios informativos y los periodistas, así como también sobre la cuestión prácticamente filosófica de “la verdad” y sus usos.

He utilizado aquí dos nociones que dentro del ámbito psicosociológico ocupan un lugar preponderante en la comprensión y explicación del comportamiento colectivo y social. Refiero los términos de opinión y actitud.

Como se muestra en diversos estudios psicosociales las opiniones son el conjunto de expresiones conceptuales y proposicionales, observables —de manera oral o escrita—, con respecto a un tema, asunto o persona y, presupone, una predisposición psicológica o actitudinal de carácter comportamental; mientras que, por su lado, la actitud sería la disposición para actuar en consecuencia con la opinión. Si hubiera una contradicción entre éstas —que regularmente no son concordantes— pudiera manifestarse una “disonancia cognoscitiva”.

Pues bien, con base en estas dos esquemáticas definiciones es justificable que, tomando en cuenta que no aporta nada nuevo frente al documento “testado”, tanto la “fuente” como el heraldo, o mensajero, persiguen propósitos claros de manipulación y elicitación de opiniones y actitudes que trascienden a la “verdad”.

Años atrás, el poeta y escritor alemán Bertolt Brecht escribió un opúsculo cuyo título y contenido explican bastante bien lo que aquí trato. El documento lleva por título Cinco dificultades para quien escribe la verdad.

Finalmente, ambos documentos, el testado y el no testado, no resuelven la cuestión de fondo: la verdad de los hechos, la justicia transicional, la reparación del daño y el castigo a los responsables.