Observador político - ¿La Ley de “Maternidad subrogada” puede ser un mercado de cuerpos?

El estado de Morelos se encuentra en la mira de la lucha feminista y de derechos humanos ante una iniciativa de ley que, bajo una falsa promesa de modernidad legislativa,  diversos colectivos, grupos feministas y activistas como Yndira Sandoval desenmascaran como un potencial mecanismo para legalizar la trata y la explotación sexual reproductiva de las mujeres.

RECHAZAN MUJERES LA INICIATIVA.- La alarma no es exagerada; es un grito urgente de grupos de mujeres organizadas que han criticado y se han pronunciado abiertamente en contra de la mercantilización del cuerpo femenino.

El dedo acusador apunta directamente al diputado Luis Alberto Pedrero del Partido Verde Ecologista (PVEM). Y es que, la crítica de Yndira Sandoval es mordaz y pertinente: un legislador con un historial enfocado en los derechos de los animales, sorpresivamente incursiona en la legislación de temas tan sensibles para la mujer.

Cierto es que, la preocupación no es solo por el contenido de la ley, sino por los intereses de clase y mercado que la impulsan; quizá por ello, los grupos feministas y colectivos que se reunieron en días pasados en el recinto legislativo donde estuvo presente la secretaria de la Mujer en Morelos, Clarisa Gómez Manrique, quien incluso, hizo suyos los reclamos sociales y de las activistas al rechazar esa iniciativa de Ley de Maternidad Subrogada, evidencia una oposición radical a cualquier política que violente los derechos humanos y reproductivos de la mujer y convertirla en una mercancía o a un medio de producción.

“Es sumamente grave que su incursión en temas de mujer esté potencialmente vinculada a intereses que buscan mercantilizar el cuerpo de las mujeres.”

PATRÓN DE MERCANTILIZACIÓN.- A manera de ejemplo y con la experiencia obtenida en lugares como la Ciudad de México y Tabasco, donde iniciativas similares fueron promovidas por legisladores con vínculos probados a redes de explotación reproductiva, demuestran que no es una coincidencia, no, esto es una clara advertencia de que existe un modelo de negocio que busca legitimación legal en el territorio nacional.

La pregunta de Yndira Sandoval resuena con fuerza: ¿Por qué Morelos se convertiría en el tercer estado en aprobar una ley de este tipo, mientras que los otros 30 se han resistido?

La respuesta, desde este espacio es clara: porque Morelos está siendo instrumentalizado como un punto débil para introducir una política que sí puede, en determinado momento, disfrazar la explotación como "derecho" o "elección", pero que en el fondo beneficia únicamente al capital privado que paga por el uso del cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

INTERESES OCULTOS.- de ahí que las activistas han exigido una auditoría transparente y exhaustiva de los promotores y consultores detrás de esta iniciativa.

Sobre todo porque la promoción de esta ley coloca al iniciador de la misma, en un facilitador de los intereses del mercado, en franca oposición a los derechos humanos fundamentales.

De ahí el llamado a la resistencia feminista en Morelos a esta iniciativa de ley porque la consideran un ataque frontal a la dignidad de la mujer y a la noción de un Estado protector de los derechos humanos. Esta es una nueva forma de violencia económica y estructural para utilizar los cuerpos de las mujeres sobre todo, las más pobres.

Los derechos humanos no son un producto que se vende y se compra en el mercado, de ahí que exigen al diputado Luis Alberto Pedrero que demuestre públicamente su total desvinculación con cualquier red o agencia que lucre con la explotación sexual reproductiva. En la ausencia de esta transparencia, la única conclusión válida desde la ética de la izquierda es que esta ley es una pieza de engranaje para convertir a Morelos en un paraíso legal para la explotación de mujeres.

EL ESPEJISMO DEL BIENESTAR CIUDADANO.- El legislador que presentó la controvertida iniciativa de Ley de maternidad subrogada, Luis Alberto Pedrero, anunció que esta iniciativa se mantiene en una pausa, lo cual no es una concesión voluntaria ni un gesto de sensibilidad política, sino el resultado directo de la organización social, de los colectivos feministas y de las voces críticas que se negaron a aceptar una legislación construida de espaldas a quienes históricamente han cargado con los costos del sistema: las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Empero, Luis Alberto Pedrero ha insistido en que la suspensión del proceso legislativo obedece al deseo de “escuchar todas las perspectivas” y de garantizar lo “más conveniente para las familias y la ciudadanía” aunque, dejó en claro que se mantiene firme el proyecto pero con el que se busca escuchar a todos los sectores de la población y a especialistas en el tema.

Asimismo, el diputado rechaza tajantemente que la propuesta tenga detrás “intereses económicos” o que pretenda abrir la puerta a un negocio, sin embargo, la maternidad subrogada -especialmente cuando se regula sin candados claros, sin garantías firmes y sin un análisis socioeconómico riguroso- inevitablemente corre el riesgo de convertirse en un mercado donde los cuerpos de las mujeres más pobres se vuelven mercancía disponible para quienes sí pueden pagar.

Es precisamente esa desigualdad estructural, tan negada por los discursos oficialistas, lo que preocupa a los colectivos feministas: que bajo el lenguaje de la “libertad de elección” se normalice un sistema donde unas mujeres gestan para otras por necesidad económica, mientras el Estado se desentiende de garantizar condiciones de vida dignas que hagan innecesaria esa forma extrema de precarización reproductiva.

Por lo tanto, ahora que anunció que se organizará “un nuevo foro” con grupos opositores no borra el hecho de que la iniciativa se impulsó sin ese diálogo previo, pero tampoco despeja el temor de que, una vez que la presión mediática disminuya, la propuesta pueda retomar su curso con modificaciones mínimas y sin cuestionar su esencia.

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