Observador político - ¡El diputado Julio César Solís, inmerso en un conflicto de interés!

En la legislatura 53 el diputado más protagónico y fanfarrón fue el priísta Francisco Moreno Merino; en la 54 su lugar fue ocupado por el irreverente  Pepe Casas y su clon en la 55 recayó en la figura de Julio César Solís Serrano, Movimiento Ciudadano. Empero, en solo ocho meses el también presidente del partido naranja se ha visto involucrado en un conflicto de intereses al proteger desde el interior del Congreso a su esposa Karina Arteaga, ex directora de Recursos Humanos en la LIII legislatura, absuelta -por el momento- de las acusaciones judiciales que pesaban en su contra derivado de las “pensiones doradas”.

LA IRRESPONSABILIDAD DEL DIPUTADO.- En su calidad de presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano previo a las elecciones del 2018, decidió apoderarse de la primera candidatura a la diputación por la vía plurinominal por lo que para muchos militantes esa decisión fue considerada como autoritaria y gandalla, a pesar de que él sea el titular de la organización política. Lo malo, delicado, grave, preocupante y alarmante fue que poco o nada le importó que con tal de obtener una curul haya violentado la normativa jurídica y hacerse pasar como un aborigen. Por eso, el Tribunal Estatal Electoral de Morelos en su momento lo destituyó como abanderado aunque posteriormente, otras instancias federales electorales tras percatarse que se había cumplido ya con la cuota indígena en el poder Legislativo, decidieron regresarle ese espacio. El punto, es que el parlamentario es una persona vil y mentirosa a quien no le importa engañar a la sociedad y menos a los pueblos indígenas,  a los que no representa ni se identifica con ellos. Es decir, fingió ser autóctono sin serlo con tal de alcanzar la diputación que al final obtuvo.

Durante los poco menos de ocho meses que lleva la presente legislatura el parlamentario naranja en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, literalmente ha sido borrado por ser considerado un cero a la izquierda por los integrantes de las Mesas de Construcción de la Paz y Seguridad en Morelos que la integran: el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo; el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; Raúl Anaya Rojas, delegado federal para los Programas de Bienestar Social; el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, comandante de la 24/a Zona Militar. Además del Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública; Adriana Pineda Fernández, titular de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión; y Uriel Carmona Gándara, fiscal estatal, entre otras autoridades. A la cual, no han invitado al diputado Julio César.

Sin embargo, recientemente en las escasas reuniones a las que ha acudido con diversos actores políticos encargados de la prevención y procuración de la justicia, se les ofreció al igual que a todos, información privilegiada y confidencial en relación a casos cuyas investigación se llevan con sigilo, como sucede con el feminicidio de Evelyn Afiune, ocurrido en el municipio de Cuautla.

A pesar de ello, el diputado Julio César Solís fiel a su costumbre y naturaleza otra vez fue imprudente y protagónico en su afán de salir a medios, filtró información calificada como delicada y reservada, sobre todo porque las investigaciones tenían un grado de avance e incluso se tenía localizado al presunto feminicida aunque todo cambió con la exposición de un video que lo alertó y por lo tanto, logró huir el presunto asesino.

La denuncia que anunció el titular del Ejecutivo es por los delitos contra la administración y procuración de justicia y revelación de información confidencial, ha sido considerado como faltas graves al poner en riesgo el proceso de la investigación. La querella aún no se ha presentado y por ser del fuero común, el delito en cuestión podría presentarse ante la Fiscalía General o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de su amigo, Juan Salazar Núñez. Al final no pasará nada y por ello, el parlamentario quien anda muy envalentonado, acusando y señalando a diestra y siniestra a la administración estatal en lugar de pedir una disculpa pública por los excesos y abusos que ha cometidos al amparo del cargo que ostenta.

“PENSIONES DORADAS”.-  La esposa del diputado Julio César Solís Serrano, la ex consejera electoral –que en otra entrega atenderemos- Karina Arteaga, ex directora de Recursos Humanos en la LIII legislatura, fue acusada por expedir 26 constancias de antigüedad laboral con información falsa a colaboradores y familiares de diputados que fueron beneficiado con una pensión, sin embargo ese no es todo el asunto, en razón de que ella está recibiendo una “jubilación dorada” en medio de muchos señalamientos por posibles actos de corrupción para su obtención.

La ex funcionaria legislativa estaba en el banquillo de los acusados y de pronto ¡zaz¡, que llega su consorte al Congreso en calidad de diputado y además de presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las cosas cambian, obvio para bien suyo. En automático se hizo amigo de la noche a la mañana de algunos titulares de la CES, Fiscalía y la de Anticorrupción, como sucedió con Juan Salazar Núñez, quien al final prácticamente absolvió a su esposa de cualquier proceso judicial para librar cualquier acción legal en contra de Karina Arteaga, sin importar los constantes y permanentes señalamientos que existieron por parte de los empleados del Poder Legislativo en su contra. Por lo tanto, esto se configura como un conflicto de interés.

En su momento, el caso que pretendían mantenerlo en secreto se les salió de las manos y al final, el Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez anunció que un juez del poder Judicial avaló el desistimiento de la denuncia contra la esposa del diputado de Movimiento Ciudadano, sin importar que existieran 26 denuncias. Algo inverosímil que solo se da en Morelos. Los argumentos del fiscal fueron los siguientes: “a la señora esposa del diputado Solís se le otorgó un criterio de oportunidad, al haber entregado pruebas e incluso documentos en la investigación de las jubilaciones doradas, que han permitido vincular a proceso a algunas personas más”. Es decir, les puso el dedo a las demás personas para liberarse ella.

¿QUÉ ES UN CONFLICTO DE INTERÉS? De acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se señala que “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. Y ante esta circunstancia, lo que tuvo que hacer Julio César Solís, que no hizo y jamás hará, es que al tener conocimiento del asunto y donde su objetividad e imparcialidad está siendo  afectada por la existencia del conflicto de interés o impedimento legal, tuvo que haberse escudado y prevenir cualquier viso de corrupción en la que incurrió él y su esposa. Sin embargo, para ello se requiere de una solución que comprenda la dimensión pedagógica, ética y social, algo de lo que carece el legislador naranja pero que además desconoce.

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