Inclusión Educativa en la UAEM - Infraestructura y discapacidad, factor de exclusión institucional: Poder Legislativo

La plena accesibilidad física a edificaciones públicas y privadas para un inicio definitivo de inclusión para las personas con discapacidad es una asignatura pendiente. No se sabe por cuanto tiempo más ¿Por qué razón? Porque no se puede legislar en esta materia en las cámaras del Legislativo. Para ello, sería indispensable que exista este tema en la Constitución porque no existe aún. Mientras la Constitución no toque este tema, no se pueden crear leyes al respecto, que son instrumentos subordinados. Y si no hay Leyes sobre la plena accesibilidad como parte de un Derecho Humano, no se puede asignar ningún financiamiento al presupuesto público. Porque para eso sirven las Leyes; no sólo para que sean versiones declarativas, sino para que se pueda contar con presupuesto. Ningún financiamiento público es posible que exista sin una Ley explícita que lo respalde.

El soporte material para la accesibilidad es la infraestructura. La infraestructura representa el valor agregado a la riqueza de un país. Donald Trump, lo tenía muy claro desde que heredó su fortuna cuando se inició a la inversión privada como magnate inmobiliario. Se empeñó desde entonces, en incrementar la infraestructura de su fortuna. Cuando fue presidente de los Estados Unidos, medía la capacidad de cada uno de los países del mundo desde su infraestructura instalada. De esa dimensión es lo que significa este rubro.

Estamos hablando de la infraestructura no de la accesibilidad. Pero es su condición indispensable, como ya lo hemos dicho. La accesibilidad a la que nos referimos para una Reforma Constitucional es que se incluyente, sustentable, accesible y estratégica. Para hacernos una idea, en la Cámara de Diputados es donde se aprueba el presupuesto público, y ahí se ha asignado 26 mil millones de pesos para infraestructura para 2023; en 2018 se asignaron apenas 1 mil millones de pesos. Este sensible incremento representa apenas 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, comparado con el 1% que representó este rubro en 2018. No obstante, lo que se recomienda por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es destinar por lo menos de 4 a 6% del PIB. Tuvimos un tremendo retroceso, ya que en 1982 se destinaba el 12% del PIB. Pero China, por ejemplo, destina el 52% del PIB para infraestructura; la India, destina el 40%. Es una inversión monumental, como podrán darse cuenta. Lo que se necesita es que se legisle al más alto nivel, que esa infraestructura se realice con los cuatro criterios para una plena accesibilidad.

Sabemos que el cambio de paradigma con respecto a la discapacidad fue pasar de una visión discapacitante, en la que quien la padece es quien tiene la discapacidad a otra de carácter social, que pone el acento en que la discapacidad está en el entorno, cuya condición representa barreas para las personas que tienen deficiencias orgánicas. El cambio en el entorno físico es muy importante para eliminar o minimizar las barreras que propician la discapacidad. Sin olvidar que el cambio de actitud de las personas que forman parte de ese entorno es todavía más importante.

Por ahora en el Segundo Foro Nacional “D-Discapacidad sin Barreras” en la Cámara de Diputados, con la iniciativa de la Comisión de Infraestructura. Que la dedicó a las mujeres y las niñas con discapacidad, que sufren una doble discriminación, porque están en una condición de interdicción. Esto es, que se encuentran en más de un grupo en vulnerabilidad.

En la Cámara de Diputados se está revisando la ventaja que ha tenido el cambio del modelo de inclusión laboral por cuotas de plantilla laboral, a otra del descuento del 25% en los impuestos sobre la renta (ISR) en la contratación de una persona con discapacidad y se proponen subir al 30%; además, el descuento del 100% en el IVA de todos los insumos de ayudas técnicas que son indispensables para acondicionar el espacio y entorno laboral de los empleados con discapacidad. Este enfoque es de mutuo beneficio para el trabajador con discapacidad y su patrón. También, se trata de que sea un empleo productivo para que la persona con discapacidad se vea recompensada al sentirse útil en el trabajo que desempeña y no en una posición de condescendencia que afecta la dignidad de las personas.

Poco a poco se va comprendiendo por los legisladores lo que significa el concepto social de discapacidad y procuran emitir leyes que conduzcan a políticas públicas pertinentes.

¡Enhorabuena por estos avances en la inclusión!

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