Observador político - Margarita, Rafa y el presupuesto 2026

Durante las legislaturas 54 y 55, Morelos pagó caro la confrontación abierta entre los Poderes Ejecutivo y el Legislativo, debido a que los diputados vivieron en perpetuo choque con la administración de Cuauhtémoc Blanco, un periodo marcado -según amplios sectores ciudadanos y diversos actores políticos- por la opacidad, corrupción, la falta de resultados y el deterioro institucional. Ese choque dejó consecuencias palpables: presupuestos precarios, parálisis administrativa y un estado que, poco a poco, se fue desdibujando en sus capacidades más esenciales.

DIÁLOGO Y ACUERDOS: MARGARITA Y RAFA REYES.- Pero el escenario político cambió. Y, para bien. Con la llegada de Margarita González Saravia, Morelos parece dar un giro hacia la reconstrucción política y administrativa. Y es qué, González Saravia no solo recorre territorio, sino que ha colocado el diálogo y el acuerdo como ejes de gobierno, una ruptura con la lógica del enfrentamiento que definió al pasado inmediato. Este giro cobra mayor fuerza con la presencia de un liderazgo parlamentario sólido como el de Rafael Reyes Reyes, quien ha logrado articular un bloque de trabajo eficiente dentro del Congreso.

A diferencia de los años recientes, cuando la confrontación bloqueaba sesiones, impedía quórums y convertía la discusión presupuestal en un campo de batalla estéril, hoy se respira otra dinámica. El grupo encabezado por Reyes Reyes -diez legisladores de Morena y dos aliados del Verde y Nueva Alianza- ha tejido puentes con prácticamente todas las fuerzas políticas del Congreso: PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PRI.

No es poca cosa. En un estado donde la política había caído en la ingobernabilidad parlamentaria, este nuevo clima abre la puerta para que el presupuesto 2026 -superior a los 41 mil millones de pesos- pueda ser aprobado por unanimidad y, lo más importante, antes del 15 de diciembre, la fecha límite.

NUEVOS TIEMPOS.- La gobernadora Margarita González necesita un arranque financiero sólido para 2026, y todo indica que el Legislativo, ahora sí, quiere ser parte de la solución y no del problema.

Lo que hoy sucede en Morelos no es obra de la casualidad. Es el resultado de algo que la política estatal había olvidado: la disposición al acuerdo. No se trata de borrar las diferencias partidistas, sino de colocarlas dentro de un marco de responsabilidad histórica con la ciudadanía.

Si el Congreso cumple y el Ejecutivo mantiene la ruta del diálogo, Morelos podría pasar del estancamiento a un ciclo de reconstrucción institucional que ya era urgente. Falta mucho por lograr. Pero, al menos esta vez, el camino parece abierto.

DOS LEGISLATURAS PARA EL OLVIDO.- Si algo dejó claro la Legislatura LV es que el poder político de Morelos puede hundirse hasta niveles que rozan la caricatura, por lo que, esa legislatura es recordada -y con justa razón- como una de las más desastrosas en la memoria reciente: casi dos años de parálisis, incapacidad absoluta para construir acuerdos y un Congreso convertido en un museo del absurdo donde reinó la ineficiencia.

Pero el deterioro institucional no se quedó ahí. La LV quedó marcada por episodios oscuros que golpearon a todo el estado, entre ellos el asesinato de la diputada Gabriela Marín, un crimen que permanece sin esclarecer. Peor aún: surgieron voces, dudas y señalamientos públicos que insinuaron posibles implicaciones de personajes del propio Legislativo, y frente a eso, el Congreso respondió con un silencio que indignó a la ciudadanía. No hubo exigencia firme de justicia, ni posicionamientos contundentes. La institución que debía ser contrapeso terminó convertida en espectadora pasiva de su propia descomposición.

