Observador político - Graco y compañía… ¿Impunes?

Para nadie es un secreto los negocios multimillonarios en los que pudieron haber incurrido desde el ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, como la mayoría de sus más cercanos colaboradores, durante el sexenio pasado, muchos de los cuales, por las denuncias penales presentadas ante las Fiscalía General de la República y del Estado, respectivamente, se hicieron al margen de la ley. Sin embargo, al cabo de casi ya un año, todos ellos quedarán sin recibir castigo corporal porque al final el manto sagrado de la impunidad los protegerá. Es decir, no pisarán la cárcel ninguno por cómo se están dando las cosas actualmente.

PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.- A Graco Luis lo pueden acusar de corrupto y traicionero pero de lo que jamás nadie lo puede señalar es de tonto. El ex titular del poder Ejecutivo, con alrededor de cinco décadas en las grandes ligas dentro de la política además de estar bien relacionado, sabe, conoce y está actualizado en todos los temas de moda. Por ello antes de concluir su mandato se cuidó, se protegió y tejió una red de cómplices para cuando él ya no estuviera dentro de la administración pública, sin importar la persecución política y judicial que se implementaría en su contra, no sucediera nada extraordinaria en contra de su persona su familia y también la gente que lo acompaño en lo que ha sido considerado como el peor gobierno en la historia de Morelos.

La red de corrupción que provocó el ex mandatario fue apoyado y respaldado por sus cómplices, los 30 diputados locales a quienes les dio todo el dinero que pidieron a cambio de que le aprobarán todas sus iniciativas y acciones que quiso. Un ejemplo de ello, fueron las reformas consideradas como “diarreas legislativas” por aquello de las aprobaciones al vapor, tan pronto se dieron los resultados nada favorables para el PRD y todos sus candidatos que se fueron a la lona política el uno de julio del 2018.

Fue ofensivo, absurdo, grosero, inaudito y excesivo lo que hicieron los diputados de la pasada legislatura, quienes trataron de cubrirse al máximo amparados en el poder que en ese momento tenían y que por tanto, decidieron aumentar de tres a cinco el número de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Buscaban el control del IMIPE. Al final se les cayó el negocio porque les quitaron a sus gentes que habían incrustados sus sucesores que es lo único bueno que han hecho varios meses después.

PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.- Sabiendo lo que les venía, luego de los conflictos y la lucha política que tuvieron con Cuauhtémoc Blanco a quien lo acusaron, señalaron e hicieron todo lo posible por evitar que fuera el candidato a la gubernatura -y a la postre gobernador- sin importarles vincularlo de cualquier cosa que se les ocurrió por inverosímil que resultara. Fue tanto el odio y la campaña de denostación contra el hoy titular del Ejecutivo que días antes, que digo, horas de que salieran de su cargo, se reunieron como viles delincuentes los diputados de la 53 legislatura e hicieron de las suyas. Además de saquear al máximo los recursos del Congreso, decidieron ampararse y blindar a su patrón y amigo, Graco Ramírez, para evitar que pisara la cárcel.

¿Y cuál fue su estrategia?

Simple, eligieron dizque de forma democrática –tenían el control del circo en que se convirtió el Congreso- al fiscal general del estado a través de la figura de Uriel Carmona Gándara, quien a su vez designó al fiscal anticorrupción del estado que recayó en Juan Salazar Núñez, su ex director jurídico y quien es hoy en día, el encargado de investigar las irregularidades en la gestión de su amigo y ex patrón Graco Ramírez Garrido. Pero esto no fue suficiente, habría que darle fuerza a la Fiscalía y para ello, decidieron otorgarle los corruptos ex legisladores la autonomía financiera a la fiscalía estatal por lo que de 370 millones de pesos que tenía la dependencia en el año 2018 se incrementó a  784 millones de pesos para este 2019. Esto significa un incremento de sólo 414 millones de pesos, algo que representa una acción inédita en esta dependencia tan controvertida.

Y por si los filtros no fueran suficientes desde la Fiscalía Anticorrupción, decidieron ir más lejos y por ello, tanto Graco como sus cómplices, los entonces diputados, designaron dos magistrados para el sistema de justicia administrativa que trabajarían con la fiscalía anticorrupción para investigar y castigar a servidores públicos que hayan desviado recursos públicos, y cómo olvidar cuando en esta posición se pretendía colocar a Roberto Soto Castor, esposo de la ex diputada del PRD, Hortencia Figueroa Peralta y hombre fiel a las acciones del oriundo de Tabasco.

Y por si todo ello no fuera suficiente, los grises legisladores de la 43 con la orden del Ejecutivo, les garantizaron a los actuales magistrados del Poder Judicial en la entidad una duración de 20 años en el cargo y no los 14 como lo marca la Constitución. Para los profesionales del derecho, esta acción fue una aberración jurídica que hasta el momento se mantiene porque no han sido tocados.

Quizá por esta razón, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo haya declarado que “alguien está protegiendo a Graco Ramírez”, y aunque no dio nombres de quienes ni qué dependencia, todo hace indicar que se trata de Juan Salazar Núñez quien ha tratado de “nadar de a muertito” para no hacer nada en contra de su ex patrón y sus ex compañeros de gabinete. Y pese a ello, el mandatario anunció que continuarán las denuncias contra los funcionarios perredistas de la pasada administración, aunque no pasará absolutamente nada por este tráfico de influencias que tiene y la red de complicidad que logró construir antes de dejar la gubernatura.

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