Observador político - Corrupción y desprecio en el Congreso

La historia se repite, y en el caso de la política local, parece que estamos atrapados en un camino interminable de corrupción y desprecio por el bienestar de la ciudadanía; los diputados locales que buscan desesperadamente el voto de un electorado decepcionado podrían muy bien estar siguiendo los pasos de la legislatura LIII, que compite con la actual en una carrera hacia el fondo para determinar cuál será recordada como la peor en la historia de Morelos.

KARIMA ARTEAGA Y JULIO CÉSAR SOLÍS.- Recordemos brevemente algunos de los tristes episodios protagonizados por los diputados de la legislatura LIII. Fue, sin lugar a dudas, un festival de privilegios y nepotismo, donde desviaron cantidades millonarias y se hincharon de recursos económicos antes de irse pero además, se otorgaron pensiones a empleados cercanos, amigos e incluso familiares, sin importar si cumplían con los requisitos mínimos, y con serias sospechas de que se utilizaron documentos falsos para justificar estos beneficios exorbitantes de por vida.

Muchos de los beneficiarios ni siquiera tenían la antigüedad requerida, pero gracias a la maquinaria legislativa y la complicidad de ciertos individuos con oscuros antecedentes, lograron pensionarse sin obstáculos, como el infame caso de Karina Arteaga, directora de recursos humanos del Congreso, quien no solo se pensionó generosamente, sino que también facilitó el mismo trato a sus recomendados.

Pero la injusticia no se detuvo ahí. Se implementaron maniobras para que los diputados despidieran a sus empleados sin pagarles lo que por ley les correspondía, dejando estos conflictos pendientes para las legislaturas siguientes. Es indignante ver cómo los diputados, que disponen de un presupuesto colosal de casi 600 millones de pesos, ignoran descaradamente el pago de los laudos judiciales y alargan los procesos legales para que el costo recaiga en los hombros de las futuras legislaturas.

En resumen, estamos frente a una clase política que prioriza sus propios intereses por encima del bienestar de la ciudadanía. Mientras derrochan recursos públicos en pensiones injustificadas y litigios interminables, millones de morelenses sufren las consecuencias de la negligencia y la irresponsabilidad de aquellos que supuestamente los representan. Es hora de exigir cuentas claras y poner fin a esta cultura de impunidad que pervierte nuestra democracia.

¿PROTECCIÓN O ACUERDOS PERVERSOS? Hay que recordar que en octubre del año 2022, el nada claro ni honesto Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Anticorrupción, en un presunto acuerdo que al parecer hizo con Julio César Solís Serrano, dirigente estatal y diputado local de Movimiento Ciudadano, se le otorgó el criterio de oportunidad a Karina Arteaga Gutiérrez y no solo eso sino que además, le fueron retirados los cargos en su contra en torno a la investigación que se llevaba en su contra por las “pensiones doradas”.

Y es que, los actuales, los integrantes de esta Legislatura LV que se han convertido en una camarilla que siempre estaban peleados pero que para sus intereses económicos y políticos siempre se ponen de acuerdo, tal como ocurrió con el dictamen emanado de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social que preside Tania Valentina Rodríguez Ruiz, para otorgarle la jubilación a la joven Karina Artega, esposa de Julio César Solís Serrano.

En ese momento, fue el presidente durante los tres años de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, informó de la ejecutoria de amparo del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por lo tanto, se beneficio Karina Arteaga con esa determinación al lograr la pensión de los amigos de su esposo, quien por cierto, decidió salirse él de la sesión en su momento para evitar “suspicacias” en el caso.

La realidad que se desvela tras los bastidores del poder legislativo en Morelos es profundamente preocupante y revela una red de privilegio y corrupción que parece no tener límites, Mientras los diputados locales se erigen como supuestos representantes del pueblo, en realidad están tejiendo una telaraña de impunidad que protege sus intereses personales y políticos a expensas de los trabajadores que merecen justicia.

Es indignante ver cómo los encargados de hacer y aplicar las leyes se comportan como déspotas, despidiendo a empleados sin entregarles los finiquitos correspondientes y sometiéndolos a diversas amenazas; esta práctica cínica y despiadada revela la verdadera naturaleza de una clase política que ha perdido completamente el contacto con las necesidades y preocupaciones de la gente común.

ACUERDOS PERVERSOS.- El caso de la exdirectora de recursos humanos del poder legislativo, Karina Arteaga, es solo la punta del iceberg de esta corrupción sistémica. Su relación con el diputado local y presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, arroja luz sobre los estrechos vínculos entre el poder político y la manipulación de la justicia. El hecho de que Arteaga se sustraiga de su responsabilidad de testificar en los juicios laborales, cambiando constantemente de domicilio y proporcionando direcciones falsas, es un insulto a la integridad del sistema judicial y una afrenta a los trabajadores que buscan simplemente lo que les corresponde por ley.

La dilación deliberada en los procesos judiciales, que se extienden a lo largo de dos legislaturas sin una conclusión clara a la vista, es un testimonio de la impunidad que prevalece en las altas esferas del poder. Mientras tanto, Arteaga no muestra escrúpulos al participar activamente en los eventos de campaña de su partido, aprovechando su posición privilegiada para evadir la justicia mientras se codea con los poderosos.

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