Observador político - Alcaldes, en el banquillo de los acusados por vínculos con el narco

En Morelos, como en muchas otras regiones del país, la frontera entre el poder político y el crimen organizado se ha vuelto cada vez más tenue, más difusa, más peligrosa, por lo que para nadie es un secreto que los grupos delictivos han echado raíces profundas en las esferas del poder, y que lo que antes se decía en voz baja hoy aparece sin pudor en video: políticos, funcionarios, comerciantes aliados, todos retratados codo a codo con líderes criminales, sin que ocurra absolutamente nada.

IMPUNIDAD EN ALCALDES.- Lo que estamos presenciando no es solo la descomposición del tejido social y político morelense, sino la instauración de un régimen de impunidad total, donde los cargos públicos se han convertido en escudos para la ilegalidad y no en herramientas para servir al pueblo, ejemplo hay varios y destacan los de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla y Agustín Alonso Toledo, de Atlatlahucan así como el caso más reciente el de Israel Piña, en Temixco, donde se muestran cómo esta red de complicidades se extiende desde las alcaldías hasta los liderazgos sociales y comerciales, como el de Jorge Bazán Reyes, pasando por los gobiernos municipales y secretarías como la de Víctor Márquez Vázquez.

Las imágenes difundidas de su presunta reunión a inicios de este año de los ediles de oriente con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, señalado líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente, no solo son escandalosas: son prueba del fracaso absoluto del Estado en frenar el avance del crimen en sus propias estructuras. Y a pesar de que se habla de carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República, la historia es la misma de siempre: no pasará nada. La justicia mexicana, una vez más, se hará ojo de hormiga.

Lo más alarmante es que estos personajes, lejos de ser investigados a fondo o inhabilitados políticamente, podrían reaparecer en las boletas electorales del 2027, con lo cual se normalizarán estos delitos y actos de corrupción; y es que, todo hace indicar que ha calado la impunidad en el sistema y la estrategia de los señalados es clara: resistir el escándalo, dejar que el tiempo diluya el enojo ciudadano, y seguir despachando como si jamás nada hubiera pasado.

NI BORRÓN NI CUENTA NUEVA EN EL CASO DEL CUAH.- Mientras en los discursos oficiales se repite la consigna de que “no habrá impunidad”, en los hechos se consolida una de las redes más peligrosas para la vida democrática del país, que no es otra que la alianza entre políticos y el crimen organizado.

Un ejemplo de ello es Morelos donde hoy es un claro ejemplo de cómo el poder público ha sido cooptado, infiltrado o simplemente arrodillado frente a los intereses de los grupos delictivos, y lo más grave, con la complacencia silenciosa de las instituciones que deberían garantizar justicia.

Uno de los casos más descarados fue el del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, cuyo historial es tan escandaloso como la protección que ha recibido, basta con recordar que en 2022, una fotografía lo mostró abrazando a tres presuntos líderes criminales: Irving Eduardo Solano y Raymundo Isidro Castro, del Cártel Jalisco Nueva Generación, y Horacio Figueroa, ligado al grupo Comando Tlahuica, relacionado con el asesinato del activista Samir Flores. ¿Dónde fue tomada la imagen? En su casa, en el lujoso fraccionamiento Tabachines de Cuernavaca. ¿Y qué pasó? Nada.

El hoy diputado federal ni siquiera fue citado a declarar. Su argumento, cínico, fue que “le piden muchas fotos” y no puede saber con quién posa, por lo que la Fiscalía General de la República nunca abrió una carpeta seria, y en el Congreso, cuando se ventiló una denuncia aún más grave -el presunto intento de violación contra su propia hermana-, se impuso el fuero; y basta recordar como el aparato institucional cerró filas para blindarlo en el Congreso de la Unión.

¿De qué nos sirve una narrativa oficial de cero impunidad si personajes como Cuauhtémoc Blanco continúan no solo libres, sino con fuero y aspiraciones políticas? ¿Cuántas veces más veremos a ediles y secretarios de gobierno municipales retratados con criminales, como ocurrió con Jesús Corona, Agustín Alonso, Israel Piña y Víctor Márquez, sin consecuencias reales?

La lógica del poder ha sustituido la ética por la conveniencia, y el sistema judicial opera con una ceguera selectiva que garantiza que los escándalos pasen al olvido mientras los responsables siguen despachando, pactando, operando.

El caso de Cuauhtémoc Blanco no se olvida, no porque sea excepcional, sino precisamente porque representa lo común; y si la izquierda aspira a gobernar con dignidad, tiene que ser la primera en exigir justicia, aunque eso signifique romper con sus propios caudillos.

CHISTIAN CONTRERAS VS ISRAEL PIÑA.- En menudo lío está metido Christian Contreras Luna, exjefe policiaco quien tendrá que presentar las pruebas del edil de Temixco, el empresario y exjefe de policía Christian Contreras Luna luego de que lo señaló públicamente, por delitos gravísimos: vínculos con el crimen organizado, intento de atentado contra la síndica Graciela Cárdenas y la regidora Adriana de la Cruz, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, protección a estructuras corruptas como la de su director de Tránsito, Ángel Guadarrama, y pagos ilegales para silenciar denuncias ante el vicefiscal anticorrupción del estado.

Christian Contreras expuso un retrato dantesco de lo que hoy es Temixco: un ayuntamiento convertido en búnker de intereses mafiosos, en donde los funcionarios piden “pactar” con el narco, donde se cobra “derecho de piso” a comerciantes y donde el edil, lejos de rendir cuentas, acumula propiedades en destinos turísticos sin que su sueldo justifique el nivel de vida que ostenta.

Si la transformación no pasa por limpiar a fondo las estructuras de poder, entonces es solo simulación y si no se castiga a quienes han convertido el servicio público en un negocio al servicio del crimen, entonces todo discurso progresista se convierte en palabrería vacía.

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