LA LIV, TAMBIÉN QUEDÓ ATRAPADA Y CUESTIONADA.- Pero la legislatura anterior tampoco puede presumir altura política. En el 2021, el Congreso local tiró a la basura el Paquete Económico 2022. ¿La razón? La falta de consensos. Cinco legisladores de Morena, PT y PES no asistieron a la sesión en protesta por disputas internas, dejando sin quórum una votación crucial. La consecuencia fue el rechazo del dictamen y, con ello, un golpe directo a la estabilidad financiera del estado.

Lo que debería ser un ejercicio de responsabilidad republicana terminó convertido en una escena de fracturas partidistas, mezquindades y cálculo político. Mientras tanto, los problemas del estado —pobreza, violencia, rezago social— siguieron acumulándose.

CUAUHTÉMOC BLANCO: DEL BALÓN AL PLEITO PERMANENTE.- La crisis legislativa que se dio en el pasado, no puede entenderse sin el choque directo con la figura de Cuauhtémoc Blanco Bravo, un exfutbolista que llegó a la gubernatura respaldado por la popularidad mediática, pero cuya administración se desenvolvió entre denuncias, escándalos, acusaciones de corrupción y una confrontación permanente con el Congreso.

El conflicto alcanzó niveles grotescos. Basta recordar como Alexander Ismael Pisa Metcalfe, quien fuera el coordinador General de Difusión y Comunicación Social del gobierno de estado, destinó grandes cantidades de dinero público para desplegar espectaculares, anuncios y propaganda en rutas de transporte, donde se presentaba a diputados como “traidores”.  Esos tiempos aciagos, el gobierno estatal declaró una guerra abierta al Legislativo, una guerra que no produjo más que desgaste político y una disputa estéril que nunca benefició al pueblo.

Mientras ambos poderes se peleaban en la arena pública, Morelos quedó abandonado: servicios colapsados, programas detenidos, instituciones paralizadas y un clima político tóxico que golpeó a las familias morelenses.

¿Y EL PUEBLO? EL QUE SIEMPRE PAGA LOS PLATOS ROTOS.- Lo más doloroso es que, en medio de la confrontación, el legislativo no legisló, el ejecutivo no gobernó y Morelos sobrevivió con las uñas. Mientras el poder se convertía en espectáculo, la ciudadanía vivió las consecuencias: inseguridad creciente, servicios públicos en retroceso, hospitales sin insumos, colonias olvidadas, campo abandonado.

La clase política convirtió la administración pública en un ring, y el costo lo asumieron los mismos de siempre: los sectores populares, las comunidades marginadas, quienes dependen de un estado funcional para tener siquiera lo mínimo.

LA DEUDA HEREDADA DE GRACO Y CUAUH.-  En Morelos, la historia reciente demuestra que cuando el poder se ejerce sin proyecto, sin ética y sin compromiso social, las consecuencias no solo se sienten en el presente: se heredan como cargas pesadas que condicionan el futuro del pueblo. Eso ocurrió con la deuda pública del estado, hoy convertida en una auténtica bomba de tiempo.

Durante la administración de Graco Ramírez, Morelos contrajo una deuda superior a los 6 mil millones de pesos, una cifra que dejó al estado atado a compromisos financieros que siguen golpeando el presupuesto actual. Diversos sectores sociales y voces críticas han señalado a ese gobierno por haber ejercido el endeudamiento sin la transparencia ni la responsabilidad que exige la administración pública, priorizando proyectos cuestionados y decisiones alejadas de las necesidades populares.

Lejos de corregir el problema, el siguiente gobierno —el encabezado por Cuauhtémoc Blanco— optó por una ruta que no resolvió nada. Durante su sexenio, prácticamente no se pagó capital de la deuda: solo se cubrieron intereses, como quien mantiene la casa a flote pero nunca repara las

Hoy, la administración de Margarita González Saravia enfrenta esa realidad amarga: una deuda multimillonaria heredada por dos gobiernos incapaces de asumir su responsabilidad financiera. No se trata solo de números: se trata de hospitales sin equipos, carreteras olvidadas, drenajes colapsados y comunidades que siguen esperando justicia presupuestal.

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